La Fiscalía federal de Estados Unidos presentó este jueves 8 de octubre una nueva acusación contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por presunta conspiración para cometer torturas. El escrito atribuye a ambos la utilización de la represión, las detenciones arbitrarias y los abusos contra presos para conservar el poder en Venezuela, además de las acusaciones por narcotráfico y armas que ya enfrentaban ante la justicia estadounidense.
El documento judicial consta de 30 páginas y aparece registrado como documento 342 del expediente 1:11-cr-00205-AKH, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. La nueva imputación representa un paso distinto de lo que CiberCuba informó el miércoles, cuando los fiscales todavía preparaban los cargos.
En la introducción, el gran jurado acusa a Maduro y Flores de haber abusado durante más de 25 años de sus posiciones públicas para enriquecerse mediante la corrupción y mantenerse en el poder a través de graves violaciones de derechos humanos. Estas afirmaciones forman parte de la tesis de la Fiscalía y deberán probarse en el proceso penal.
Descargas eléctricas, asfixia y amenazas contra las familias
La primera página del escrito describe un sistema de represión que, según la acusación, recurrió a la violencia contra la oposición, las detenciones arbitrarias y la tortura de personas encarceladas, incluidos ciudadanos estadounidenses.
Entre los métodos que enumera figuran descargas eléctricas, asfixia, violencia sexual, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos y amenazas de hacer daño o matar a familiares de las víctimas, incluidos menores. La Fiscalía sostiene que estos abusos sirvieron para castigar o intimidar a quienes se oponían al poder chavista.
De acuerdo con Associated Press, la acusación afirma que Maduro autorizó torturas contra personas concretas y supervisó un sistema que empleaba la detención y la violencia como instrumentos de represión política. El escrito también involucra a Flores en la presunta conspiración.
El periodista David Alandete, que difundió las claves del documento, señala que la Fiscalía sostiene que Maduro recibía informes sobre interrogatorios y, en determinados episodios, daba instrucciones sobre el trato que debían recibir los detenidos. Esa descripción atribuye presuntas responsabilidades a la cúpula del poder, no únicamente a funcionarios que ejecutaban los interrogatorios.
Tres posibles colaboradores aparecen como CC-1, CC-2 y CC-3
Otro aspecto llamativo del nuevo escrito es la referencia a personas no identificadas públicamente por su nombre. Según la descripción del documento ofrecida por Alandete, aparecen tres figuras bajo las claves CC-1, CC-2 y CC-3, junto a otros funcionarios y presuntos conspiradores conocidos y desconocidos.
CC-1 es relacionado en esa descripción con operaciones de narcotráfico, vínculos con las FARC y órdenes dentro de organismos venezolanos. CC-2 aparece asociado con actos de represión y tortura. CC-3 es descrito como un alto funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) presuntamente relacionado con actividades de narcotráfico y abusos contra detenidos.
Las identidades de esas personas no están confirmadas en la información divulgada. Su aparición en el relato de la acusación tampoco significa que estén formalmente imputadas en este nuevo escrito. La portada del documento judicial identifica como acusados a Maduro y Flores.
Cártel de los Soles y presunta utilización del Estado para traficar cocaína
La Fiscalía también sitúa las denuncias de tortura dentro de un entramado más amplio de corrupción y narcotráfico. El escrito, según el resumen difundido por Alandete, se refiere expresamente al denominado Cártel de los Soles y atribuye a Maduro, Flores y personas de su entorno participación en una red protegida por sectores militares, judiciales y de seguridad.
La acusación describe presuntos vínculos con organizaciones criminales y armadas como las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel del Norte del Valle y el Tren de Aragua. También sostiene que se aprovecharon aeronaves, vehículos y estructuras estatales para facilitar operaciones de tráfico de cocaína.
De acuerdo con Alandete, la conspiración de narcotráfico descrita por los fiscales se extiende hasta aproximadamente 2025. El nuevo cargo de conspiración para cometer torturas se suma a los delitos vinculados con narcotráfico y armas que ya formaban parte del caso. No todos los cargos anteriores tienen necesariamente idéntico alcance respecto de cada acusado.
Las denuncias de tortura ya habían sido documentadas por la ONU
Las afirmaciones de la Fiscalía se producen después de años de investigaciones internacionales sobre los organismos de inteligencia venezolanos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU documentó patrones de graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y torturas, especialmente en el contexto de la persecución política.
Entre los cuerpos señalados en investigaciones anteriores figura la DGCIM, organismo asociado a denuncias de interrogatorios violentos y abusos contra opositores. Esos informes internacionales sirven de contexto, pero no sustituyen las pruebas que los fiscales estadounidenses deban presentar en este procedimiento concreto.
La evolución del proceso también tiene especial interés para la audiencia cubana por los estrechos vínculos políticos y económicos que durante décadas mantuvieron los gobiernos de La Habana y Caracas. Sin embargo, esta nueva noticia se refiere a imputaciones formuladas contra Maduro y Flores, y no debe extenderse la responsabilidad penal a terceros sin pruebas documentales.
Maduro y Flores siguen detenidos en Nueva York
Ambos fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense el 3 de enero de 2026 y permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Se han declarado no culpables de los cargos que ya enfrentaban.
La defensa también ha planteado argumentos relacionados con la inmunidad de Maduro, mientras Flores ha solicitado arresto domiciliario por razones médicas. Los fiscales se oponen a esa petición al considerar que existe riesgo de fuga. El juicio está previsto para el 1 de junio de 2027, sujeto a posibles cambios en el calendario del tribunal.
La presentación del nuevo escrito convierte en una acusación penal concreta los señalamientos sobre la utilización de la tortura para sostener el poder chavista. Las imputaciones siguen siendo alegaciones de la Fiscalía: ni Maduro ni Flores han sido condenados por estos nuevos cargos y ambos conservan la presunción de inocencia.
Vídeos relacionados:
Archivado en: