El cubano Wilber Aguilar Bravo recorrió más de 300 kilómetros desde La Habana hasta Sancti Spíritus el jueves para visitar a su hijo, el preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, y fue rechazado a las puertas de la prisión Nieves Morejón sin poder entregarle siquiera alimentos.
El padre, convertido en activista y defensor de los derechos de los manifestantes del 11J en Cuba, denunció lo ocurrido mediante un video publicado en Facebook.
«Hoy, 8 de octubre, me viraron de Santi Espíritu y para atrás. Y este viaje no me dejaron ni entrar los alimentos. Mi hijo se encuentra sin comida, sin desodorante, sin jabón, sin nada», relató visiblemente afectado ante la cámara.
Según su testimonio, ese día se cumplían 84 días sin que la familia pudiera ver a Walnier, y las autoridades penitenciarias fijaron la próxima visita autorizada para el 20 de noviembre, lo que supondría más de tres meses adicionales de incomunicación familiar.
Wilber describió el operativo como premeditado: los agentes que lo recibieron no eran los mismos de una visita anterior bloqueada a finales de agosto, sino personas nuevas llegadas desde La Habana.
«Los que me vieron en el otro viaje, hoy no estaban. Gente nueva. Allí estaban la gente de La Habana. Esto estaba premeditado. Este ensañamiento estaba premeditado. Me hablaron en tono amenazante», denunció.
Además de impedirle el acceso, agentes de la Seguridad del Estado lo vigilaron e identificaron a él y a su familia en el parque de la ciudad, práctica conocida coloquialmente como «firmar». «El parqueo lleno de seguros, firmándome allí», describió, señalando que detectó a varios de ellos y los señaló con el dedo.
No era la primera vez que la familia sufría este tipo de bloqueo. A finales de agosto, Wilber y sus familiares esperaron desde las siete de la mañana hasta las once y les comunicaron que la visita «no estaba coordinada» y debía gestionarse con la Seguridad del Estado en La Habana.
El hostigamiento tampoco se limita a los traslados. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó al menos seis actos represivos contra Wilber durante 2026, entre ellos citaciones a interrogatorio, vigilancia policial permanente frente a su vivienda y restricciones para salir de su domicilio.
En julio, una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria se apostó frente a su casa durante el aniversario del 11J.
Walnier fue detenido el 20 de julio de 2021, con 21 años, por participar en las protestas del 11J en el barrio de La Güinera. Fue condenado inicialmente a 23 años de prisión por sedición; tras un recurso de casación, la pena quedó reducida a 12 años.
Presenta una discapacidad intelectual limítrofe y una lesión cerebral de causa orgánica, condiciones que su padre denuncia no fueron consideradas por el tribunal.
Desde entonces, el régimen lo ha trasladado progresivamente a centros más alejados de su familia: primero al Combinado del Este, luego a la prisión de Agüica en Matanzas en noviembre de 2025, y finalmente a Nieves Morejón, en Guayos, Sancti Spíritus, en enero de 2026. Según Wilber, Walnier es el único de los 17 acusados en su causa que permanece encarcelado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Walnier en julio de 2022 y las amplió a Wilber y su núcleo familiar mediante la Resolución 9/2025, tras documentar vigilancia, detenciones y amenazas. En el video del jueves, Wilber advirtió que el plazo para que el gobierno cubano respondiera a esa medida vencía al día siguiente sin que las autoridades hubieran dado respuesta alguna.
«Denuncio aquí y temo por la vida de mi hijo y por la vida mía. Estamos perseguidos constantemente. Si voy a la esquina, ahí está la seguridad», afirmó. Y cerró con una advertencia dirigida a quienes ordenan el hostigamiento: «Si me quieren asesinar, asesínenme, no me preocupa ni me interesa. No voy a dejar nunca de ser leal a mi hijo y a mi conciencia y a mi familia».
El caso de Walnier se enmarca en un cuadro más amplio: al 7 de octubre de 2026, la organización Prisoners Defenders contabilizaba 338 personas aún encarceladas directamente por las protestas del 11J, dentro de un total de 1,306 presos políticos registrados en Cuba.
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