Por primera vez, Florida destinará más fondos estatales a becas para estudiantes de colegios privados que a las escuelas públicas tradicionales y chárter de Miami-Dade, pese a que estas últimas atienden a casi cuatro veces más alumnos.
La situación evidencia las dificultades de una fórmula de financiación educativa que debe sostener un programa de becas en expansión mientras disminuye la matrícula del sistema público.
Durante el curso escolar 2026-2027, el estado asignará aproximadamente 766 millones de dólares a becas para unos 82,470 estudiantes de centros privados, frente a 737 millones de dólares para 303,506 alumnos de escuelas públicas y chárter, según reveló el Miami Herald, a partir de documentos presupuestarios del Departamento de Educación de Florida.
La diferencia asciende a 29 millones de dólares y convierte a Miami-Dade en el primer gran condado urbano de Florida donde las becas para colegios privados superan la asignación estatal destinada a los estudiantes de escuelas públicas.
El reparto equivale, según los cálculos publicados, a unos 8,000 dólares por estudiante beneficiario de una beca, frente a menos de 3,000 dólares por alumno de las escuelas públicas y chárter, considerando exclusivamente los fondos estatales incluidos en esa comparación.
Sin embargo, estas cantidades no representan el gasto educativo total por estudiante. Florida aporta aproximadamente el 25% de los recursos destinados a los alumnos de Miami-Dade, mientras que los impuestos locales sobre la propiedad proporcionan una parte considerable del resto.
De hecho, el condado obtiene alrededor de 2,200 millones de dólares de impuestos locales para educación, equivalentes a cerca del 75% de la financiación contemplada en ese reparto. Por tanto, las cifras no significan que los colegios privados reciban más dinero público total por alumno que las escuelas públicas.
El cambio responde principalmente a dos tendencias que avanzan en direcciones opuestas: el crecimiento acelerado de las becas escolares financiadas con fondos públicos y la disminución de estudiantes matriculados en las escuelas públicas tradicionales.
Las becas, conocidas en inglés como vouchers, permiten a las familias utilizar recursos estatales para cubrir determinados gastos educativos en instituciones privadas, incluidos colegios religiosos.
El programa se amplió considerablemente en 2023, cuando el gobernador Ron DeSantis impulsó una reforma que extendió el acceso a estas ayudas a prácticamente todas las familias de Florida, independientemente de sus ingresos, aunque algunas modalidades mantienen requisitos específicos.
Desde entonces, el número de beneficiarios ha aumentado hasta convertir las becas en una parte cada vez más importante del presupuesto educativo estatal.
El problema es que la fórmula de financiación utilizada por Florida fue creada a comienzos de la década de 1970, mucho antes de la expansión actual de las becas escolares.
Aunque ha recibido modificaciones con los años, sus mecanismos no fueron concebidos originalmente para distribuir recursos entre dos sistemas de esta magnitud.
Alex Rizo, representante republicano por Hialeah y exdirector de una escuela chárter, reconoció que el modelo necesita una revisión.
«Es una fórmula antigua y han ocurrido muchas cosas desde su creación», declaró al Miami Herald.
Rizo, quien también trabajó como administrador de escuelas públicas y forma parte de dos comités legislativos de educación en Tallahassee, considera que ha llegado el momento de reformar el sistema de financiación.
La situación de Miami-Dade no es completamente nueva en Florida. Aunque se trata del primer gran condado urbano que alcanza este punto, otros distritos escolares ya han enfrentado dificultades presupuestarias relacionadas con el crecimiento de las becas.
Durante el curso 2025-2026, cinco condados —Monroe, Collier, Martin, Sarasota y Walton— registraron obligaciones de financiación de becas superiores a las asignaciones estatales correspondientes, según los documentos presupuestarios citados por el periódico.
En términos contables, el cálculo hacía parecer que esos distritos debían dinero al estado para cubrir las becas privadas utilizadas por estudiantes de sus respectivos territorios.
El caso de Monroe, donde se encuentran los Cayos de Florida, ilustra las dificultades del modelo. Allí había apenas 851 estudiantes con becas privadas, frente a 8,249 alumnos en escuelas públicas tradicionales y chárter, pero la fórmula produjo un desequilibrio que obligó a buscar recursos adicionales.
