Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia y expareja de Gustavo Petro, fue acusada por la exasesora presidencial Eva Ferrer de haber llevado droga a Venezuela en un avión oficial y regresado con 2,5 millones de dólares en efectivo.
Las declaraciones, publicadas por Semana en una entrevista con Ferrer, provocaron pedidos de investigación sobre el uso de aeronaves estatales.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció una investigación en la Fuerza Aérea Colombiana sobre los vuelos y la posible participación de personal militar, según informó la revista.
Ferrer, quien participó en la campaña presidencial de Petro en 2022 y fue cercana a Alcocer, situó el supuesto traslado en el viaje del 31 de enero de 2023, realizado a bordo del Legacy FAC 1218.
Según su relato en Semana, el empresario catalán Manel Grau le contó sobre el dinero procedente de Venezuela y el transporte de droga. Su acusación se basa en información que atribuye a terceros, no en haber presenciado personalmente el traslado.
Petro presentó el viaje como una visita cultural
En una nueva publicación, Semana recuperó el mensaje con el que Petro explicó la visita. El tuit está fechado el 1 de febrero de 2023, un día después del vuelo señalado por Ferrer.
El entonces presidente sostuvo que Alcocer había viajado con Jorge Ignacio Zorro, funcionario del Ministerio de Cultura, para conocer el sistema orquestal venezolano. También anunció que Colombia impulsaría ese año un sistema de orquestas vinculado al sector educativo.
Durante la visita, Alcocer se reunió con Nicolás Maduro y Cilia Flores, como muestran las fotografías difundidas entonces y reproducidas por Semana. La explicación pública del viaje contrasta con el propósito ilícito que ahora le atribuye Ferrer, pero el mensaje no acredita que Petro conociera o participara en las actividades denunciadas.
Los vuelos oficiales y el entorno de Alcocer
En una investigación complementaria, Semana reportó 149 registros de vuelos asociados a Alcocer entre agosto de 2022 y julio de 2026, de los cuales 137 correspondían a aeronaves estatales. Entre los pasajeros mencionó a Grau y a Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama.
La revista publicó además detalles del vuelo a Venezuela. Esos registros documentan el desplazamiento, pero no demuestran las acusaciones sobre el contenido de los equipajes.
Según Ferrer, parte del dinero habría financiado la campaña de Mario Fernández Alcocer a la Gobernación de Sucre. La exasesora también acusó al senador Agmeth Escaf de apropiarse de una porción de esos fondos y describió a Alcocer como la persona que dirigía una presunta red de negocios ilícitos.
En la entrevista con Semana, Ferrer vinculó además a personas de ese entorno con un supuesto tráfico de armas. Se trata de otra acusación de su relato, sin que ello demuestre que se transportaran armas en el vuelo señalado.
Grau, figura central en las declaraciones, recibió la nacionalidad colombiana durante el gobierno de Petro y fue designado integrante de la junta directiva de Central de Inversiones S.A. (CISA), según una investigación de Infobae sobre su trayectoria y cercanía con Alcocer.
Las sanciones y el contexto venezolano
Las denuncias aparecen casi un año después de que Estados Unidos sancionara a Petro y a integrantes de su entorno, incluida Alcocer.
El Departamento del Tesoro anunció las medidas el 24 de octubre de 2025 y acusó al entonces presidente de contribuir al narcotráfico internacional y de mantener una alianza con Maduro.
Ese contexto incluye los señalamientos estadounidenses contra el Cártel de los Soles. El Departamento de Justicia ha acusado a altos funcionarios venezolanos de participar en una red de narcotráfico y colaborar con las FARC para introducir cocaína en Estados Unidos.
Petro, por su parte, negó públicamente la existencia del Cártel de los Soles en agosto de 2025 y sostuvo que esa denominación servía para justificar acciones contra gobiernos que no obedecían a Washington. Estos antecedentes no establecen una conexión entre esa red y el viaje denunciado por Ferrer.
Negativas y pedidos de investigación
Escaf rechazó las acusaciones de Ferrer, negó vínculos con narcotraficantes o traficantes de armas y aseguró que no se había apropiado del dinero señalado. También anunció acciones legales.
El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, pidió investigaciones en Colombia y Estados Unidos. Otros dirigentes reclamaron esclarecer el origen y destino de los fondos y el posible uso de bienes públicos para actividades ilícitas.
Las acusaciones sobre droga, dinero y armas no han sido probadas judicialmente. La investigación anunciada deberá establecer qué ocurrió en los vuelos, quiénes participaron y si existen elementos que respalden el relato difundido por Semana.
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