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Un tribunal cubano impuso condenas de hasta 8 años de cárcel a seis ciudadanos por reclamar electricidad durante un apagón en Encrucijada, provincia de Villa Clara, en un fallo que organizaciones de derechos humanos califican como represivo y violatorio de libertades fundamentales.
El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, en su Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, condenó por el delito de “desórdenes públicos” a seis ciudadanos que participaron en una protesta pacífica durante un apagón el 7 de noviembre de 2024 en el municipio de Encrucijada.
Las sanciones incluyen penas de prisión de hasta ocho años, así como medidas de limitación de libertad y trabajo correccional, reveló el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Según la sentencia No.4 de 2026, correspondiente a la Causa No.82/2025, José Gabriel Barrenechea Chávez fue condenado a seis años de privación de libertad; Yandri Torres Quintana a ocho años; Rafael Javier Camacho Herrera a siete; Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa a cinco.
Mientras, Yuniesky Lorences Domínguez recibió tres años de trabajo correccional sin internamiento y Marcos Daniel Díaz Rodríguez cinco años de limitación de libertad.
El fallo, al que tuvo acceso el OCDH, sostiene que los acusados se concentraron frente a las sedes municipales del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Gobierno, gritaron consignas como “queremos corriente” y tocaron calderos, acciones que los jueces calificaron como generadoras de “ruido y algarabía” y de obstaculización del tránsito y de la labor de las autoridades.
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La sentencia, firmada por los jueces Aimee Caraballé Corrales, Justo Gustavo Faife Hernández y María Teresa Domínguez Rodríguez, emplea una narrativa que minimiza el carácter pacífico de la protesta y criminaliza actos de reclamo ciudadano, como impedir que una funcionaria del PCC ofreciera explicaciones durante el apagón.
En el caso de Barrenechea, el tribunal recurrió además a descripciones estigmatizantes habituales en procesos contra activistas, aunque reconoce que no posee antecedentes penales.
El OCDH denunció que estas condenas constituyen una violación directa de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por Cuba.
A juicio de la organización, protestar por la falta de electricidad no constituye delito alguno, sino un reclamo legítimo ante la prolongada crisis energética que atraviesa el país.
El caso de Barrenechea ha generado especial indignación por el trato recibido durante el encarcelamiento.
Detenido desde noviembre de 2024, el intelectual opositor no pudo despedirse de su madre, Zoila Esther Chávez Pérez, fallecida en mayo de 2025 a los 84 años, tras padecer cáncer metastásico.
Pese a reiteradas solicitudes de pases humanitarios, las autoridades penitenciarias le negaron visitas, aun cuando era su único cuidador.
Desde la prisión La Pendiente, en Santa Clara, Barrenechea escribió una carta publicada por el medio independiente 14ymedio, en la que expresó el dolor por la pérdida y asumió como “crimen” haberse unido a sus vecinos para reclamar electricidad.
Tras el fallecimiento, solo se le permitió un breve y vigilado traslado al velorio, sin posibilidad de una despedida digna, antes de ser devuelto a su celda.
El OCDH subraya que este caso se inscribe en un contexto de creciente represión. Según su VIII Informe sobre Derechos Sociales, los apagones se convirtieron en 2025 en la principal preocupación de los cubanos, superando incluso a la crisis alimentaria.
Ese mismo año, la organización documentó al menos 3,179 acciones represivas contra la población civil, incluidas nuevas condenas de prisión por ejercer derechos humanos fundamentales.
Preguntas frecuentes sobre las condenas en Cuba por protestas pacíficas
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¿Por qué fueron condenados los manifestantes de Encrucijada?
Los manifestantes de Encrucijada fueron condenados por "desórdenes públicos". Participaron en una protesta pacífica durante un apagón el 7 de noviembre de 2024, donde reclamaban el restablecimiento del servicio eléctrico. A pesar de no haber habido actos vandálicos ni violencia, las autoridades cubanas consideran estas acciones como intentos de alterar el orden público. Las condenas oscilan entre trabajo correccional y hasta ocho años de cárcel, dependiendo de cada caso.
¿Qué derechos violan las condenas por protestas pacíficas en Cuba?
Las condenas violan derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Estos derechos están recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos suscritos por Cuba. Organizaciones de derechos humanos, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Cubalex, han denunciado que estas condenas son represivas y buscan criminalizar el descontento social legítimo.
¿Cuál es el contexto de las protestas en Cuba por apagones?
Las protestas en Cuba han sido una respuesta a la prolongada crisis energética. Desde 2025, los apagones se han convertido en la principal preocupación de los cubanos, superando incluso a la crisis alimentaria. La falta de electricidad ha llevado a la población a manifestarse en distintas localidades de la isla, reclamando servicios básicos. Sin embargo, el régimen cubano ha respondido con represión, detenciones y condenas severas a los participantes de estas protestas.
¿Quiénes son los principales afectados por las condenas en Encrucijada?
Entre los principales afectados se encuentra José Gabriel Barrenechea Chávez, un intelectual opositor. Fue condenado a seis años de prisión y su caso ha generado especial indignación. Durante su encarcelamiento, no pudo despedirse de su madre enferma, lo que ejemplifica el impacto humano y familiar de la represión política. Otros condenados incluyen a Yandri Torres Quintana, Rafael Javier Camacho Herrera, y Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa, entre otros.
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