La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) ordenó este miércoles a nueve grandes compañías —aerolíneas, plataformas de transporte y empresas de entrega y venta minorista— entregar información detallada sobre el uso de datos personales para determinar cuánto pagan los consumidores y cuánto cobran sus trabajadores.
Las órdenes fueron emitidas bajo la Sección 6(b) de la Ley de la FTC, que faculta a la agencia para realizar estudios amplios sin que exista necesariamente una acusación formal de infracción.
Las empresas destinatarias son Delta, United, JetBlue, Lyft, Uber, DoorDash, Instacart, Target y Walmart, y tienen 45 días desde la recepción de las órdenes para responder.
«Tenemos la intención de examinar la opaca metodología que algunas empresas de estas industrias podrían estar usando para determinar cuánto pagan los consumidores o cuánto cobran los trabajadores de plataformas por el mismo producto o servicio», declaró Andrew N. Ferguson, presidente de la FTC.
La agencia quiere saber si el precio de un boleto aéreo, un viaje en aplicación, una entrega de comida o un artículo de tienda varía de un cliente a otro según factores como el historial de navegación, la ubicación, la participación en programas de fidelización o el análisis de datos personales mediante algoritmos.
Ferguson añadió que «los consumidores merecen saber si las empresas usan sus hábitos de navegación u otros datos personales para estimar el precio más alto que pueden cobrarle a cada uno», y que los trabajadores también tienen derecho a conocer si su remuneración se ve afectada por el uso de sus datos.
En el caso de conductores y repartidores de plataformas como Uber, Lyft y DoorDash, la FTC examinará si las ofertas de pago dependen de datos personales del trabajador, como el uso del teléfono o el historial de aceptación de encargos anteriores.
A diferencia de las aerolíneas, que pagan salarios fijos o por hora, estas plataformas pueden variar la compensación ofrecida a cada persona mediante fórmulas opacas.
Las órdenes especiales solicitan información sobre metodologías, herramientas, algoritmos y pruebas realizadas desde el primero de enero de 2023.
Si alguna empresa se niega a entregar los datos requeridos, la FTC tiene potestad para exigir el cumplimiento ante un tribunal federal. La votación interna para aprobar las órdenes fue unánime: dos votos a favor, ninguno en contra.
Es importante subrayar que se trata de una investigación, no de una sanción ni una condena. La FTC no ha determinado que ninguna de las nueve empresas haya cometido infracción alguna.
Delta, por ejemplo, ya respondió públicamente que nunca ha utilizado ni está probando un sistema de tarifas individualizadas basadas en datos personales, y que sus precios dependen de la demanda y la disponibilidad de asientos.
Esta acción corrige un enfoque anterior que la propia agencia reconoció como fallido. En julio de 2024, la FTC investigó a ocho intermediarios tecnológicos —entre ellos Mastercard, JPMorgan Chase y McKinsey— sobre herramientas de fijación de precios, pero el estudio resultante no arrojó información sobre las decisiones reales de precios.
«La agencia no aprendió nada sobre las decisiones reales de precios con el estudio de 2024», reconoció la FTC en su comunicado de este miércoles.
La investigación tiene especial relevancia para los numerosos cubanos y otros inmigrantes en Estados Unidos que trabajan como conductores de Uber y Lyft o repartidores de DoorDash e Instacart, sectores donde la opacidad en la fijación de pagos ha generado protestas previas.
En febrero de 2024, miles de conductores y repartidores realizaron una huelga nacional de dos horas en Miami y otras ciudades para exigir mayor transparencia y mejores condiciones.
En agosto pasado, la FTC ya había publicado una propuesta de declaración de política advirtiendo que el uso no revelado de datos personales para personalizar precios podría constituir una práctica desleal o engañosa bajo la legislación federal.
La investigación anunciada este miércoles es un paso distinto y complementario: busca obtener los datos concretos que permitan a la agencia evaluar si esas prácticas existen y en qué medida.
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