Una investigación periodística ha documentado la detención de más de 500 ciudadanos estadounidenses por agentes federales de inmigración durante la ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump, incluidos menores de edad, personas que grababan operativos y ciudadanos que permanecieron durante días sin poder comunicarse con sus familiares o abogados.
Los hallazgos fueron examinados este miércoles en una entrevista del programa PBS NewsHour con Nicole Foy, periodista de ProPublica, realizada después de que otro ciudadano estadounidense denunciara haber sufrido lesiones graves durante una detención de agentes migratorios en California.
La investigación original, publicada por ProPublica a inicios de mes, identificó 506 ciudadanos estadounidenses retenidos por agentes federales entre enero de 2025 y septiembre de 2026.
El recuento incluye desde personas esposadas durante unos minutos hasta ciudadanos que pasaron varios días bajo custodia.
También abarca detenciones realizadas por distintas agencias federales participantes en operaciones migratorias, por lo que no todos los casos corresponden exclusivamente a agentes de ICE.
La nueva entrevista de PBS se produjo tras conocerse imágenes de la detención de Ricardo González, un ciudadano estadounidense que resultó lesionado durante un encuentro con agentes migratorios en Long Beach, California.
El incidente ocurrió el sábado, cuando González circulaba en una bicicleta eléctrica y se encontró con un vehículo de ICE sin identificación exterior.
Las imágenes difundidas muestran al hombre posteriormente esposado y tendido boca abajo mientras grita que tiene un brazo roto y pide ayuda.
Según PBS, González fue trasladado después a un hospital, donde recibió atención por lesiones graves.
ICE sostuvo que el hombre fue arrestado porque participaba en disturbios y causó daños a un vehículo gubernamental. Las imágenes difundidas no permiten determinar si el vehículo de los agentes llegó a golpearlo.
Las autoridades de California han solicitado investigar la actuación de los funcionarios federales involucrados.
Al comentar el caso, Nicole Foy explicó que presenta similitudes con otros incidentes documentados por ProPublica, en los que ciudadanos estadounidenses terminaron retenidos durante manifestaciones, encuentros inesperados con agentes migratorios o intervenciones desarrolladas en sus propios vecindarios.
La periodista señaló que los investigadores encontraron situaciones muy diferentes. Algunas personas fueron detenidas después de ser acusadas de interferir en operaciones migratorias o agredir a funcionarios federales.
En determinados casos, las acusaciones dieron lugar a procesos penales. En otros, los testimonios y las grabaciones disponibles contradijeron las versiones iniciales de las autoridades, o los afectados fueron liberados sin que se presentaran cargos.
Otra parte de las detenciones ocurrió porque los agentes cuestionaron la ciudadanía estadounidense de las personas interceptadas, incluso cuando estas afirmaban haber nacido en el país o tener documentos que acreditaban su condición legal.
Foy mencionó situaciones registradas en obras de construcción y otros lugares de trabajo, donde algunos ciudadanos fueron interrogados por hablar poco inglés o porque los agentes sospecharon que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos.
La investigación de ProPublica identificó más de cien estadounidenses retenidos después de que funcionarios migratorios cuestionaran su ciudadanía. Casi todos eran personas de color, según el análisis periodístico.
Entre los 506 afectados también se documentaron al menos 70 niños y adolescentes, algunos de los cuales fueron esposados o inmovilizados mediante bridas plásticas.
Los periodistas identificaron además al menos 63 ciudadanos detenidos mientras grababan intervenciones de agentes y 36 que permanecieron durante un día o más sin poder contactar a sus familias o abogados.
La investigación también documentó la expulsión del país de aproximadamente una docena de ciudadanos estadounidenses, en su mayoría menores que viajaron con sus padres inmigrantes, en circunstancias que generaron controversias sobre el consentimiento familiar y las garantías legales.
Uno de los aspectos que más preocupó a los investigadores fue la dificultad de las familias para localizar a personas retenidas en el sistema de detención migratoria.
Durante la entrevista con PBS, Foy explicó que algunos ciudadanos permanecieron esposados durante apenas 15 o 20 minutos, mientras otros fueron trasladados a instalaciones donde sus familiares y representantes legales no lograron conocer inmediatamente su paradero.
La periodista también señaló que varias de esas detenciones estuvieron acompañadas de lesiones físicas que requirieron atención médica.
El recuento de 506 casos no representa una estadística oficial del Gobierno estadounidense. ProPublica elaboró su propia base de datos a partir de expedientes judiciales, videos, publicaciones en redes sociales, testimonios y coberturas periodísticas locales.
El medio advierte que la cantidad real podría ser superior, debido a que no existe un registro público completo de las veces que agentes migratorios retienen a ciudadanos estadounidenses.
Para su investigación, ProPublica consideró como detención cualquier situación en la que una persona no tuviera libertad para marcharse, incluso si no había sido ingresada formalmente en un centro de custodia.
