El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este martes extender por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en una votación en la que Cuba figuró entre los cinco países que se abstuvieron.
La agencia EFE señaló que la resolución fue aprobada con 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco en contra, entre estos Cuba.
Los países que rechazaron la renovación fueron China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi, en una votación que tuvo lugar en el último día del 63.º período de sesiones del Consejo, celebrado entre el 7 de septiembre y este martes.
La isla, antiguo aliado de Caracas, volvió a alinearse con los defensores del chavismo en foros internacionales, oponiéndose a un mecanismo creado precisamente para documentar las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014.
El gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez también rechazó la renovación, argumentando que el mecanismo fue establecido sin el consentimiento del Estado y que debía avanzarse hacia su cierre.
La misión, integrada por Sofía Macher Batanero (Perú, presidenta), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), continuará recopilando información, investigando posibles violaciones graves y determinando responsabilidades, con la obligación de presentar nuevos informes ante el Consejo durante sus sesiones de 2027 y 2028.
El Consejo también renovó en paralelo el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para continuar monitoreando la situación en el país caribeño.
La renovación llega semanas después de que la propia misión advirtiera, en su informe del 16 de septiembre, que el aparato represivo venezolano permanece «esencialmente intacto» pese a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y a algunas excarcelaciones.
Ese informe —que cubre el período comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026— documentó 64 nuevos casos de tortura desde la detención de Maduro, e identificó al menos 19 funcionarios previamente señalados por graves violaciones que continuaban en cargos clave o habían sido trasladados a otras posiciones.
Las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, y las estructuras de inteligencia y los grupos armados progubernamentales no han sido desmantelados.
El Foro Penal verificó 894 excarcelaciones hasta finales de agosto de 2026, pero aún contabilizaba 328 presos políticos a comienzos de septiembre.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, resumió la situación con crudeza a finales de septiembre: «Las mismas personas, las mismas leyes, las mismas instituciones» y la misma policía.
La misión fue creada en septiembre de 2019 y su mandato había sido renovado en 2020, 2022 y 2024. Esta es, por tanto, su cuarta renovación consecutiva.
La urgencia del mecanismo se acentúa porque el régimen chavista notificó en julio de 2026 su retiro formal de la Corte Penal Internacional, un proceso que surtiría efecto un año después de la notificación, lo que convierte a la misión de la ONU en el principal mecanismo internacional independiente de rendición de cuentas sobre Venezuela.
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