La cadena ABC y su empresa matriz Disney llevaron el martes su batalla legal contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a un tribunal federal en Washington, donde solicitaron una medida cautelar para detener la revisión anticipada de las licencias de radiodifusión de ocho de sus estaciones.
La abogada de ABC, Beth Wilkinson, argumentó que se trata de una represalia inconstitucional impulsada por la administración Trump, en una audiencia celebrada ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, Loren AliKhan.
Hasta el momento, la jueza no emitió una resolución inmediata y pidió escritos adicionales a ambas partes: al gobierno antes del 9 de octubre y a ABC antes del 14 de octubre. No se espera una decisión antes de mediados de mes.
Wilkinson, recurrió a una imagen histórica para describir el efecto que el proceso ya tiene sobre la cadena: tener la «cabeza en la guillotina», obligada a preguntarse «si cualquier cosa que digamos hará que caiga».
«Nuestras decisiones editoriales están siendo afectadas ahora mismo. Estamos vigilando todo lo que hacemos», declaró ante la jueza, subrayando que las elecciones de mitad de período se aproximan.
Wilkinson fue más directa al atribuir la motivación política de la medida: «El presidente Donald Trump ha dejado clara su postura una y otra vez. Lo que dice es que, por ese contenido, por ese discurso, ABC debería perder su licencia. Estas son violaciones flagrantes de la Constitución de EE.UU.»
En su demanda, los abogados de la cadena sostienen que «la Primera Enmienda exige el fin inmediato de la campaña de represalia de la Comisión».
El origen de la disputa se remonta a finales de abril de 2026, cuando el presidente de la FCC, Brendan Carr —aliado de Trump—, ordenó a ocho estaciones de ABC presentar solicitudes de renovación de licencias años antes de lo previsto, dado que estas no vencen hasta entre 2028 y 2031.
La orden llegó un día después de que Trump exigiera públicamente el despido del presentador Jimmy Kimmel tras un comentario satírico sobre Melania Trump.
Carr negó haber actuado bajo presión política y atribuyó la revisión a una investigación de cerca de un año sobre las políticas de diversidad, equidad e inclusión de Disney y posibles infracciones de la Ley de Comunicaciones de 1934.
Las estaciones afectadas son WABC-TV (Nueva York), KABC-TV (Los Ángeles), WLS-TV (Chicago), WPVI-TV (Filadelfia), KTRK-TV (Houston), KGO-TV (San Francisco), WTVD-TV (Raleigh-Durham) y KFSN-TV (Fresno).
ABC presentó las ocho solicitudes de renovación en mayo «bajo protesta», calificando la medida de «arbitraria, ilegal e inconstitucional». La demanda formal fue presentada en agosto ante el mismo tribunal.
El gobierno rechazó de plano los argumentos de ABC. El abogado del Departamento de Justicia, Dimitar Georgiev-Remmel, planteó dos objeciones principales: que el tribunal de distrito carece de jurisdicción —porque las impugnaciones de órdenes de la FCC deben presentarse ante un tribunal federal de apelaciones— y que ABC no ha demostrado daño irreparable, puesto que las ocho licencias siguen vigentes.
Conceder la medida cautelar, argumentó, equivaldría a «permitirles eludir» el proceso regulatorio que el Congreso estableció para este tipo de recursos.
En respuesta, Wilkinson precisó cuál es, a su juicio, el daño real: «El perjuicio irreparable es el efecto inhibidor y la amenaza de represalia por el discurso de la Primera Enmienda y las decisiones editoriales que ABC toma cada día».
El caso se enmarca en un patrón más amplio de conflictos entre la administración Trump y medios de comunicación. En septiembre, la Casa Blanca vetó el acceso de CNN, MS NOW y Politico, quienes demandaron al gobierno días después.
Trump también propuso en diciembre de 2025 que las cadenas con cobertura «casi 100% negativa» hacia él perdieran sus licencias de transmisión.
Los abogados del Departamento de Justicia advirtieron en su escrito judicial que impedir a la FCC «usar todas las herramientas a su disposición para investigar si los demandantes cumplen sus obligaciones legales y reglamentarias causaría un grave perjuicio tanto al gobierno como al público».
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