El investigador y periodista cubano José Manuel González Rubines publicó el 30 de septiembre un análisis en el que concluye que el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en Cuba opera como un sistema de selección social del reclutamiento que descarga sus consecuencias más graves sobre los jóvenes más pobres y desprotegidos de la Isla, mientras los hijos de la élite eluden el servicio o lo cumplen en condiciones radicalmente distintas.
El texto, publicado en la plataforma CubaxCuba, parte de dos casos concretos ocurridos en una misma semana. Yandiel Jurado Lastre, conocido como «Ricky», falleció el 20 de septiembre en Manzanillo, Granma, cuando un compañero que manipulaba un fusil le disparó en la frente mientras hablaba por teléfono con su novia.
Dos días después, Leordanis Ramón Ricardo Batista, «Leo», se quitó la vida en una unidad del Ejército Juvenil del Trabajo en Nipe, Holguín, apenas dos meses después de ser incorporado, pese a que su familia había advertido que recibía atención psicológica desde los nueve años por trastornos nerviosos. Con ambas muertes, la lista documentada por González Rubines alcanzó los cien nombres.
El investigador apoya su análisis en el reportaje «Morir en uniforme», de la periodista Marleidy Muñoz, publicado por elTOQUE a finales de septiembre, que documenta 89 muertes de reclutas cubanos entre 2017 y 2026. De esos casos, al menos 23 correspondían a jóvenes trasladados fuera de su provincia natal, principalmente desde territorios centrales u orientales hacia unidades en La Habana, Mayabeque, Matanzas y Artemisa, donde sus familias no podían visitarlos ni reaccionar a tiempo.
«El Servicio Militar cubano concentra sus daños, de manera sistemática, sobre los sectores más vulnerables de la estructura social: hijos de familias rurales, de bajos ingresos, sin redes familiares en el extranjero y sin capital de algún tipo que les permita eludir el reclutamiento o mejorar sus condiciones dentro del cuartel», escribe González Rubines. Los hijos de la nomenclatura, de oficiales retirados o de familias con remesas y vínculos en la administración, señala, o bien no ingresan al SMO, o bien lo cumplen cerca de casa, en funciones administrativas y con pases frecuentes.
El análisis identifica dos filtros de selección social que operan de forma simultánea. El primero determina quién entra y adónde va; el segundo es la corrupción cotidiana dentro de las unidades. «La corrupción no es en estos casos un defecto secundario del sistema, sino una de sus formas de funcionamiento», sostiene el investigador. Oficiales mal pagados con poder casi absoluto sobre reclutas sin canales de queja venden pases y aceptan dictámenes médicos blandos a cambio de bienes materiales: un chivo, una podadora de césped o una máquina de refrigeración, según testimonios recogidos en el texto.
El resultado de ambos filtros es visible en los datos: «Muchos de los jóvenes que aparecen en las bases de datos son campesinos, obreros, hijos de madres solas, muchachos de pueblos pequeños. Constituyen una capa humilde que la institución consume sin el más mínimo remordimiento, para sostener una estructura de unidades y trabajo que hace décadas no defiende otra cosa que a sí misma».
González Rubines subraya que lo que distingue a Cuba de otros países con servicio de conscripción no es la existencia de estos mecanismos, sino «su articulación con un régimen político que niega la existencia del problema, criminaliza a las familias que denuncian, archiva las investigaciones y sostiene ante los organismos internacionales que el Servicio es 'voluntario' y que 'no se reclutan niños'». Esa afirmación contradice la legislación vigente desde 1963, que obliga a los varones de entre 17 y 28 años a cumplir el SMO bajo pena de proceso penal.
Las familias que han exigido justicia han enfrentado represalias sistemáticas. De 46 familias consultadas por elTOQUE, solo ocho reportaron alguna investigación oficial, y en ningún caso se determinaron responsabilidades. El padre de Orlando Lago Vega, recluta disparado mientras dormía en junio de 2020, fue sentenciado en 2023 a un año y seis meses de prisión por insistir en que se investigara el caso.
El reportaje de elTOQUE recoge una frase de Mirna Quiala, madre de Osmel Manresa —muerto en 2018 durante el SMO— que González Rubines cita como síntesis del fenómeno: «En este país, a los hijos los parimos las madres y los gobiernan ellos». El investigador añade: «y los entierran ellos, también».
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