La posibilidad de encontrarse con agentes de inmigración cerca de un centro de votación ha generado inquietud entre comunidades latinas de Estados Unidos, entre ellas la cubana, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Sin embargo, el Gobierno de Donald Trump asegura que no tiene planes de desplegar de forma generalizada a agentes de ICE para patrullar o vigilar los lugares donde se vota.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) «no está planificando operaciones dirigidas a los centros de votación» y que sus actuaciones son específicas y basadas en información de inteligencia.
Eso no significa, sin embargo, que el Gobierno haya descartado absolutamente cualquier presencia de agentes migratorios en esos lugares.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó en septiembre que ICE no acudirá de manera general a «patrullar» los centros de votación, pero señaló que podría intervenir en circunstancias concretas, por ejemplo, si los agentes estuvieran ejecutando una orden contra una persona a la que ya estuvieran siguiendo o respondiendo a una amenaza contra el lugar.
DHS ha calificado de «alarmismo» las versiones que plantean un despliegue masivo de agentes migratorios durante las elecciones y sostiene que las personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos «no tienen nada que temer».
La discusión cobró fuerza después de declaraciones de distintos funcionarios y aliados del presidente. El fiscal general Todd Blanche había preguntado públicamente: «¿Por qué se objeta enviar agentes de ICE a los centros de votación? Los ilegales no pueden votar», aunque hasta ahora la administración no ha anunciado una operación de ese tipo.
Trump tampoco ha ordenado públicamente el envío de ICE a los centros electorales. Al ser preguntado en mayo sobre una posible presencia de agentes de inmigración o de la Guardia Nacional, respondió que haría «lo que sea necesario» para garantizar, según sus palabras, elecciones honestas.
Más recientemente, al ser consultado específicamente sobre un despliegue de ICE, respondió que no había pensado en ello.
Si embargo, la ley federal impone además importantes límites a la presencia de personal federal armado en lugares donde se desarrollan elecciones.
El artículo 592 del Título 18 del Código de Estados Unidos, una norma cuyos antecedentes se remontan al período posterior a la Guerra Civil, prohíbe a funcionarios federales llevar o mantener «tropas o hombres armados» en un lugar donde se celebre una elección, salvo cuando sea necesario para repeler a enemigos armados de Estados Unidos. L
a infracción puede implicar multas, hasta cinco años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos federales.
Expertos electorales citados por AP consideran que esa disposición alcanza también a cuerpos civiles federales armados como ICE.
Algunos especialistas sostienen incluso que una operación para ejecutar una orden de arresto dentro de un centro electoral podría plantear serios problemas legales.
La legislación federal también prohíbe intimidar, amenazar o coaccionar a una persona con el objetivo de interferir con su derecho al voto.
La posibilidad de que agentes estén cerca, pero no dentro, de un centro electoral plantea un escenario más complejo. Especialistas citados por AP señalan que esas circunstancias tendrían que evaluarse caso por caso y podrían entrar en juego otras leyes federales y estatales contra la intimidación de votantes.
La preocupación no es exclusivamente teórica. Durante procesos electorales anteriores de este año se reportaron agentes federales en las inmediaciones de algunos lugares de votación en California, Nueva York y Texas, aunque no existe evidencia de una operación nacional destinada a vigilar a los votantes.
En algunos de esos casos, los agentes permanecieron en estacionamientos o acudieron por investigaciones específicas.
En Florida, funcionarios electorales de Broward y Palm Beach dijeron a PolitiFact que votantes y organizaciones cívicas ya habían preguntado por la posibilidad de encontrar agentes de ICE en los centros de votación.
El supervisor electoral de Broward, Joe Scott, fue tajante: «Todos nuestros votantes son ciudadanos estadounidenses; no existe razón para que ICE esté allí».
Organizaciones que representan a comunidades latinas, afroamericanas y asiático-americanas sostienen que el principal temor es que incluso una presencia aislada de agentes federales pueda disuadir de acudir a votar a ciudadanos estadounidenses, especialmente en familias donde conviven personas con diferentes situaciones migratorias.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y otras organizaciones han comenzado campañas informativas y preparativos legales ante esa posibilidad.
Su preocupación, según explicaron a AP, es que una fotografía o un video de agentes de inmigración cerca de un solo centro electoral se difunda rápidamente en redes sociales y provoque miedo en otras comunidades.
¿Qué deben saber los cubanoamericanos?
El asunto tiene especial relevancia en el sur de Florida, donde reside una numerosa comunidad cubanoamericana y muchas familias combinan ciudadanos estadounidenses naturalizados con familiares que mantienen procesos migratorios abiertos, permisos temporales u otras situaciones pendientes.
Ser ciudadano naturalizado no reduce ni modifica el derecho al voto. La División de Elecciones de Florida establece que pueden registrarse y votar quienes sean ciudadanos estadounidenses por nacimiento, naturalización o por disposición de la ley, siempre que cumplan los demás requisitos estatales.
En otras palabras, un cubano que se naturalizó ciudadano estadounidense tiene los mismos derechos electorales que cualquier otro ciudadano.
Además, el estatus migratorio de sus padres, hijos, pareja u otros familiares no altera su derecho personal a votar.
Para participar en las elecciones del 3 de noviembre en Florida, los votantes deben estar debidamente registrados y acudir al centro correspondiente con una identificación vigente con fotografía y firma.
Entre los documentos admitidos figuran la licencia de conducir de Florida, la tarjeta de identificación estatal y el pasaporte estadounidense, entre otros.
Si un votante no lleva una identificación aceptada, eso no significa automáticamente que pierda su derecho a votar: las reglas de Florida permiten emitir una boleta provisional.
También puede utilizarse este procedimiento si la elegibilidad del elector es cuestionada en el centro de votación.
En Miami-Dade, además, se aproxima una fecha decisiva: este lunes vence el plazo para registrarse para votar en las elecciones generales del 3 de noviembre.
La Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade confirmó que su sede principal en Doral permanecerá abierta hasta las 11:59 p.m. del lunes para atender a ciudadanos elegibles que todavía necesiten completar su inscripción. La votación anticipada comenzará el 19 de octubre y continuará hasta el 1 de noviembre.
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