Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron este miércoles la retirada de subsidios del Obamacare a 189,000 personas identificadas durante 2026 con cobertura duplicada en Medicare, Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), o registradas como fallecidas en bases de datos federales. La medida corresponde al Mercado Federal de seguros médicos.
La medida, confirmada en un comunicado oficial de CMS, forma parte de los controles de la administración de Donald Trump sobre los pagos del gobierno a los seguros médicos contratados mediante el Mercado Federal de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).
Según la agencia, las revisiones realizadas durante 2026 permitirán evitar pagos indebidos por aproximadamente 1,500 millones de dólares durante el próximo año, una cifra que constituye una proyección oficial y no un ahorro ya comprobado.
La decisión resulta relevante para los beneficiarios del Obamacare, incluidos cubanos residentes en Estados Unidos, aunque CMS no ha precisado cuántas personas de origen cubano están entre los afectados.
¿Quiénes pueden perder el subsidio del Obamacare?
La revisión comprende principalmente dos situaciones:
- Personas con cobertura duplicada: beneficiarios que reciben subsidios para contratar un seguro privado en el Mercado Federal y que también aparecen registrados en Medicare, Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).
- Personas registradas como fallecidas: inscripciones que continúan recibiendo subsidios pese a que las bases de datos federales indican que el beneficiario ha muerto.
Sin embargo, la eliminación del subsidio no significa necesariamente la cancelación del seguro médico.
En los casos de cobertura duplicada, CMS retira el crédito fiscal anticipado que reduce el costo mensual de la póliza, pero no cancela automáticamente el plan privado. El beneficiario podría mantenerlo si asume el pago completo de la prima.
La situación es diferente cuando los registros indican que una persona ha fallecido. Si el dato no es corregido dentro del plazo establecido, CMS cancela tanto el subsidio como el plan de seguro.
Qué hacer si recibes un aviso: tienes 30 días para responder
CMS explicó que las personas identificadas con posibles duplicidades son notificadas y disponen de 30 días para disputar la información.
Si no responden dentro del plazo, la agencia procede a retirarles el subsidio.
No obstante, incluso después de esos 30 días, los afectados pueden apelar la decisión o demostrar que su cobertura de Medicaid o CHIP está próxima a finalizar para solicitar la recuperación de la ayuda.
En los casos de registros de fallecimiento, la agencia también concede 30 días para impugnar la información antes de cancelar la cobertura.
Por ello, quienes reciban una notificación deben revisar cuidadosamente los datos de su inscripción, comprobar si mantienen activa alguna cobertura pública y responder dentro del plazo indicado.
También pueden consultar el estado de su plan y sus subsidios mediante el portal oficial HealthCare.gov.
Segunda ronda de controles sobre el Obamacare
Según CMS, la administración Trump retomó en 2025 las comprobaciones periódicas de cobertura duplicada en Medicaid y CHIP, que habían sido suspendidas durante el gobierno de Joe Biden.
En esa primera etapa, CMS eliminó los subsidios del Obamacare a aproximadamente 551,000 personas que también contaban con cobertura de Medicaid.
La revisión coincide con otros cambios previstos para el Obamacare en 2027, cuando entrarán en vigor nuevas restricciones migratorias para acceder a los subsidios. Entre quienes podrán continuar optando a esas ayudas, si cumplen los demás requisitos, figuran los residentes permanentes legales y determinados inmigrantes con la categoría de «entrante cubano-haitiano», una condición que no se adquiere automáticamente por tener nacionalidad cubana.
El administrador de CMS, Mehmet Oz, aseguró que las distintas medidas de control adoptadas por el gobierno han generado ahorros cercanos a los 6,000 millones de dólares.
Según el funcionario, el objetivo es restablecer la confianza de los contribuyentes en el uso eficiente de los recursos destinados a los programas públicos de salud.
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