El cubano Rolando Ramírez Fuentes, de 57 años y residente en Tampa, Florida, terminó sin hogar después de pasar nueve meses detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, según una demanda federal que acusa a la agencia de retener su licencia de conducir y su tarjeta del Seguro Social incluso después de haber sido puesto en libertad.
Ramírez, quien llegó de Cuba a Estados Unidos en 1980, cuando tenía apenas 11 años, figura entre siete inmigrantes que presentaron una demanda colectiva propuesta contra el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pasado 13 de octubre, ante un tribunal federal de Washington D. C.
De acuerdo con la demanda judicial respaldada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el cubano fue arrestado por agentes migratorios en julio de 2025, cuando se encontraba fuera de su centro de trabajo.
Permaneció bajo custodia hasta el 28 de abril de 2026, cuando un juez federal ordenó su liberación tras concederle un recurso de habeas corpus.
Sin embargo, tras recuperar la libertad el ICE no le devolvió su licencia de conducir de Florida ni su tarjeta del Seguro Social, dos documentos que, según sus abogados, necesita para conseguir empleo y realizar gestiones cotidianas.
La demanda sostiene que Ramírez solicitó la devolución de sus pertenencias, pero la agencia no respondió favorablemente ni ofreció una explicación que justificara su retención. Sus abogados aseguran que tampoco recibió copias de los documentos.
Según el expediente judicial, la falta de documentación le ha impedido encontrar trabajo, lo que a su vez ha limitado su acceso a atención médica para una afección cardíaca.
Sin ingresos suficientes para pagar un alojamiento, terminó quedándose sin hogar, una situación que persistía cuando se presentó la demanda, más de cinco meses después de su liberación.
Una orden de deportación que se remonta a 2004
De acuerdo con una resolución judicial dictada en Florida el 28 de abril de 2026, el cubano recibió una orden de deportación el 12 de febrero de 2004, después de una condena relacionada con drogas en 2003.
A pesar de esa orden, permaneció en Estados Unidos bajo supervisión migratoria durante años, aunque atravesó otros períodos de detención.
En julio de 2025, el ICE revocó su autorización de libertad supervisada y volvió a detenerlo con el propósito de ejecutar la deportación.
Su defensa acudió entonces a un tribunal federal para cuestionar la prolongación del arresto.
El juez John E. Steele, del Distrito Medio de Florida, concluyó que no existía una probabilidad significativa de que Ramírez Fuentes fuera deportado en un futuro razonablemente previsible.
Por esa razón, ordenó que fuera liberado en un plazo de 24 horas, aunque continuaría sujeto a las condiciones de supervisión migratoria.
La decisión judicial no anuló su orden de deportación ni le concedió un nuevo estatus migratorio. Lo que determinó fue que no podía mantenerse indefinidamente detenido en aquellas circunstancias.
Siete inmigrantes denuncian una práctica del ICE
El caso de Ramírez Fuentes forma parte de una acción judicial más amplia, presentada bajo el nombre Gonzalez contra el Departamento de Seguridad Nacional.
Los siete demandantes sostienen que el ICE mantiene una práctica de retención injustificada de documentos y pertenencias después de liberar a personas detenidas por motivos migratorios.
Entre los artículos que reclaman figuran pasaportes, permisos de trabajo, licencias de conducir, tarjetas del Seguro Social, teléfonos celulares, dinero, ropa e incluso objetos de valor sentimental.
Uno de los afectados es Vladimir Izmailov, un ciudadano ruso que solicitó asilo en Estados Unidos y que, según la ACLU, no ha podido conseguir un empleo estable porque la agencia no le devolvió su autorización de trabajo.
Izmailov también reclama su anillo de matrimonio, mientras su familia ha tenido que recurrir a préstamos para pagar el alquiler.
Otro demandante, el salvadoreño Joel Vigil Rodríguez, asegura que lleva meses intentando recuperar su teléfono, sus llaves y otros objetos confiscados cuando fue detenido.
Los abogados consideran que estos casos muestran consecuencias que van más allá de la pérdida material de las pertenencias: afectan la posibilidad de trabajar, mantener una vivienda, recibir atención médica y acreditar la identidad ante las autoridades.
¿Qué reclaman los inmigrantes ante la justicia?
La demanda sostiene que el ICE viola la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a las personas frente a registros e incautaciones irrazonables.
Los abogados argumentan que, aunque las autoridades migratorias pueden custodiar pertenencias durante una detención, no deberían continuar reteniéndolas después de la liberación si no existe una justificación legal para hacerlo.
También cuestionan el cumplimiento de las propias normas administrativas de la agencia sobre la conservación y devolución de bienes personales.
Los demandantes solicitan que el tribunal reconozca el caso como una acción colectiva, ordene la devolución de los documentos y pertenencias retenidos injustificadamente y establezca garantías para evitar que situaciones similares se repitan.
La ACLU explicó en un comunicado que las consecuencias económicas de estas retenciones pueden prolongarse durante meses después de que los inmigrantes recuperan la libertad.
Michael Perloff, abogado de la organización, defendió que la Cuarta Enmienda existe precisamente para impedir que los agentes gubernamentales confisquen y conserven bienes personales sin una razón legítima.
Por el momento, las acusaciones están pendientes de resolución judicial. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios realizada por el diario El País, que dio a conocer el caso del ciudadano cubano el pasado 16 de octubre.
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