Seis organizaciones que brindan asistencia legal a menores migrantes presentaron una demanda federal contra la administración de Donald Trump para frenar la aceleración de los procedimientos de asilo y deportación de niños que llegaron solos a Estados Unidos, al considerar que las nuevas prácticas gubernamentales les impiden preparar adecuadamente sus solicitudes de protección.
La acción judicial, identificada como The Door v. Edlow, fue presentada el jueves 15 de octubre ante el Tribunal Federal del Distrito de Maryland, División Sur, según confirmó el National Center for Youth Law (Centro Nacional para el Derecho de la Juventud).
El litigio, registrado bajo el expediente 8:26-cv-04326-DLB, cuestiona una serie de medidas que, según las entidades demandantes, están reduciendo las garantías procesales de menores extranjeros que buscan refugio en territorio estadounidense.
De acuerdo con la ficha del caso publicada por el National Immigration Law Center (Centro Nacional de Derecho Migratorio, NILC), las organizaciones sostienen que distintas agencias federales están modificando procedimientos de protección infantil de una manera que dificulta el acceso de los menores al asilo y a una evaluación justa de sus casos.
La presentación de la demanda no significa que un tribunal haya declarado ilegales esas prácticas ni que los procedimientos acelerados hayan quedado suspendidos. El caso figura como activo y su resultado dependerá de las decisiones judiciales que se adopten durante el proceso.
¿Qué medidas cuestiona la demanda?
Las organizaciones demandantes denuncian que las autoridades federales están imponiendo tiempos de preparación y condiciones de comparecencia que consideran incompatibles con las necesidades de niños y adolescentes que afrontan procedimientos migratorios sin la compañía de sus padres o tutores.
En un comunicado publicado el 15 de octubre, NILC describió varias de las prácticas impugnadas:
- Exigir que algunos menores presenten sus solicitudes de asilo pocas semanas después de llegar a Estados Unidos.
- Notificar entrevistas de asilo con muy poca anticipación, en determinados casos inferior a 24 horas, según las organizaciones.
- Cambiar con escaso aviso el lugar o la modalidad de las entrevistas.
- Requerir comparecencias frecuentes ante los tribunales de inmigración.
- Imponer objetivos de conclusión acelerada para expedientes de menores bajo custodia migratoria.
Los demandantes consideran que estas condiciones pueden impedir que los menores reúnan documentos, aporten pruebas, consulten con sus abogados y expliquen adecuadamente las circunstancias que motivaron su salida de sus países.
También sostienen que el Gobierno ha debilitado mecanismos de representación y asistencia legal para menores que permanecen bajo custodia federal.
Seis organizaciones llevan el caso a los tribunales
La demanda fue presentada por seis entidades que trabajan en la defensa y representación de inmigrantes, especialmente menores de edad:
- Amica Center for Immigrant Rights, organización de defensa de los derechos de los inmigrantes.
- The Door, entidad que ofrece servicios legales y de apoyo a jóvenes.
- Florence Immigrant and Refugee Rights Project (FIRRP), dedicada a la asistencia jurídica de inmigrantes y refugiados.
- Galveston-Houston Immigrant Representation Project (GHIRP), organización de representación legal migratoria.
- Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), entidad especializada en defensa migratoria.
- Jewish Family and Community Services Pittsburgh (JFCS Pittsburgh), organización que proporciona servicios comunitarios y asistencia a inmigrantes.
Las entidades cuentan con la representación del National Immigration Law Center (Centro Nacional de Derecho Migratorio), el Center for Gender and Refugee Studies (Centro de Estudios de Género y Refugiados), el National Center for Youth Law (Centro Nacional para el Derecho de la Juventud) y Trial Impact Project (Proyecto de Impacto Judicial).
El litigio cuestiona actuaciones de distintas dependencias federales vinculadas con inmigración y justicia, entre ellas el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Justicia.
Joseph Edlow, director de USCIS, figura entre los funcionarios demandados y da nombre al expediente.
