La propuesta para reducir el impuesto a la propiedad en Florida enfrenta una nueva división dentro del Partido Republicano. Ben Albritton, presidente del Senado estatal, anunció que votará contra la Enmienda 3 en las elecciones del 3 de noviembre, pese a que él mismo apoyó llevar la medida a las urnas.
El legislador republicano, que votó a favor de la iniciativa cuando el Senado la aprobó por 30 votos contra nueve en junio, justificó ahora su rechazo por el impacto que tendría sobre los servicios públicos, especialmente en las comunidades rurales, según informó Florida Phoenix el 20 de octubre.
«La Enmienda 3 eliminaría hasta el 30% de los recursos de los condados rurales de Florida, destruyendo el apoyo esencial a las fuerzas del orden, los servicios de emergencia y la infraestructura crítica», advirtió Albritton en una declaración difundida el martes por la Florida Sheriffs Association.
Su postura contrasta con el respaldo que había expresado meses atrás a una mayor exención fiscal para los propietarios de viviendas.
Albritton no es el único republicano que cambió de posición. La expresidenta del Senado Kathleen Passidomo también anunció que votará en contra, pese a haber apoyado anteriormente la iniciativa.
A ellos se suman organizaciones estatales de sheriffs, policías y bomberos, que advierten sobre posibles recortes de servicios públicos.
DeSantis defiende la rebaja y Miami-Dade se divide
El gobernador Ron DeSantis defendió el miércoles la Enmienda 3 durante un encuentro con funcionarios locales celebrado en la sede de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
Durante la reunión, DeSantis cuestionó las advertencias de gobiernos locales sobre posibles recortes de servicios públicos y sostuvo que las administraciones pueden reducir gastos sin comprometer las prestaciones esenciales.
«Esto es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Si dependiera de los políticos, nunca habrían puesto esto en la boleta», afirmó, al restar importancia a las críticas de dirigentes republicanos.
La propuesta aumentaría la exención del impuesto a la propiedad para las viviendas principales (homestead) a los primeros 150,000 dólares de su valor fiscal en 2027 y a 250,000 dólares en 2028. La ampliación se aplicaría únicamente a los impuestos no destinados a las escuelas, por lo que la parte correspondiente al financiamiento escolar permanecería sin cambios. Además, la propuesta reduciría del 10% al 5% el límite anual de aumento de la valoración fiscal de las propiedades que no califican como vivienda principal, incluidas las destinadas al alquiler.
En Miami-Dade, la sheriff cubanoamericana Rosie Cordero-Stutz, el tasador de propiedades Tomás Regalado y el recaudador de impuestos Dariel Fernández figuran entre los funcionarios republicanos que respaldan la medida.
Sin embargo, la alcaldesa demócrata Daniella Levine Cava advierte sobre sus consecuencias para los servicios públicos. Según las estimaciones oficiales del condado, Miami-Dade podría dejar de recaudar aproximadamente 385.8 millones de dólares en el primer año y 696.7 millones anuales a partir del segundo, a las tasas impositivas actuales.
La alcaldesa ha señalado que esa pérdida de ingresos podría comprometer servicios esenciales, incluidos bomberos y bibliotecas.
¿Qué pasaría con los propietarios y los inquilinos?
Para numerosos propietarios, incluidos miles de cubanos residentes en Florida, la Enmienda 3 podría representar una reducción significativa del impuesto sobre su vivienda principal. Un análisis estimó que los propietarios elegibles en Miami-Dade podrían ahorrar un promedio cercano a los 1,500 dólares anuales una vez que la ampliación de la exención fiscal esté plenamente implementada en 2028, siempre que la propuesta sea aprobada por los votantes.
Pero los inquilinos no recibirían directamente ese beneficio y podrían enfrentar consecuencias económicas diferentes.
Un estudio sobre el impacto de la Enmienda 3 proyectó que los impuestos de las viviendas unifamiliares destinadas al alquiler podrían aumentar, en promedio, unos 1,081 dólares anuales en Florida para 2028, si los gobiernos locales elevan sus tasas para compensar ingresos perdidos. Parte de ese costo podría trasladarse a los inquilinos.
La propuesta también establece que quienes se conviertan en residentes de Florida después del 31 de diciembre de 2026 tendrían que esperar hasta su quinto año de elegibilidad para acceder a la exención ampliada.
La Enmienda 3 necesita al menos el 60% de los votos para incorporarse a la Constitución estatal. Una encuesta de la Universidad del Norte de Florida, publicada el miércoles, registró un 50% de apoyo, un 35% de rechazo y un 14% de indecisos.
La decisión final quedará en manos de los votantes el próximo 3 de noviembre.
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