Decenas de activistas se concentraron este miércoles frente al Ayuntamiento de Doral con unas 170 firmas de residentes que exigen el fin del acuerdo 287(g) que la ciudad mantiene con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según informó el canal 7News de Miami. El objetivo era presentar las firmas durante la sesión del Concejo Municipal programada para las 5 de la tarde de ese mismo día.
La protesta, organizada por la ACLU de Florida y la Florida Immigrant Coalition (FLIC), pone en el centro de la polémica a la alcaldesa Christi Fraga, cubanoamericana y primera mujer en dirigir Doral desde la fundación de la ciudad en 2003, quien se encuentra atrapada entre las presiones del gobernador Ron DeSantis y el miedo creciente de una comunidad mayoritariamente inmigrante.
Sam Lester, representante de la ACLU de Florida, fue directo al desmontar el argumento de que la ciudad no tiene margen de maniobra: «A pesar de las declaraciones engañosas de los funcionarios estatales, son libres de abandonar este acuerdo, y el gobernador, pese a sus amenazas, no tiene autoridad para destituir a funcionarios municipales por hacerlo».
El acuerdo 287(g) y las tensiones entre comunidades locales e ICE forman parte de un panorama migratorio en constante cambio. Sigue todas las novedades en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
Jeanette Infante, abogada del Southern Poverty Law Center, añadió un argumento legal de peso: el Estatuto de Florida 908.11 solo obliga a suscribir acuerdos 287(g) a sheriffs y jefes de correcciones que operen centros de detención del condado, y «la Ciudad de Doral no es, de manera inequívoca, una de esas entidades».
Thomas Kennedy, analista de políticas de FLIC, reconoció que hubo un encuentro con Fraga días antes, pero lo calificó de insuficiente: «Apreciamos la conversación; fue de buena fe, pero en última instancia no ha producido ningún resultado concreto para la comunidad. Estamos aquí para reiterar las consecuencias y los escenarios de salida de este acuerdo dañino».
Fraga respondió a 7News asegurando que los residentes están seguros y protegidos bajo su liderazgo, y reveló que su equipo envió una carta a la Oficina del Fiscal del Estado buscando cambios en el convenio. La alcaldesa también insistió en que las prácticas policiales no han variado en lo fundamental: «Hay información factual directamente en el sitio web del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida que demuestra que nuestra policía no ha colaborado y que, de hecho, no completamos el entrenamiento. No queremos ver a familias de nuestra comunidad perjudicadas, especialmente a quienes siguen el proceso».
La presión sobre Fraga se intensifica porque la alcaldesa ya admitió en septiembre, en una entrevista con Telemundo 51, que firmó el acuerdo bajo presión directa de DeSantis y del fiscal general de Florida, quienes advirtieron posibles destituciones y la pérdida de credenciales para el departamento policial.
El impacto en la vida cotidiana de Doral es palpable. Durante los comentarios públicos ante el Concejo, un orador describió la situación: «Los negocios familiares reportan caídas de ventas de hasta el 70% porque los residentes atemorizados se niegan a salir de sus casas. Varios dueños de restaurantes han señalado una escasez masiva de personal después de que empleados huyeran o se quedaran en casa por miedo a ser detenidos». La residente Liz Rebecca Alarcón lo resumió con crudeza: «Nunca he visto la ciudad tan desolada, tan vacía y los residentes tan asustados».
Doral, con unos 76,490 habitantes de los cuales cerca del 70% nació fuera de Estados Unidos y aproximadamente 27,000 son de origen venezolano, ha visto cómo el miedo a ICE vacía sus calles y hunde sus negocios desde que los arrestos escalaron de tres en diciembre de 2025 a 17 en julio de 2026.
Doral no es la única ciudad del sur de Florida bajo esta presión. El mes pasado, activistas se concentraron frente al Ayuntamiento de Miami para exigir a la alcaldesa Eileen Higgins que rescindiera un acuerdo similar, aprobado por la Comisión de Miami por votación de tres a dos en junio de 2025.
Al cierre de esta edición, no se había reportado ninguna votación ni decisión del Concejo Municipal de Doral sobre el acuerdo 287(g) en la sesión de este miércoles.
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