Un informe del Ejército estadounidense, dado a conocer por el grupo de vigilancia American Oversight, concluye que los guantes de descarga eléctrica que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adquirió en agosto provocan dolor intenso, fatiga y un miedo persistente a recibir nuevas descargas, según reveló la agencia Associated Press (AP) a partir de documentos obtenidos mediante una demanda bajo la Ley de Libertad de Información.
El estudio se realizó en octubre de 2024 en la prisión militar de Fort Leavenworth, Kansas, donde empleados del Ejército simularon el papel de prisioneros combativos.
Los participantes, varios de ellos hombres de gran tamaño, dejaron de resistirse segundos después de recibir las descargas y quedaron con «fatiga, dolor y una aprensión excesiva a recibir otra descarga», según el informe. La conclusión más llamativa: «con solo ver el guante era suficiente para que quisieran obedecer».
Lo que agrava la situación es que ICE conocía estos hallazgos antes de firmar el contrato. En agosto, la agencia cerró un acuerdo de 16,7 millones de dólares con Compliant Technologies LLC para adquirir 6,000 pares del dispositivo, conocido como G.L.O.V.E., a 2,495 dólares cada uno, con entrega en seis meses.
El G.L.O.V.E. son guantes de patrulla convencionales que, al presionar un botón, emiten hasta 380 voltios directamente sobre la piel.
A diferencia de un táser —que provoca inmovilización muscular—, este dispositivo «sobrecarga las terminaciones nerviosas periféricas» para generar dolor. El estudio también encontró que la piel mojada o con aceite amplifica el efecto: un participante reportó molestias durante treinta minutos.
ICE ha calificado los guantes de «dispositivos de distracción y desescalada» más seguros que otras opciones no letales. Sin embargo, Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight, fue contundente: «La evaluación militar en los propios archivos del ICE muestra que estos guantes pueden causar dolor intenso y forzar la obediencia. No establece que sean seguros. Todos deberían alarmarse de que el ICE se esté preparando para desplegar una herramienta diseñada para infligir, en el mejor de los casos, dolor intenso, sin demostrar que sea segura».
La noticia cobra especial relevancia en el actual contexto de la política migratoria de Donald Trump.
En Florida, por ejemplo, las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre octubre de 2025 y abril de 2026, y la oficina de Miramar acumuló más de 41,000 arrestos desde enero de 2025, la cifra más alta del país.
Se estima que unos 400,000 cubanos permanecen en Estados Unidos bajo el formulario I-220A, sin estatus migratorio garantizado, y muchos acuden regularmente a citas de ICE o permanecen detenidos en centros como Krome o el llamado «Deportation Depot» en Baker, Florida.
Ese contexto se suma a un año fiscal 2026 que cerró como el más letal de la historia de ICE, con 37 muertes bajo custodia, frente a 23 en 2025 y 12 en 2024.
Los incidentes de uso de la fuerza en centros de detención también aumentaron un 37% en 2025, con al menos 780 casos y más de 1,300 personas afectadas, según datos del Washington Post.
El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, ha reconocido que el despliegue «tardará un tiempo» porque ICE aún trabaja en protocolos de entrenamiento y normativa. El Departamento de Seguridad Nacional defiende la compra, pero no respondió a las preguntas de AP sobre el estudio.
Mientras tanto, 16 senadores demócratas, encabezados por Catherine Cortez Masto de Nevada, enviaron el 27 de agosto una carta exigiendo cancelar la adquisición o explicar cómo se evitarían los abusos. ICE tampoco ha respondido a ese requerimiento.
«Sin las respuestas del ICE a preguntas legítimas de 16 senadores, el público estadounidense está quedando a oscuras sobre cómo se están desplegando estos guantes eléctricos y qué capacitación, si es que alguna, han recibido los agentes que los usan», afirmó Cortez Masto.
California fue el primer estado en actuar: el gobernador Gavin Newsom firmó a finales de septiembre la ley AB 2760, que prohíbe el uso de los guantes por agentes locales, estatales y federales en ese territorio hasta 2030, aunque expertos legales advierten que los tribunales podrían anular la restricción sobre agentes federales por la cláusula de supremacía constitucional.
Vídeos relacionados:
Archivado en: