Un cubano de 46 años fue condenado a 17 años y seis meses de prisión federal en Texas por obligar a tres mujeres, también cubanas, a trabajar en clubes de entretenimiento para adultos para pagar deudas migratorias de hasta 50,000 dólares que él mismo les había impuesto.
El condenado, identificado como Yoirlan Tome-Rojas, había financiado el traslado de las tres mujeres desde Cuba hasta Estados Unidos, pero una vez en territorio estadounidense las sometió a un sistema de explotación laboral que les impedía abandonar sus trabajos o disponer de sus ganancias.
Según informó este lunes 19 de octubre el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Tome-Rojas pagó vuelos, hoteles, conductores y traficantes que facilitaron el cruce irregular de las mujeres por la frontera con México.
Según los documentos judiciales, el condenado impuso a las mujeres deudas de hasta 50,000 dólares y las obligó a trabajar siete días por semana en clubes de entretenimiento para adultos, mientras se apropiaba de sus ganancias.
Durante varios meses, el hombre trasladó a las víctimas entre establecimientos de Indiana, Michigan y San Antonio, Texas.
El mecanismo de explotación incluía aumentar continuamente las deudas con cargos por alimentos, ropa, alojamiento y transporte, lo que dificultaba aún más que pudieran liberarse de su control.
Dos de las mujeres permanecieron aproximadamente tres meses bajo su control y, según el propio Tome-Rojas, durante ese período solo habían logrado abonar alrededor de 1,000 dólares a la deuda.
Las víctimas temían por sus vidas y por la seguridad de sus familiares que permanecían en Cuba, de acuerdo con los documentos judiciales.
El periódico San Antonio Express-News había revelado que las mujeres denunciaron amenazas de muerte y que el caso comenzó a investigarse después de que la Policía de San Antonio recibiera una alerta en marzo de 2024.
Tome-Rojas se declaró culpable el 3 de junio de 2026 de tres cargos de trata de personas con fines de explotación laboral.
El juez federal Xavier Rodríguez le impuso 210 meses de prisión por cada uno de los tres cargos, con cumplimiento simultáneo, por lo que la pena efectiva será de 17 años y medio.
El fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, calificó el caso como «esclavitud moderna» y advirtió que estas formas de explotación son más frecuentes de lo que muchos estadounidenses imaginan.
La investigación estuvo a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), perteneciente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y del Departamento de Policía de San Antonio.
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