Un alto funcionario del Departamento de Estado expuso este lunes, en una conferencia de prensa telefónica en modo reservado, el plan detallado que Washington impulsa para la transición política en Venezuela: renovar las instituciones judiciales y electorales antes de convocar comicios, y presionar a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para que declare la vacancia permanente de la presidencia.
La hoja de ruta tiene tres pasos secuenciales. El primero es la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de mediados de diciembre de 2026. El segundo es la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE) poco después. El tercero, y más determinante, es que Rodríguez declare formalmente la falta absoluta en la presidencia, lo que activaría constitucionalmente un plazo de seis meses para convocar elecciones y situaría los comicios en la segunda mitad de 2027.
El funcionario fue categórico sobre por qué este orden importa: «No se puede tener una elección libre y justa que sea aceptada por ambas partes y todas las partes en un país mientras esa infraestructura esté en pie. Esa infraestructura necesita ser arrancada y reemplazada por algo nuevo».
Para explicar la urgencia de la reforma institucional, el funcionario repasó el fracaso del proceso negociado bajo la administración Biden en 2024: ese gobierno otorgó concesiones irreversibles —alivio de sanciones, liberación de los sobrinos narcoconvictos de Cilia Flores y del empresario Alex Saab— pero las elecciones se celebraron con el mismo TSJ y el mismo CNE de siempre, lo que hizo imposible un resultado legítimo.
El TSJ es descrito por Washington como la institución más poderosa de Venezuela. «Ha sido durante mucho tiempo un instrumento del régimen y de Maduro, y 2015 realmente amplificó eso. De hecho, fue el TSJ el que dictaminó que la Asamblea Nacional era ilegal», señaló el funcionario. En cuanto al CNE, subrayó que su función va mucho más allá de administrar elecciones: «También decide qué partidos pueden registrarse y quién puede presentarse. Así fue como inhabilitaron a María Corina, por ejemplo».
En la cuarta ronda de conversaciones celebrada esta semana, la Asamblea Nacional de 2015 —representante de la oposición— y el PSUV a través de Jorge Rodríguez acordaron crear un Comité de Postulaciones Judiciales de 23 miembros, juramentado el 22 de octubre, integrado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil. Ese comité propondrá 32 magistrados para el TSJ —número elevado desde 20 tras una reforma legal aprobada en agosto— con fecha límite el 11 de diciembre para presentarlos ante la Asamblea Nacional.
El funcionario destacó la calidad de los integrantes del comité: «Casi en su totalidad profesores de derecho y personas de reconocido prestigio, no actores políticos per se, así que eso fue un desarrollo muy positivo».
Para la reforma del CNE se seguirá un proceso similar mediante un comité de expertos, aunque sin necesidad de ratificación parlamentaria. «Una vez que se establezcan esas dos cosas, el nuevo TSJ a finales de este año, y el nuevo CNE poco después, entonces Rodríguez debería declarar vacante permanente en la presidencia», precisó el funcionario.
El objetivo final declarado por Washington es claro: «Lograr unas elecciones en las que, una vez celebradas, la parte perdedora reconozca que el proceso fue justo».
El proceso se desarrolla en un momento de alta tensión política. El domingo, María Corina Machado regresó a Venezuela tras casi diez meses en el exterior, recorriendo unos 400 kilómetros en caravana desde Barquisimeto hasta Caracas, donde fue recibida por miles de simpatizantes. Rodríguez calificó el regreso de «show». El secretario de Estado Marco Rubio advirtió por su parte: «Creo que estamos logrando avances reales en ese sentido. Pero si alguien intenta descarrilar el proceso, estará causando un gran daño a Venezuela».
La próxima ronda de negociaciones está prevista para el 11 al 15 de noviembre, con la reforma del CNE como punto central de la agenda.
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