¿Por qué los menores no acompañados tienen protecciones especiales?
La legislación estadounidense contempla salvaguardas específicas para los menores extranjeros que llegan al país sin un padre o tutor legal disponible para hacerse cargo de ellos.
Estas protecciones buscan reconocer que un niño no enfrenta un procedimiento migratorio en las mismas condiciones que un adulto, especialmente cuando debe explicar situaciones de violencia, persecución, amenazas u otros riesgos que podrían justificar una solicitud de asilo.
Las organizaciones que presentaron la demanda argumentan que las nuevas prácticas federales contradicen garantías establecidas por el Congreso y vulneran el derecho al debido proceso.
Entre las disposiciones que invocan se encuentran la Ley de Reautorización para la Protección de Víctimas de Trata de Personas, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
El tribunal deberá determinar si las medidas impugnadas cumplen esas normas y qué remedios judiciales, en su caso, corresponden.
¿Qué puede cambiar con esta demanda?
El objetivo de las organizaciones es conseguir una intervención judicial que impida aplicar prácticas que, según sostienen, privan a los menores de tiempo y oportunidades suficientes para preparar sus solicitudes de protección.
Si el tribunal concede las medidas solicitadas, determinadas actuaciones administrativas podrían quedar limitadas o modificadas. Sin embargo, ese resultado no está garantizado y la presentación del litigio, por sí sola, no altera automáticamente los expedientes individuales de asilo.
La demanda tampoco equivale a una aprobación general de solicitudes de protección ni elimina la posibilidad de deportación para los menores cuyos casos se tramitan ante las autoridades migratorias.
El alcance concreto de cualquier decisión dependerá de su contenido y de los grupos o procedimientos que el tribunal determine incluir.
¿Qué significa para las familias cubanas en Estados Unidos?
El caso tiene interés para las familias cubanas que siguen los cambios en los procedimientos migratorios estadounidenses, particularmente aquellas con menores que llegaron al país sin sus padres o tutores y buscan protección humanitaria.
Sin embargo, no se ha acreditado que entre los demandantes haya menores cubanos ni que el litigio conceda una protección automática a niños de esa nacionalidad.
La importancia del proceso radica en que cuestiona prácticas federales relacionadas con menores no acompañados, independientemente de que sus países de origen sean Cuba u otras naciones.
Para cualquier expediente individual, las consecuencias dependerán de la situación migratoria del menor, la etapa de su procedimiento y las decisiones que adopten las autoridades competentes.
Otros cambios recientes en la atención a menores migrantes
La controversia judicial aparece en un contexto de transformaciones en la manera en que el Gobierno estadounidense administra los asuntos relacionados con menores extranjeros.
A inicios de mes trascendió que la administración Trump pondría abogados federales a trabajar en casos relacionados con niños migrantes, mediante una nueva estructura dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Aquella medida se refiere a la organización de los servicios jurídicos del Gobierno y es distinta de la demanda presentada ahora en Maryland, que cuestiona la aceleración de los procedimientos de asilo y deportación.
Por otra parte, un informe reciente sobre arrestos de menores por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puso nuevamente bajo atención pública la situación de los niños afectados por la aplicación de las políticas migratorias en Estados Unidos.
Ese informe aborda estadísticas de detenciones y no constituye una resolución ni un antecedente procesal de The Door v. Edlow.
Por ahora, la novedad es la apertura de un litigio federal que busca someter a revisión judicial la rapidez con que se tramitan determinados casos de menores no acompañados.
Las organizaciones demandantes reclaman que la búsqueda de procedimientos más rápidos no prive a los niños de una oportunidad real de solicitar protección.
El registro de litigios del National Center for Youth Law mantiene el caso identificado como activo, sin que ello implique que se haya dictado una sentencia favorable a los demandantes.
Los casos de asilo y deportación de menores migrantes no acompañados son parte de un panorama migratorio en constante cambio. Sigue toda la actualidad en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
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