Una investigación de elTOQUE, firmada por la periodista Marleidy Muñoz y publicada este lunes, documenta al menos 89 muertes de jóvenes reclutas cubanos durante el Servicio Militar Activo en la última década, con un aumento alarmante concentrado entre 2022 y 2025 que revela un patrón de impunidad y silencio institucional.
Entre 2017 y 2021 se documentaron 15 muertes —un promedio de tres anuales—, mientras que entre 2022 y 2025 la cifra ascendió a 70, casi seis veces más. Solo entre 2021 y 2022 los casos pasaron de cinco a 19, un aumento del 280%.
Las causas son diversas: 33 accidentes y 31 casos de muerte propia concentran el 72% del registro. Diez casos corresponden a negligencia médica o enfermedad.
En al menos nueve de los clasificados como muerte propia, las familias sospechan encubrimiento de posibles homicidios. Al menos seis fallecidos eran menores de 18 años —considerados niños por la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Cuba—, y todos los menores documentados murieron de la misma manera.
Dos tragedias colectivas concentran 13 de los 89 casos. La primera fue el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas el 5 de agosto de 2022, donde cuatro reclutas de 19 años perdieron la vida. La segunda ocurrió el 7 de enero de 2025 en el polvorín de Melones, municipio Rafael Freyre, Holguín, donde nueve reclutas murieron en una serie de explosiones.
La hermana de uno de los fallecidos en Melones, Daliha González, relató lo que vivió tras la tragedia: «[Los militares] se mantuvieron diciendo que iban a entrar al lugar para intentar salvar a quienes quedaran vivos o rescatar los cuerpos. Nunca lo hicieron. Nos mintieron una y otra vez».
Los restos no fueron recuperados por las autoridades; según González, «los cuerpos fueron encontrados este año en estado de descomposición, cuando otros jóvenes entraron en los mismos túneles intentando hallar armas y material que había quedado allí tras la explosión». Al cierre del reportaje, su familia aún esperaba que le entregaran el cuerpo de su hermano.
La respuesta del régimen ante cada muerte ha sido sistemáticamente el silencio. De 46 familias consultadas, solo ocho reportaron que hubo alguna investigación oficial, y en ningún caso se esclarecieron las circunstancias ni se determinaron responsabilidades.
El abogado Raudiel Peña Barrios, de Cubalex, advierte que «cuando el Estado priva de libertad a un ciudadano o lo somete a su control absoluto, como ocurre en el Servicio Militar, asume automáticamente la posición de garante».
Las familias que han exigido justicia han enfrentado represalias. El padre de Orlando Lago Vega —recluta disparado mientras dormía en una unidad militar en junio de 2020— fue sentenciado en 2023 a un año y seis meses de prisión por insistir en que se investigara el caso.
Félix Alfredo González, cuyo hijo Annier murió en 2021 a los 18 años, lleva años documentando estas muertes y ha sido reprimido por ello. «No hay justicia para nosotros ni para ellos», sentencia.
El régimen ha sostenido ante organismos internacionales que el reclutamiento es voluntario. En junio de 2022, una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores declaró ante la Comisión de los Derechos del Niño de la ONU: «En Cuba, no se reclutan ni se reclutarán niños». La afirmación contradice la legislación cubana vigente desde 1963, que obliga a los varones de entre 17 y 28 años a cumplir el servicio durante uno o dos años bajo pena de proceso penal.
El informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana publicado en julio eleva la cifra a 97 muertes y desapariciones de reclutas entre 2001 y la primavera de 2026, y concluye que «el número documentado es un piso, no un techo». Solo en septiembre de 2026 han trascendido reportes de tres nuevas muertes que elTOQUE trabaja en verificar.
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