La alcaldesa cubanoamericana de Doral, Christi Fraga, aseguró que la criminalidad en la ciudad ha disminuido un 60% durante los últimos cuatro años, pero reconoció que las políticas migratorias y el temor a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están afectando profundamente a sus residentes y a la economía local.
Durante su discurso anual sobre el Estado de la Ciudad, celebrado el jueves en el Ayuntamiento de Doral, Fraga destacó los resultados de su administración en materia de seguridad, aunque también abordó la incertidumbre que viven numerosas familias inmigrantes, según informó el canal local WSVN 7News.
«La criminalidad general ha disminuido un 60%», afirmó la alcaldesa, al presentar un balance de los avances que atribuye a su gestión durante los últimos cuatro años.
Fraga también destacó otras iniciativas municipales y la participación de la comunidad en actividades de asistencia humanitaria. Sin embargo, su discurso abordó igualmente las consecuencias de la política migratoria federal en una ciudad con una importante población de origen venezolano y cubano.
«Muchos de nuestros vecinos están sufriendo ahora mismo», reconoció la alcaldesa.
La funcionaria admitió que las medidas migratorias, incluidas las restricciones y revocaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) que afectan a numerosos inmigrantes, han provocado incertidumbre entre los residentes y dificultades para los establecimientos comerciales.
«Las familias viven con incertidumbre y los negocios están sintiendo su impacto», señaló.
La situación descrita por Fraga contrasta con el balance positivo de seguridad que presentó ante los asistentes. Aunque sostiene que Doral es una ciudad más segura en términos de criminalidad, vecinos y comerciantes relatan que el miedo a las detenciones migratorias está modificando sus actividades cotidianas.
Algunos residentes han dejado de acudir a consultas médicas por temor a encontrarse con agentes federales, mientras determinadas familias prefieren mantener a sus hijos fuera de las escuelas. Los negocios también registran menos clientes y dificultades para conservar trabajadores.
Liz Rebecca Alarcón, residente de Doral, describió el ambiente que percibe en la ciudad: «Nunca había visto la ciudad tan desolada, tan vacía y a los residentes tan asustados».
En medio de esa preocupación, Fraga abordó los límites de las competencias municipales frente a las decisiones estatales y federales.
«No puedo fingir que la ciudad controla todas las leyes, todas las políticas o todas las decisiones que afectan a nuestros residentes. Simplemente no es así», expresó.
Y añadió: «Pero el liderazgo nos exige escuchar, preocuparnos y defender responsablemente» los intereses de la comunidad.
Uno de los principales puntos de controversia es el acuerdo 287(g) que el gobierno municipal mantiene con ICE, un mecanismo que permite a determinados agentes policiales locales ejercer funciones específicas de inmigración bajo supervisión federal, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.
Fraga insistió en que la Policía de Doral no participa en operativos migratorios. El jefe policial Matthew Castillo también aseguró que sus agentes no realizan tareas de aplicación de las leyes de inmigración.
Sin embargo, la alcaldesa no anunció la cancelación del acuerdo 287(g) durante su discurso. La ciudad mantiene el convenio, pese a las preocupaciones expresadas por residentes y organizaciones defensoras de los inmigrantes.
Sam Lester, representante de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Florida, cuestionó la colaboración entre las autoridades locales y las agencias migratorias federales.
«La gente de Doral necesita una policía en la que pueda confiar, no patrullas migratorias itinerantes», afirmó.
El discurso dejó así dos realidades sobre la mesa: una reducción del crimen que la alcaldesa presenta como uno de los principales logros de su administración y una comunidad inmigrante que, según reconocen sus propias autoridades, enfrenta incertidumbre y dificultades económicas.
El impacto de las operaciones migratorias ya había quedado reflejado esta semana en los datos divulgados por la Cámara de Comercio Hispana del Sur de Florida, que advirtió que las ventas de determinados negocios han caído entre un 40% y un 45% en zonas como Doral, Miami y Homestead.
La organización atribuyó esas pérdidas al temor generado por los operativos migratorios, que ha reducido la presencia de clientes y trabajadores en numerosos establecimientos.
Su presidenta, Liliam López, explicó que restaurantes, hoteles y empresas de otros sectores enfrentan dificultades porque parte de su clientela evita salir de casa y algunos empleados temen acudir a sus puestos de trabajo.
La preocupación llevó a unos 200 líderes empresariales y comunitarios a respaldar una petición dirigida al presidente Donald Trump y al Congreso, en busca de medidas que reduzcan las consecuencias económicas de las operaciones migratorias.
La permanencia del acuerdo 287(g) también ha provocado protestas en Doral. Durante las últimas semanas, activistas de ACLU Florida y de la Florida Immigrant Coalition han exigido a Fraga que rompa el convenio con ICE.
En una de las movilizaciones frente al Ayuntamiento, los participantes llevaron unas 170 firmas de residentes para solicitar que la ciudad abandone el programa de colaboración migratoria.
Los activistas cuestionan que la legislación estatal obligue específicamente a una ciudad como Doral a mantener ese acuerdo. Sostienen que las disposiciones aplicables a determinadas autoridades penitenciarias no deben interpretarse como una obligación general para todos los departamentos policiales municipales.
La controversia adquirió mayor relevancia después de que la propia alcaldesa reconociera públicamente que la firma del convenio estuvo condicionada por presiones de las autoridades estatales.
En septiembre, Fraga aseguró que suscribió el acuerdo bajo amenazas de posibles sanciones por parte del gobernador Ron DeSantis y del fiscal general de Florida.
Según explicó entonces, las advertencias incluían la posibilidad de destituir a funcionarios municipales y retirar credenciales a los departamentos policiales que no cumplieran con las exigencias estatales.
Fraga también afirmó que la Policía de Doral no había recibido el entrenamiento necesario para participar en las funciones migratorias previstas en el convenio y que había solicitado una determinación oficial al fiscal general antes de decidir los siguientes pasos.
Pese a las presiones de los activistas y al reconocimiento del temor que existe entre los residentes, Doral continúa vinculada al programa 287(g).
Las autoridades municipales sostienen que sus agentes no participan en operaciones migratorias, mientras las organizaciones civiles mantienen su exigencia de poner fin al acuerdo.
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