Fue, sin duda, un gobierno que terminó adquiriendo un carácter dictatorial. Así lo reconoce el Congressional Research Service al señalar que Gerardo Machado «se volvió cada vez más dictatorial». A partir de esta constatación, y siguiendo el criterio del académico Rolando Gallardo, examinaremos esta tesis para evitar simplificaciones y tergiversaciones de nuestra historia.
El planteamiento de Rolando Gallardo sobre Gerardo Machado merece ser tomado con seriedad. No porque obligue a aceptar cada una de sus conclusiones, sino porque coloca sobre la mesa una cuestión que durante décadas ha sido difícil abordar con serenidad: ¿cuánto de lo que creemos saber sobre Machado procede de los hechos y cuánto de la interpretación posterior construida por la historiografía revolucionaria?
Gallardo señala algo que no puede ignorarse. La historiografía producida después de 1959 sometió a la República a una profunda reinterpretación ideológica. Machado fue convertido en uno de los grandes símbolos de aquella narrativa: el dictador, el represor, la expresión de una República esencialmente corrupta que habría hecho inevitable la revolución. Esa construcción histórica merece, sin duda, ser revisada.
Pero revisar la interpretación castrista no significa necesariamente invertirla.
Hay una precisión que considero indispensable. La imagen de Machado como gobernante autoritario no nació con Fidel Castro ni con el marxismo-leninismo. Existía ya durante su propio gobierno y está documentada en fuentes contemporáneas a los acontecimientos. La oposición a Machado no fue exclusivamente comunista. En ella participaron estudiantes, intelectuales, sectores políticos tradicionales, organizaciones nacionalistas y diversos grupos revolucionarios. La crítica a su gobierno, por tanto, no puede ser reducida retrospectivamente a una fabricación del castrismo.
Aquí aparece la verdadera complejidad histórica.
Machado llegó a la presidencia en 1925 por procedimientos constitucionales y contó inicialmente con un respaldo político considerable. Su gobierno impulsó obras públicas y determinadas iniciativas de modernización que forman parte también de su legado. Sería tan poco serio negar esos elementos como convertirlos en una absolución de su actuación posterior.
El problema aparece cuando observamos la evolución de su gobierno.
La reforma constitucional de 1928, la prolongación de su permanencia en el poder, la reducción progresiva de los espacios de oposición, la censura, la persecución política y el empleo de los mecanismos coercitivos del Estado constituyen hechos que deben ser examinados independientemente de la utilización que posteriormente hizo de ellos la propaganda revolucionaria.
Por eso considero perfectamente legítimo utilizar el término dictadura para describir la etapa final del machadato, siempre que esa palabra sea entendida como una conclusión histórica y no como una etiqueta ideológica.
Y aquí está, quizás, la aportación que puede hacerse al planteamiento de Gallardo: no necesitamos escoger entre el Machado demonizado por la historiografía castrista y un Machado completamente rehabilitado. Existe un tercer camino: estudiar al Machado histórico.
Ese Machado fue un presidente constitucionalmente elegido que, con el transcurso de los años, concentró poder, restringió libertades y terminó enfrentado a una parte considerable de la sociedad cubana. Pero también fue un político de su tiempo, con apoyos reales, con una determinada concepción del Estado y con realizaciones que no desaparecen porque su gobierno terminara en una crisis política profunda.
La historia debe ser capaz de sostener simultáneamente esas verdades.
También debe examinarse el contexto. La crisis económica internacional de 1929, el deterioro de las condiciones sociales, la conflictividad obrera, la violencia política y la actuación de una oposición que tampoco estuvo exenta de métodos violentos contribuyeron a convertir aquellos años en uno de los períodos más convulsos de la República.
Reducir todo aquello a "Machado contra el pueblo" sería una simplificación. Pero reducirlo, en sentido contrario, a una conspiración comunista para destruir la imagen de un presidente legítimo sería igualmente insuficiente.
La historiografía no debe absolver ni condenar por anticipado: debe explicar.
Y explicar el machadato exige separar cuidadosamente dos cosas que durante demasiado tiempo han aparecido mezcladas: lo que ocurrió y lo que después se dijo que ocurrió.
La Revolución castrista manipuló profundamente la memoria de la República y utilizó a Machado para construir su propio relato legitimador. Eso es necesario estudiarlo y denunciarlo cuando corresponda. Pero el historiador tampoco debe cometer el error inverso de considerar falso todo aquello que la historiografía castrista afirmó. Algunas de sus conclusiones pueden ser propagandísticas; determinados hechos, sin embargo, permanecen documentados independientemente de quien posteriormente los utilizara.
Quizás ahí se encuentre la verdadera importancia de la intervención de Rolando Gallardo. Más que cerrar el juicio sobre Machado, abre la necesidad de volver a estudiarlo. Y esa tarea no requiere defenderlo ni condenarlo. Requiere regresar a las fuentes, contrastar testimonios, revisar la prensa de la época, acudir a documentos anteriores a 1959 y comparar las distintas interpretaciones posteriores.
Solo entonces podremos separar al Machado histórico del Machado convertido en personaje político. La historia de Cuba necesita precisamente eso: menos leyendas y más documentos; menos consignas y más investigación.
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