Un anciano residente en el reparto Cabrera, municipio de Contramaestre, Santiago de Cuba, fue rechazado en la bodega local cuando fue a retirar su módulo alimentario. El motivo: tener una hija viviendo en Brasil.
Su hijo Abdel Álvarez denunció el caso en Facebook con una fotografía del afectado y una descripción del episodio que calificó de abuso.
«Este señor que está aquí es mi papá que vive en Contramaestre, fue a recibir un módulo que llegó a la bodega y por el simple hecho de tener una hija en Brasil le dijeron que entonces no le tocaba», escribió Álvarez en su publicación.
El denunciante no ocultó su indignación: «¿Hasta cuándo hay que soportar tanta represión y abusos hasta con las personas mayores de este mísero país?».
Álvarez también señaló que los módulos son donaciones de otros países y que «deben ser regalados», cuestionando así la lógica de excluir a un anciano vulnerable por el lugar de residencia de un familiar.
El caso no tiene respaldo normativo. No existe ninguna disposición publicada en la Gaceta Oficial que establezca que tener un familiar en el extranjero sea causa legal para negar el acceso a un módulo alimentario.
Sin embargo, este no es el primer episodio de este tipo: a comienzos de octubre, el periodista José L. Tan Estrada denunció en Camagüey que el supermercado Montecarlo exigía que el solicitante no tuviera familiares en el extranjero registrados en su libreta para acceder a la venta subsidiada de aceite. En ese caso, el afectado era un abuelo cuyo nieto ni siquiera le enviaba remesas.
El patrón sugiere que el criterio de exclusión por vínculos con emigrados se aplica de forma discrecional en distintos territorios, sin instrucción oficial publicada que lo respalde.
Ambos casos se producen en el marco del nuevo modelo de protección social focalizada aprobado por la Asamblea Nacional en junio de 2026, que sustituyó los subsidios universales por ayudas dirigidas a personas clasificadas mensualmente como vulnerables por grupos multidisciplinarios de los consejos populares.
Bajo ese esquema, el primer ministro Manuel Marrero anunció que más de 883,000 personas recibirían mensualmente un módulo con cinco libras de arroz —donación de China, entregado de forma gratuita—, una libra de azúcar y una libra de chícharos, garantizado hasta enero de 2027.
En Santiago de Cuba, las autoridades identificaron 101,359 personas vulnerables —más del 10% de la población provincial— atendidas por 154 bodegas habilitadas en los nueve municipios. De ellas, 25 corresponden a Contramaestre, el municipio donde fue rechazado el padre de Álvarez.
A escala nacional, el régimen seleccionó 1,913 bodegas para distribuir los módulos a la población clasificada como vulnerable. La decisión de quién accede y quién no queda en manos de esos grupos locales, sin mecanismos de apelación conocidos ni criterios publicados con claridad.
Cuba cuenta con más de un millón de emigrantes. Muchos de sus familiares en la isla dependen económicamente de las remesas, pero otros —como el anciano de Contramaestre— no reciben ayuda del exterior y aun así son penalizados por el mero hecho del parentesco, en un país donde la escasez alimentaria es ya una emergencia cotidiana.
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