José Gabriel Barrenechea Chávez, escritor y periodista independiente cubano, lleva casi dos años preso por golpear cacerolas en una protesta pacífica, y el máximo tribunal de la isla acaba de cerrarle la última puerta legal.
Según denunció la organización jurídica Cubalex este viernes, el Tribunal Supremo Popular ratificó su condena de seis años por «desórdenes públicos».
El fallo, dictado el 28 de julio de 2026, rechazó el recurso de casación presentado por la defensa y confirmó también las condenas contra otros tres presos políticos de la misma causa: Rafael Javier Camacho Herrera, Yandri Torres Quintana y Rodel Bárbaro Espinosa Rodríguez.
Todo comenzó en noviembre de 2024, cuando vecinos de Encrucijada, en Villa Clara, salieron a las calles con cacerolas tras más de 48 horas sin electricidad, gritando «¡Queremos corriente!» frente a la sede municipal.
Barrenechea, colaborador del medio independiente 14ymedio, fue detenido junto a otros manifestantes. Cubalex documentó al menos nueve detenciones arbitrarias vinculadas a esa protesta.
En enero de 2026, el Tribunal Provincial de Villa Clara condenó a seis personas a un total de 34 años de cárcel. A Barrenechea le correspondieron seis. La defensa apeló argumentando que no hubo violencia ni vandalismo, y que su conducta estaba amparada en el derecho de queja y la libertad de expresión reconocidos en la propia Constitución cubana.
El Tribunal Supremo desestimó esos argumentos con una lógica que organizaciones de derechos humanos califican de aberrante: según los jueces, la manifestación «desbordó la protección constitucional al generar ruidos estridentes con objetos metálicos y obstruir el paso peatonal y vehicular».
Además, responsabilizó a Barrenechea de forma colectiva por «integrarse en la dinámica del grupo», sin acreditar actos violentos atribuibles a él de manera directa.
Cubalex señaló que ese razonamiento contradice la Observación General No. 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que establece con claridad que «la interrupción temporal del tránsito, los ruidos o los cánticos no eliminan el carácter pacífico de una protesta».
Pero la dimensión más cruel del caso es otra. Mientras Barrenechea permanecía recluido en la prisión La Pendiente, en Santa Clara, su madre, Zoila Esther Chávez Pérez, de 84 años, agonizaba con cáncer metastásico.
Familiares y activistas solicitaron permisos humanitarios para que pudiera visitarla. Las autoridades los negaron. Una frase atribuida a un funcionario del penal circuló entre quienes seguían el caso: «El hijo verá a su madre cuando se muera».
Zoila Esther murió el 4 de mayo de 2025 sin poder ver a su hijo. Al día siguiente, Barrenechea fue trasladado bajo custodia militar al velorio para una despedida breve y vigilada, antes de regresar al penal. Desde prisión, escribió una carta desgarradora en la que expresó: «La culpa es mía».
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Human Rights Foundation, CIVICUS y Prisoners Defenders han exigido su liberación inmediata, calificando su detención como arbitraria y su condena como represalia por el ejercicio de la protesta pacífica.
Cubalex fue categórica en su análisis: «Protestar de forma pacífica no es un delito. Por ello, reiteramos nuestra exigencia respecto a la liberación inmediata y sin condiciones de José Gabriel Barrenechea Chávez y de todas las personas encarceladas en Cuba por ejercer sus derechos».
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