El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó la confiscación de los pasaportes de Flávio Bolsonaro y le prohibió abandonar el país, en el marco de una investigación penal por presunto lavado de dinero, según informó la revista Time este martes.
La medida fue dictada por el magistrado Alexandre de Moraes y se hizo pública el lunes, apenas un día después de que Bolsonaro perdiera la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, es investigado por presuntos vínculos con el abogado Willer Tomaz, a quien las autoridades acusan de haber movido más de 1,000 millones de dólares a través de un esquema fraudulento, de acuerdo con lo reportado por el New York Times.
La investigación tiene su origen en una operación federal lanzada en abril de 2025 sobre deducciones no autorizadas de pagos de pensiones del sistema de seguridad social brasileño, que derivó en el examen de presuntas operaciones de lavado de dinero a través de plataformas de apuestas y transacciones financieras ligadas a Tomaz.
La Policía Federal descubrió que Bolsonaro habría tenido acceso de «usuario maestro» a cuentas bancarias de Alcazar Holdings, empresa registrada en Madeira, Portugal, y propiedad de Tomaz.
En mayo de 2025, un colaborador de Tomaz solicitó al banco que eliminara ese acceso. Ambos niegan tener cuentas conjuntas o vínculos financieros de ningún tipo.
Bolsonaro tampoco entregó sus documentos dentro del plazo de 24 horas fijado por el tribunal, por lo que la Policía Federal procedió a cancelarlos este martes. De Moraes también le prohibió mantener contacto con Tomaz y activó una alerta migratoria para impedir su salida del país.
El senador calificó la medida como un intento de intimidación política y, en un video publicado en redes sociales, declaró: «No fui yo quien perdió. El sistema ganó».
La decisión judicial llega en un momento de máxima tensión política en Brasil. Bolsonaro inicialmente rechazó reconocer el resultado electoral y anunció que pediría la anulación de los comicios, aunque su Partido Liberal terminó reconociendo la victoria de Lula este martes.
En el balotaje del 25 de octubre, Lula obtuvo 64,256,232 votos (51,79%) frente a 59,826,041 de Bolsonaro (48,21%), una diferencia de más de 4,4 millones de sufragios.
El presidente Donald Trump, aliado de los Bolsonaro, cuestionó la legitimidad de las elecciones brasileñas sin aportar prueba alguna: «No tomé partido, pero pareció otra elección amañada», afirmó. El vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin respondió que esas declaraciones eran «completamente equivocadas».
El Supremo Tribunal Federal había concedido una extensión de dos horas al horario de votación del domingo, citando problemas de transporte. Menos del 0,03% del total de votos —menos de 35,000 sufragios— se registraron durante esas dos horas adicionales.
La familia Bolsonaro acumula un historial judicial de peso. Jair Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por intentar dar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022, pena que cumple en arresto domiciliario por problemas de salud.
Su otro hijo, Eduardo Bolsonaro, fue condenado en junio de 2026 a cuatro años y dos meses de prisión por coacción judicial, al haber intentado presionar a la administración Trump para que aplicara sanciones contra autoridades judiciales brasileñas; reside en Texas y no ha sido extraditado.
Lula iniciará su cuarto mandato presidencial el 5 de enero de 2027, convirtiéndose en el primer presidente de Brasil en alcanzar cuatro mandatos.
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