Sue Woltanski, miembro de la Junta Escolar de Monroe, explicó que el problema no se debía necesariamente a un aumento de los beneficiarios de becas, sino a la disminución de la matrícula pública.
«Aunque nuestros números de becas no habían aumentado, los estudiantes de las escuelas públicas habían disminuido, así que no había suficiente dinero para pagar a todos los alumnos que reciben becas», señaló.
Woltanski recordó que el cálculo llegó a mostrar que el distrito debía casi un millón de dólares al estado debido a las becas escolares. Finalmente, las autoridades estatales proporcionaron los fondos necesarios para resolver la situación.
«Nos dijeron que no nos preocupáramos y, al final, nos dieron el dinero, lo cual agradecemos», explicó.
La diferencia entre los distritos está relacionada con el valor de las propiedades y la proporción de financiación educativa que procede de los impuestos locales.
En los condados con propiedades de mayor valor, como Miami-Dade y Monroe, las contribuciones locales representan una parte especialmente elevada de los recursos escolares.
Eso reduce proporcionalmente la aportación estatal disponible dentro de la fórmula ordinaria, mientras las becas privadas continúan generando obligaciones de financiación.
La Legislatura de Florida ya ha introducido ajustes para evitar que esas obligaciones dejen sin recursos estatales suficientes a determinados distritos.
Entre ellos figuran cambios en los cálculos de las contribuciones locales y mecanismos que permiten enviar fondos adicionales cuando las becas absorben las asignaciones previstas.
Sin embargo, algunos funcionarios consideran que estas soluciones temporales no resolverán el problema a largo plazo.
Woltanski propone separar la financiación de las becas privadas de la fórmula utilizada para distribuir recursos a las escuelas públicas, de modo que cada sistema tenga una asignación diferenciada.
«¿No estarían mejor protegidas las becas en una partida separada, donde tuvieran garantizado el dinero que les proporciona el estado y no dependieran de la población escolar de su distrito?», planteó.
La funcionaria también advirtió que cubrir los desequilibrios mediante aportaciones estatales adicionales podría generar nuevas tensiones presupuestarias si no se modifica el modelo.
Pero los defensores de las becas privadas tienen otras propuestas.
Danny Aqua, representante de Teach Florida, una organización que promueve los intereses de colegios privados y escuelas judías en el estado, considera que la financiación de las becas debería calcularse utilizando los mismos criterios generales que se aplican a los estudiantes de escuelas públicas.
Aqua señaló que el gasto público promedio por alumno de escuelas públicas alcanzó los 11,531 dólares durante el curso 2024-2025, una cifra que incluye fondos estatales, locales y federales y que, por tanto, no es directamente comparable con la aportación estatal de menos de 3,000 dólares mencionada para Miami-Dade.
«Creo que financiar a todos los estudiantes con las mismas fuentes sería beneficioso y haría que los recursos fueran más predecibles tanto para el distrito como para el programa de becas», afirmó.
También propuso que los profesores de colegios privados puedan beneficiarse de determinados recursos procedentes de los referendos locales sobre impuestos escolares.
En Miami-Dade, esos mecanismos se han utilizado en 2018, 2022 y nuevamente en 2026 para financiar principalmente salarios de docentes y medidas de seguridad escolar.
Aqua argumentó que los maestros de colegios privados también enfrentan dificultades salariales y que permitirles acceder a parte de esos recursos reduciría las diferencias de financiación entre ambos sectores.
Bruce Baker, profesor de la Universidad de Miami especializado en financiación educativa, considera posible que el creciente costo de las becas lleve a los legisladores a plantearse que una parte de su financiación proceda de impuestos locales.
El especialista señaló que, si las becas continúan aumentando, podría resultar difícil para el estado sostenerlas exclusivamente con sus propios recursos.
Por ahora, no existe una decisión legislativa definitiva sobre esa posibilidad. Las distintas propuestas reflejan un debate que podría cobrar importancia durante las próximas sesiones de la Legislatura de Florida.
La discusión también tiene una dimensión inmediata para las familias de Miami-Dade, incluidas numerosas familias cubanas que utilizan becas escolares para matricular a sus hijos en colegios privados y religiosos.
