La cadena pública NPR dedicó este sábado su segmento semanal de inmigración a examinar cómo la ofensiva migratoria de la administración Trump está golpeando a los cubanoamericanos del sur de Florida, un grupo que respaldó masivamente al presidente en 2024 y que ahora expresa decepción, miedo y rabia ante unas políticas que muchos creyeron que nunca los alcanzarían.
El reportero Sergio Martínez-Beltrán, entrevistado por Scott Simon en Weekend Edition Saturday, describió un clima de descontento generalizado entre cubanos y cubanoamericanos de Miami, donde el histórico escudo que les ofrecía la Ley de Ajuste Cubano ha dejado de funcionar como antes.
El núcleo del problema es la reinterpretación restrictiva que la administración Trump aplica a esa ley de la Guerra Fría: miles de cubanos llegados durante la era Biden —en particular quienes tienen el formulario I-220A en lugar de un parole formal— han quedado excluidos de la vía hacia la residencia permanente, con su estatus migratorio atrapado en litigios pendientes.
Las políticas migratorias de Trump y su impacto en la comunidad cubana siguen evolucionando. Mantente al día con toda la información en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
Mientras los tribunales debaten, las deportaciones avanzan. La administración ha enviado a casi 6,000 cubanos a México, donde, según el historiador Michael Bustamante, de la Universidad de Miami, no tienen ninguna salida legal real.
«Personas que llevan 30 o 40 años aquí son a menudo mayores o vulnerables. Las están deportando al sur de México sin tener realmente una vía para obtener un estatus migratorio allí. Quedan efectivamente apátridas como resultado de esto», declaró Bustamante a NPR.
Otros cubanos han sido enviados a países africanos. Aristides Fernández García, deportado a la República Centroafricana, contó a NPR que está enfermo, sigue detenido y siente que ha perdido algo que ningún dinero puede devolver: «El tiempo con la familia, con los mayores, con quienes les queda menos tiempo... eso no se recupera. Ni con millones de dólares».
Las cifras globales de la ofensiva ilustran su magnitud. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional publicados en julio, había unos 66,000 inmigrantes en detención, casi el 71% sin condenas penales. En agosto, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó a casi 51,000 personas, un récord mensual histórico. En total, la administración Trump ha deportado a más de 600,000 inmigrantes.
El impacto político se hace sentir a un mes exacto de las elecciones de medio término del 3 de noviembre. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, aliada histórica de Trump que busca su cuarto mandato por el Distrito 27 de Florida, lanzó en septiembre un anuncio bilingüe grabado frente a la Casa Blanca en el que advirtió que los hispanos que ayudaron a elegir al presidente «hoy se sienten traicionados» y que sus políticas migratorias «han ido demasiado lejos». Salazar afronta una carrera reñida con encuestas internas que muestran empate al 45%.
La disidencia no se limita a Florida. El senador republicano Jim Justice, de Virginia Occidental, pidió que la administración «diera un paso atrás» y reconociera que «está haciendo algo mal» en sus operativos de ICE, aunque luego matizó su posición.
Una encuesta reciente sobre el voto latino en siete estados clave reveló que los demócratas ganarían entre seis y diez puntos porcentuales de apoyo entre ese electorado respecto a 2024, impulsados por el rechazo a las deportaciones y el alza del costo de vida.
El panorama se complica aún más con la advertencia que el zar de la frontera, Tom Homan, lanzó el viernes desde el Trump National Doral Miami, en el corazón de la comunidad cubana y venezolana del sur de Florida: «Esperen a ver lo que haremos el próximo año».
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