Cuatro organizaciones de asistencia jurídica a inmigrantes presentaron este miércoles una demanda federal ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts para obligar al gobierno a revelar la ubicación de decenas de miles de personas detenidas por ICE con órdenes finales de deportación, cuya localización fue eliminada del sistema público de búsqueda en septiembre.
El caso, registrado como Greater Boston Legal Services et al. v. Mullin, número 1:26-cv-14869, fue interpuesto por Greater Boston Legal Services, Rian Immigrant Center, Florence Immigrant and Refugee Rights Project y Amica Center for Immigrant Rights, con el respaldo del National Immigration Law Center, el National Immigration Project, la ACLU y la ACLU de Massachusetts.
La demanda impugna la llamada «ODLS Final Order Policy», adoptada en torno al 15 de septiembre sin anuncio público ni notificación a detenidos ni a sus abogados, por la que ICE dejó de mostrar en su localizador en línea la ubicación de personas con órdenes administrativamente firmes de deportación.
Según los datos alegados, en julio de 2026 había una media de 66,904 personas diarias bajo custodia migratoria, de las cuales aproximadamente 21,700 —cerca del 32%— tenían órdenes finales y quedaron excluidas del sistema desde el primer día de aplicación de la política.
La política también incluye, según los demandantes, instrucciones explícitas a los agentes de ICE para que se nieguen a revelar la ubicación de los afectados cuando abogados o familiares lo soliciten por teléfono.
Las únicas excepciones son los detenidos en el centro de Adelanto, California, y en instalaciones temporales de Minneapolis, Nueva York y los suburbios de Chicago, donde órdenes judiciales previas obligan a ICE a mantenerlos visibles.
El localizador, creado en junio de 2010 y disponible en 11 idiomas las 24 horas del día, fue descrito por la propia agencia al lanzarlo como «un servicio al público, especialmente a familiares y representantes legales, para ayudar a localizar a personas arrestadas por violaciones administrativas de inmigración».
Las organizaciones denuncian que los mecanismos alternativos son ineficaces: las llamadas a las oficinas de campo generan largas esperas y cuelgues, la línea de información sobre detenciones solo opera de lunes a viernes y sus operadores consultan el mismo sistema que ya no muestra los datos, y el programa ERO eFile cubre apenas unos 46 centros de los cientos en uso.
«Nadie debería ser privado de una oportunidad significativa de defender sus derechos porque el gobierno haya hecho imposible que su abogado los encuentre», declaró Jacquelynne Bowman, directora ejecutiva de Greater Boston Legal Services. «Este cambio administrativo arbitrario deja a cientos de miles de personas en riesgo de consecuencias potencialmente irreversibles sin la ayuda legal esencial».
La demanda alega tres violaciones: la Ley de Procedimiento Administrativo, por abandonar 16 años de práctica consolidada sin explicación razonada; la Primera Enmienda, al bloquear la comunicación entre abogados y clientes; y la Ley de Libertad de Información, por no publicar el texto de la directiva en el Registro Federal.
El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado públicamente el cambio, pero emitió una declaración recogida por AP en respuesta a la demanda: «Los extranjeros ilegales en detención tienen varias formas de comunicarse con sus familiares y abogados. El proceso adecuado para un extranjero ilegal con órdenes finales de deportación es la expulsión, sin más».
El caso tiene implicaciones directas para familias y abogados que intentan localizar a detenidos, incluidos cubanos: la demanda cita el expediente de Noslén Sendra, cubano detenido en Krome North (Miami), como ejemplo de persona afectada por la política, aunque no figura como demandante en el caso.
El 30 de septiembre, 47 congresistas enviaron una carta al director interino de ICE, David Venturella, exigiendo revertir la política y entregar el texto de la directiva antes del 14 de octubre; según la demanda, Venturella no respondió.
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