La distinción resulta importante porque una persona puede ser retenida temporalmente sin que posteriormente se presente una acusación penal en su contra.
En cuanto a los arrestos vinculados con supuestas agresiones u obstrucciones a funcionarios, ProPublica documentó más de 300 ciudadanos detenidos. Menos de la mitad fueron acusados formalmente ante tribunales federales.
De los 137 casos en los que se presentaron cargos federales, aproximadamente la mitad terminó con las acusaciones retiradas o desestimadas, aunque también hubo condenas y procesos que continuaban abiertos al momento de la investigación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha rechazado que sus agentes realicen arrestos indiscriminados de ciudadanos estadounidenses y sostiene que sus operaciones se desarrollan mediante procedimientos de identificación y verificación.
Ante las preguntas de ProPublica, el organismo defendió que sus intervenciones están dirigidas a objetivos específicos y advirtió que las personas que obstruyan a los agentes pueden enfrentar consecuencias legales, incluido el arresto.
Sin embargo, antiguos funcionarios federales consultados por los periodistas expresaron preocupación por la cantidad de ciudadanos retenidos y las circunstancias en que se produjeron algunas intervenciones.
Foy explicó a PBS que dos exfuncionarios con amplia experiencia en inmigración consideraron especialmente preocupantes las imágenes relacionadas con el uso de la fuerza y las razones alegadas para detener a determinadas personas.
Uno de ellos, Darius Reeves, quien dirigió anteriormente la oficina de ICE en Baltimore, afirmó a ProPublica que nunca había presenciado tantos incidentes con ciudadanos estadounidenses durante su carrera.
La investigación también plantea interrogantes constitucionales. La Cuarta Enmienda protege contra registros y detenciones irrazonables, mientras la Primera Enmienda ampara la libertad de expresión, la protesta pacífica y, bajo determinadas condiciones, la grabación de actividades policiales en espacios públicos.
No obstante, los agentes federales pueden detener o arrestar a ciudadanos estadounidenses en circunstancias legalmente justificadas, incluidas sospechas razonables durante determinadas verificaciones y situaciones en las que existan motivos suficientes para investigar posibles delitos.
El análisis de ProPublica cuestiona si esas condiciones se cumplieron en numerosos incidentes documentados, especialmente cuando las detenciones estuvieron relacionadas con la apariencia física, el idioma, la participación en manifestaciones o la grabación de agentes.
Los hallazgos han provocado nuevas iniciativas legislativas. El 19 de octubre, ProPublica informó que legisladores demócratas de la Cámara de Representantes presentaron una propuesta para facilitar que ciudadanos detenidos indebidamente por ICE puedan demandar al Gobierno federal.
La iniciativa surgió a partir de los casos documentados por el medio y busca ampliar las posibilidades de obtener una reparación judicial cuando se aleguen detenciones ilegales o vulneraciones de derechos.
El problema ya había motivado investigaciones legislativas anteriores. En diciembre de 2025, una investigación impulsada por demócratas del Senado examinó los testimonios de casi dos decenas de ciudadanos estadounidenses que denunciaron detenciones y malos tratos durante operativos migratorios.
Los investigadores describieron situaciones de uso excesivo de la fuerza, dificultades para acceder a abogados y retenciones prolongadas pese a que los afectados aseguraban ser ciudadanos estadounidenses.
La investigación original de ProPublica ya había sido difundida el 8 de octubre, cuando se documentó la detención de 506 estadounidenses, entre ellos menores de edad, durante operaciones federales entre enero de 2025 y septiembre de 2026.
Aquella información incluyó casos ocurridos en Florida, entre ellos el de un ciudadano de 20 años que permaneció más de 24 horas detenido en una cárcel pese a presentar documentos de ciudadanía.
También recogió el caso de una mujer en Key Largo que fue retenida nuevamente mientras conducía un vehículo registrado a nombre de su pareja inmigrante y que aparece en un video pidiendo ayuda mientras asegura ser ciudadana estadounidense.
En enero, la abogada de inmigración Katia Quiroz explicó las condiciones legales para grabar redadas y arrestos de ICE en Estados Unidos, y recordó que documentar intervenciones en espacios públicos es una actividad generalmente protegida, siempre que no se obstaculice físicamente la labor de los agentes.
La presión sobre el sistema migratorio también ha sido objeto de seguimiento durante 2026. A finales de septiembre, un análisis sobre las nuevas tácticas de ICE informó que la agencia había registrado 50,925 arrestos durante agosto, en medio de cambios operativos y un aumento de las intervenciones migratorias en diversas ciudades estadounidenses.
Los operativos de ICE y sus consecuencias para ciudadanos y migrantes siguen generando nuevos desarrollos. Mantente informado en nuestra sección de Inmigración en EE.UU., donde cubrimos arrestos, deportaciones y cambios en la política migratoria.
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