Programas como Florida Tax Credit Scholarship (FTC) y Family Empowerment Scholarship for Educational Options (FES-EO), administrados por organizaciones autorizadas como Step Up For Students, permiten utilizar fondos públicos para cubrir matrículas y otros gastos educativos elegibles.
Para quienes eligen estas instituciones, las becas pueden reducir considerablemente el costo de la educación privada. Para las familias cuyos hijos permanecen en escuelas públicas, el debate gira en torno a cómo garantizar recursos suficientes para mantener profesores, programas académicos e instalaciones.
En declaraciones a NBC6, Roberto Alonso, miembro cubanoamericano de la Junta Escolar de Miami-Dade, defendió la libertad de elección de las familias.
«Hemos visto que muchas familias quieren llevar a sus hijos a escuelas religiosas, y es su elección», afirmó.
Alonso respalda las becas, pero también considera necesario actualizar la fórmula de financiación de las escuelas públicas para adaptarla a las actuales condiciones económicas y demográficas del sur de Florida.
«Como distrito, seguiremos concentrándonos en nuestros estudiantes y, mientras hagamos eso, al final del día nuestros alumnos serán los beneficiados, porque el entorno competitivo garantiza que todos ofrezcamos el mejor servicio», sostuvo.
Una posición diferente expresó Crystal Etienne, profesora y fundadora de Eduvoter Action Network, una organización defensora de la educación pública.
«No es que haya más estudiantes en las escuelas privadas, sino que se está destinando más dinero a esos alumnos, y ese es el problema», cuestionó.
Etienne también manifestó preocupación por los mecanismos de supervisión del dinero público utilizado en las instituciones privadas.
«Mi primera pregunta fue: ¿a dónde va exactamente ese dinero? Porque no lo sabemos. Las escuelas privadas no tienen la misma obligación de rendir cuentas sobre cómo se gastan esos fondos», afirmó.
El debate sobre las becas ocurre mientras Miami-Dade enfrenta una disminución sostenida de la matrícula en sus escuelas públicas.
El condado ha perdido miles de estudiantes en medio de la salida de familias del sur de Florida, la desaceleración de la inmigración y otros cambios demográficos.
La disminución de alumnos afecta directamente las asignaciones presupuestarias, porque una parte de los recursos educativos se calcula en función de la matrícula.
Sin embargo, los distritos deben continuar afrontando gastos de personal, mantenimiento e instalaciones incluso cuando se reduce la cantidad de estudiantes.
El crecimiento de las becas privadas también coincide con la aparición de un nuevo mecanismo federal de financiación educativa.
Florida se incorporó a un programa que permitirá conceder créditos fiscales federales de hasta 1,700 dólares por determinadas donaciones a organizaciones que otorgan becas escolares, una iniciativa que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027.
Otro reportaje publicado por el Miami Herald explicó que el nuevo programa federal también podría beneficiar a estudiantes de escuelas públicas, aunque todavía existen dudas sobre cómo se distribuirán los recursos.
A diferencia de las becas estatales, financiadas mediante el presupuesto público, este programa federal se apoyará en donaciones privadas incentivadas mediante créditos fiscales. Las organizaciones autorizadas serán las encargadas de distribuir las ayudas entre los estudiantes elegibles.
El periodista señaló que Step Up For Students ya ha creado un fondo denominado Step Up, Step Further Scholarship Fund, con el que las escuelas públicas también podrían colaborar.
La organización anunció además una iniciativa para recaudar 250 millones de dólares destinados a estudiantes de centros públicos, aunque todavía faltan detalles sobre su funcionamiento.
La secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, defendió el nuevo incentivo durante una visita a un colegio privado judío del norte de Miami-Dade y aseguró que el programa no está dirigido exclusivamente a las escuelas privadas.
Por su parte, Josh Cowen, profesor universitario y crítico de las becas privadas financiadas por los estados, sostuvo que las escuelas públicas deberían aprovechar los recursos federales disponibles, aunque advirtió que estos no sustituyen la necesidad de inversiones estatales sostenidas.
«¿Hay dinero real sobre la mesa para las escuelas públicas de Florida? Absolutamente. ¿Sustituye todo el daño financiero causado por las becas? No», declaró al Miami Herald.
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