La presa política Ana Ibis Tristá Padilla alertó desde la prisión de mujeres de Las Tunas sobre el grave deterioro de su salud en una carta que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) difundió el miércoles. La organización exigió atención médica urgente y su liberación inmediata.
En el testimonio escrito desde el penal conocido como La Veguita, Tristá Padilla describe tres afecciones que la mantienen en permanente descompensación: anorexia, asma crónica y fallas renales.
«Mi enfermedad, la anorexia, voy controlándola gracias a la inmensa ayuda de ustedes. El asma crónica y el tema de mis fallas renales me afectan bastante y por lo general estoy siempre descompensada», escribió la activista de 37 años.
Para evitar el colapso renal, debe tomar furosemida de forma continua, pero el uso prolongado del diurético le ha endurecido las piernas y dañado los tendones, según relata ella misma.
«Apenas puedo caminar y mantengo dolores diarios, pero no debo dejar de tomarla pues los riñones colapsan», afirmó.
Las autoridades cubanas no han emitido respuesta pública alguna ante las denuncias sobre su estado ni ante el pedido de atención médica formulado por el OCDH.
No es la primera vez que se alerta sobre su situación. En abril, el OCDH ya había reportado el estado crítico de salud de Tristá Padilla: problemas renales que le impedían orinar con normalidad, debilidad extrema, desmayos ante el mínimo esfuerzo y dolores óseos y articulares atribuidos a malnutrición y falta de atención médica.
El historial judicial de Ana Ibis es igualmente revelador del funcionamiento de la justicia bajo la dictadura. Fue detenida en noviembre de 2023, acusada de organizar una marcha pacífica que nunca llegó a celebrarse, de colocar carteles políticos y de planificar el lanzamiento de cócteles molotov.
En el primer juicio, celebrado en noviembre de 2024, fue absuelta junto a Jarol Varona Agüero por insuficiencia de pruebas. Sin embargo, el fiscal recurrió la absolución, el Tribunal Supremo la anuló y ordenó un nuevo proceso que se celebró en Santiago de Cuba, provincia distinta a la de residencia de los acusados.
En ese segundo juicio, Tristá Padilla recibió una condena de 14 años por «propaganda contra el orden constitucional» y «otros actos contra la seguridad del Estado», mientras que Varona Agüero fue sentenciado a 13 años. El Tribunal Supremo ratificó ambas condenas en agosto, agotando la última vía de apelación.
El OCDH calificó el proceso como «una operación política disfrazada de proceso judicial» y señaló que «todo se basa en informes e interpretaciones del Ministerio del Interior y la Contrainteligencia, instituciones directamente involucradas en la represión».
El caso de Ana Ibis no puede separarse del de su esposo, Damián de Jesús Hechavarría Labrada, también preso político, condenado a cinco años en 2021 tras gritar «¡Abajo la dictadura! ¡Patria y Vida!» en uno de los primeros actos documentados con esa consigna antes del 11J. Fue entonces cuando Ana Ibis asumió públicamente la defensa de los presos políticos y se convirtió en blanco del régimen.
Su situación refleja un patrón más amplio de negligencia médica en las cárceles cubanas. Según Prisoners Defenders, al cierre de agosto de 2026 Cuba registraba un récord histórico de 1,339 presos políticos, de los cuales 463 presentaban patologías médicas graves.
El contexto represivo general tampoco da tregua: el OCDH documentó más de 3,000 acciones represivas entre enero y septiembre, con 344 solo en septiembre, un ritmo que ya supera el total registrado en todo 2025.
«Ha sido un mes nefasto para la libertad de expresión y el periodismo independiente. El régimen, en medio de su impopularidad, quiere imponer la ley del silencio y lamentablemente creemos que pueden ir a peor», advirtió Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH.
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