La Sala Tercera del Tribunal Supremo de España acordó este martes paralizar cautelarmente las inscripciones en el censo electoral de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la llamada «ley de nietos», una decisión que afecta directamente a miles de cubanos que tramitaron su ciudadanía bajo esa norma.
La resolución llegó apenas 24 horas después de la vista pública celebrada el lunes ante el alto tribunal, donde las organizaciones recurrentes —Iustitia Europa y el partido Vox— advirtieron de que las próximas elecciones generales podrían quedar viciadas de forma «irreversible» si no se detenían de inmediato las altas automáticas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía se habían opuesto a la medida, calificando de «eventuales» y «abstractos» los daños alegados por los recurrentes, según recoge el medio español ABC.
La suspensión tiene carácter cautelar y no resuelve el fondo del litigio, que es el recurso presentado contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del 16 de julio de 2026, a la que los demandantes acusan de «abdicar de su función supervisora, escudándose en una supuesta falta de competencias».
El argumento central de quienes impulsaron la paralización es que, una vez emitidos los votos, resultaría imposible revertir su valor, lo que generaría un «daño irreversible» en los comicios.
El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé subrayó durante la vista la magnitud del fenómeno: las previsiones de entre 10,000 y 16,000 altas mensuales en el CERA quedaron muy por debajo de la realidad, con 29,000 nuevas inscripciones registradas en apenas 60 días.
En el centro del debate está una instrucción del Ministerio de Justicia que amplió los supuestos de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática —la norma que popularmente se conoce como «ley de nietos»— al crear una «presunción de exilio generalizada» para quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de acreditar documentalmente esa condición.
Esa ampliación disparó el número de solicitudes a escala global: según datos de junio de 2026, se presentaron 2,5 millones de peticiones en total, de las cuales solo 545,000 habían sido aprobadas ocho meses después del cierre del plazo, ocurrido el 22 de octubre de 2025.
Para los cubanos, la decisión judicial tiene consecuencias inmediatas.
Cuba fue uno de los países con mayor demanda bajo esta ley: el Consulado General de España en La Habana recibió más de 107,000 solicitudes hasta septiembre de 2025, y se estima que unas 300,000 personas en la isla iniciaron trámites desde la entrada en vigor de la norma en octubre de 2022.
El debate político en España se había intensificado en torno a si los nuevos votantes inscritos en el CERA —muchos de ellos residentes en Cuba, Argentina y otros países latinoamericanos— podrían inclinar el resultado electoral en favor del gobierno de Pedro Sánchez, algo que la oposición denunció como una manipulación del censo con fines electorales.
La suspensión cautelar acordada este martes congela las nuevas inscripciones mientras el Supremo delibera sobre el fondo del recurso, en lo que constituye una decisión sin precedentes en el proceso derivado de la ley de Memoria Democrática.
Mientras el tribunal resuelve el asunto de fondo, quienes ya habían obtenido la nacionalidad española pero aún no figuraban en el CERA quedan en una situación de incertidumbre sobre su capacidad de ejercer el voto en los próximos comicios.
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