Cuba contabilizó 883,446 personas en situación de vulnerabilidad al cierre de agosto, 6,924 más que en abril, mientras las autoridades reconocen deficiencias en la atención institucional y reclaman respuestas que vayan más allá de la entrega de alimentos.
Al respecto, el portal oficialista Cubadebate informó el viernes que el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz presentó la atención a este sector como una prioridad gubernamental durante una reunión de la Comisión Nacional de Políticas Sociales, en la que reclamó un trabajo más integral de las instituciones y las autoridades locales.
El aumento de casi 7,000 personas en cuatro meses expone la magnitud de las necesidades sociales que el propio gobierno reconoce, aunque los datos divulgados no detallan las causas de ese incremento ni la situación específica de los afectados.
Martínez advirtió que la respuesta estatal no debe limitarse a distribuir módulos alimenticios. Al respecto remarcó que las instituciones deben buscar activamente a quienes necesitan apoyo y elaborar planes específicos para cada caso.
También propuso que todas las instituciones sociales reciban respaldo de alguna entidad económica, de acuerdo con su responsabilidad social.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, anunció la distribución de módulos de alimentos para las personas identificadas en mayor estado de vulnerabilidad. Los listados deberán ser conciliados entre las direcciones municipales de Trabajo y las Oficinas de Control para la Distribución de los Abastecimientos (Oficodas).
La viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh insistió en la necesidad de acudir directamente a las comunidades. "Hay que ir casa a casa, no hay otra forma", afirmó, al pedir mayor sensibilidad ante las dificultades de las familias.
En la misma reunión, Rolando Yero Travieso, jefe del departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, cuestionó el funcionamiento de las comisiones encargadas de estas tareas.
"Las acciones de las comisiones tienen que dejar de ser burocráticas", señaló el funcionario, antes de advertir que "no se puede conocer un problema y no buscarle una solución".
Las declaraciones oficiales ponen el foco en la necesidad de mejorar la atención a las personas vulnerables, pero también reconocen que la respuesta institucional requiere cambios.
Tras efectuar 1,318 entrevistas entre el 27 de junio y el 29 de julio, en 79 municipios, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) encontró que 94 % de la población consultada vivía en pobreza extrema.
El economista Pedro Monreal calculó que extender la cobertura a todos los vulnerables reconocidos oficialmente costaría unos 24,300 millones de pesos, 4,5 veces el gasto actual en protección social, una cifra que el gobierno no tiene capacidad de financiar.
La aplicación práctica del nuevo sistema ya genera exclusiones arbitrarias. Un adulto mayor del reparto Cabrera, en Contramaestre, Santiago de Cuba, fue privado del módulo alimentario porque su hija reside en Brasil, de acuerdo con una denuncia pública.
A nivel provincial, Santiago de Cuba identificó más de 101,000 personas vulnerables, más de 10% de su población, mientras que Holguín reconoció 90,148 casos, equivalente a uno de cada 10 habitantes de la provincia.
La pensión mínima en Cuba es de 4,000 pesos mensuales, equivalente a unos cinco dólares al cambio informal, mientras 79 % de los mayores de 70 años no puede realizar tres comidas diarias, según el OCDH.
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