La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela concluyó este miércoles que las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en el país siguen esencialmente intactas, pese a los nueve meses transcurridos desde la captura de Nicolás Maduro.
El informe, presentado desde Ginebra, reconoce avances parciales tras la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026: una reducción de las detenciones prolongadas, la excarcelación de cientos de presos políticos y un margen algo mayor para las protestas y la actividad de la sociedad civil.
Sin embargo, la misión advierte que esos cambios no han ido acompañados de ninguna reforma institucional de fondo.
Las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad conservan sus mismas estructuras y prácticas, y no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los colectivos armados progubernamentales.
Al menos 19 funcionarios previamente identificados por la misión como responsables de graves violaciones continúan ocupando —o han sido reasignados a— puestos clave dentro del régimen.
Figura central de ese aparato es Diosdado Cabello Rondón, quien desde agosto de 2024 controla el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con mando directo sobre la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, el CICPC y el SEBIN.
Organizaciones de derechos humanos lo señalan como el principal ejecutor de la maquinaria represiva que la ONU describe como intacta.
«La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles», declaró Sofía Macher, presidenta de la misión.
Y añadió: «Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible».
La misión documentó 64 nuevos casos de tortura solo a partir del 3 de enero, lo que indica que esas prácticas se mantienen de forma generalizada.
En la prisión de máxima seguridad El Rodeo I se registraron casos de intubación forzada y confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada que los reclusos llaman «la máquina del tiempo».
En Fuerte Guaicaipuro, instalación militar, la misión documentó celdas excavadas bajo el nivel del suelo, privación de alimentos y exposición al frío.
Uno de los casos investigados es el de Víctor Quero Navas, vendedor ambulante que murió bajo custodia mientras permanecía en desaparición forzada. Su madre, Carmen Teresa Navas, solo fue informada de su paradero más de un año después de la detención y diez meses después del fallecimiento. Ella murió diez días más tarde.
Según organizaciones no gubernamentales, entre 379 y 500 personas permanecen detenidas por motivos políticos, cifra que contrasta con los más de 1,000 casos de excarcelación que el gobierno de Delcy Rodríguez afirma haber completado desde enero.
Foro Penal, la principal ONG venezolana de seguimiento de presos políticos, solo pudo verificar 894 liberaciones al 25 de agosto, y reportó 328 detenidos políticos al 8 de septiembre.
Este escenario pone en evidencia las limitaciones del plan de tres fases —estabilización, recuperación económica y transición política— que el secretario de Estado Marco Rubio anunció en enero de 2026 para guiar el proceso de cambio en Venezuela.
La misión también presentó un estudio específico sobre los colectivos armados, concluyendo que su expansión «no fue fortuita, sino que respondió a una estrategia política orientada a fortalecer las bases de apoyo para su proyecto político, también a través de la violencia y la coacción», durante los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro.
El experto Alex Neve instó a Washington y otros actores influyentes a intensificar la presión por cambios reales en materia de derechos humanos, aunque advirtió que sus acciones no deben «contribuir a más violaciones de derechos humanos ni facilitar la comisión de crímenes internacionales».
Los informes serán presentados formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el viernes 18 de septiembre.
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