Familias inmigrantes que todavía podrían cumplir los requisitos para recibir Medicaid en Florida están denunciando cancelaciones de cobertura, negativas aparentemente erróneas y notificaciones que no explican con claridad las razones de las decisiones.
Los problemas han quedado documentados en una investigación publicada este jueves por The Florida Trib, que recoge testimonios de afectados, familiares y abogados especializados en acceso a servicios de salud.
Las denuncias surgen mientras el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF, por sus siglas en inglés) aplica las nuevas restricciones federales de Medicaid para determinados inmigrantes.
Aunque algunas personas han perdido legalmente la elegibilidad, los abogados entrevistados advierten que otras podrían estar quedando sin cobertura por errores en la verificación de su situación migratoria o en el procesamiento de sus expedientes.
Uno de los casos descritos es el de Khem Raj Poudel, un residente permanente de 74 años que vive en el condado de Marion.
Según el reportaje, recibió tres negativas de Medicaid durante 2026, pese a que sus abogados sostienen que cumple los requisitos establecidos por el propio DCF.
Poudel obtuvo asilo en Estados Unidos en 2019 y posteriormente consiguió la residencia permanente. Hasta agosto recibía Medicaid a través del programa federal de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), pero perdió ese beneficio al cumplirse el límite temporal aplicable a determinadas personas que obtuvieron asilo.
La finalización del SSI no necesariamente impedía que pudiera acceder a Medicaid mediante otra categoría. Sin embargo, cuando su familia intentó tramitar esa cobertura, recibió respuestas diferentes: dos notificaciones indicaban que no cumplía un requisito de ciudadanía y otra mencionaba problemas relacionados con los ingresos o la composición del hogar.
Su hija, Anamika Bennett, explicó al medio que la familia ha tenido que pagar medicamentos y otros gastos mientras intenta resolver el expediente.
Los abogados del Florida Health Justice Project sostienen que Poudel debería poder acceder a Medicaid como residente permanente que anteriormente recibió asilo, una condición que puede eximirlo del período de espera de cinco años aplicable a otros titulares de tarjetas de residencia.
La familia presentó una apelación y una consulta escrita ante el DCF. Hasta el 14 de octubre no había recibido respuesta, según la investigación.
La elegibilidad concreta de Poudel sigue siendo objeto de esa controversia administrativa y no ha quedado resuelta mediante una decisión definitiva citada en el reportaje.
La investigación también recoge el caso de Leticia, una joven de origen brasileño residente en Boca Ratón que perdió Medicaid al cumplir 19 años, el 29 de septiembre.
Su familia permanece en un proceso migratorio que todavía no le ha proporcionado una categoría que permita confirmar su elegibilidad como adulta.
Este segundo caso tiene una diferencia fundamental: la pérdida de cobertura podría ajustarse a las nuevas reglas de edad y estatus migratorio, aunque su madre denuncia que no recibió una notificación formal que explicara la decisión.
Según su testimonio, la familia descubrió la cancelación al consultar el sistema y hablar con los proveedores de atención médica.
En Florida, los menores de 19 años que residen legalmente en Estados Unidos pueden mantener Medicaid bajo una disposición especial para niños.
Al alcanzar los 19 años, esa protección deja de aplicarse y la persona debe cumplir los requisitos de alguna categoría de elegibilidad para adultos.
La abogada Lynn Hearn, directora jurídica del Florida Health Justice Project, aseguró a The Florida Trib que su organización está atendiendo numerosas cancelaciones que considera erróneas, especialmente entre menores cuya elegibilidad no debería haberse modificado por la reforma migratoria.
Hearn también cuestionó el contenido de los avisos enviados por el estado. Según explicó, algunas notificaciones no indican qué estatus migratorio tiene registrado el DCF ni cuál sería necesario para conservar la cobertura. Otras familias, afirmó, aseguran no haber recibido comunicación alguna.
El problema es especialmente delicado porque una persona puede interpretar que una negativa es definitiva sin saber si se produjo por una clasificación migratoria incorrecta, la falta de documentos o la pérdida efectiva de un requisito legal.
Jared Nordlund, director de políticas de Florida de UnidosUS, planteó en la investigación que la complejidad de las nuevas categorías podría provocar errores de clasificación por parte de los funcionarios.
El DCF no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios realizadas por The Florida Trib, según indicó el propio medio. Por tanto, la investigación no incluye una explicación de la agencia sobre los expedientes individuales denunciados.
Las dificultades aparecen después de que el 1 de octubre entraran en vigor nuevas restricciones federales de Medicaid.
Como se explicó entonces, determinados inmigrantes que antes podían recibir cobertura dejaron de cumplir los requisitos migratorios, aunque la ley mantuvo excepciones expresas.
Entre los grupos de no ciudadanos que pueden continuar siendo elegibles se encuentran los residentes permanentes legales, los llamados Cuban/Haitian entrants (entrantes cubanos y haitianos) y determinadas personas amparadas por los acuerdos de libre asociación con Estados Unidos.
El propio DCF confirma estas categorías en su página oficial de información sobre Medicaid. También aclara que los niños de 18 años o menos que residen legalmente en Florida mantienen una vía de elegibilidad bajo las reglas especiales adoptadas por el estado.
Para los cubanos, la distinción es importante: tener nacionalidad cubana no garantiza automáticamente Medicaid.
La categoría Cuban/Haitian entrant tiene una definición jurídica específica y debe poder verificarse mediante la documentación migratoria correspondiente.
Además, siguen siendo aplicables los demás requisitos del programa, como los relacionados con ingresos, residencia y tipo de cobertura.
La situación de los cubanos con I-220A también requiere una evaluación individual.
Como se explicó en un análisis anterior sobre las excepciones migratorias, ese documento no equivale por sí solo a un parole ni garantiza la elegibilidad, pero tampoco excluye automáticamente la posibilidad de cumplir los criterios de Cuban/Haitian entrant.
El DCF explica que utiliza el sistema federal SAVE para comprobar el estatus migratorio. Cuando no consigue verificarlo electrónicamente, puede solicitar documentación adicional al beneficiario. Por ello, recibir una carta no significa necesariamente que la persona haya perdido definitivamente su derecho a la cobertura.
Quienes reciban un aviso pueden consultar su contenido en MyACCESS, el portal oficial de beneficios de Florida, revisar el motivo indicado por el DCF y aportar los documentos que la agencia solicite dentro del plazo señalado.
Si la decisión parece incorrecta, existe una vía administrativa para impugnarla. La Sección de Audiencias de Apelación del DCF establece que los beneficiarios de Medicaid disponen de 90 días desde la notificación de la decisión para solicitar una audiencia imparcial.
La petición puede presentarse mediante el procedimiento oficial de solicitud de audiencia, por correo electrónico a appeal.hearings@myflfamilies.com o por teléfono al 850-488-1429.
Ese plazo de 90 días corresponde al derecho a solicitar una audiencia y no significa que la cobertura médica continúe automáticamente durante todo ese período. La posibilidad de mantener prestaciones mientras se resuelve una apelación depende de reglas y circunstancias adicionales.
El DCF también señala que, cuando una solicitud se deniega porque faltaba información necesaria, la entrega de esos documentos dentro de los 90 días posteriores puede permitir pedir una nueva evaluación sin presentar otra solicitud. Este procedimiento es distinto de la audiencia de apelación y no se aplica necesariamente a todos los motivos de cancelación.
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