Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos rechazó el intento del Gobierno de Donald Trump de levantar las restricciones impuestas a determinados operativos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contra ciudadanos estadounidenses durante el período electoral. La decisión mantiene los límites en nueve estados hasta el cierre de las urnas del próximo 3 de noviembre.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito resolvió el viernes denegar la solicitud de suspensión presentada por el Gobierno en el caso California Nurses Association v. Mullin.
Los jueces también declararon sin objeto una petición de suspensión administrativa, por lo que la orden judicial continuará vigente mientras se celebran las elecciones legislativas.
La resolución afecta a California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin, donde agentes federales habían desarrollado investigaciones relacionadas con personas sospechosas de registrarse o votar ilegalmente sin poseer la ciudadanía estadounidense.
En concreto, la orden impide al DHS realizar determinadas operaciones de campo e interrogatorios relacionados con las elecciones cuando involucren, o probablemente involucren, a personas que los agentes sepan, sospechen o deban razonablemente sospechar que son ciudadanos estadounidenses.
La restricción también alcanza a operaciones sustentadas exclusivamente en determinados registros de la base federal TECS, generados mediante el sistema de comparación de datos de elegibilidad electoral, cuando las personas investigadas sean conocidas o razonablemente identificables como ciudadanos.
El caso tiene especial relevancia para ciudadanos naturalizados, incluidos inmigrantes cubanos que obtuvieron la nacionalidad estadounidense y residen en alguno de los nueve estados afectados.
Los documentos judiciales describen investigaciones dirigidas a personas sospechosas de haberse registrado o votado antes de adquirir la ciudadanía, incluso cuando actualmente son estadounidenses.
La controversia surgió a raíz de una iniciativa del DHS destinada a identificar presuntos casos de participación electoral ilegal de extranjeros.
Según los documentos examinados por el tribunal, el programa emplea grandes volúmenes de información procedente de registros electorales y otras bases de datos para elaborar listas de personas que posteriormente pueden ser interrogadas por agentes federales.
Los jueces señalaron que el procedimiento presenta riesgos de errores en la identificación de la ciudadanía, particularmente cuando se utilizan registros incompletos o desactualizados.
La resolución recoge que algunas personas naturalizadas pueden aparecer incorrectamente clasificadas como extranjeras en la información utilizada para seleccionar objetivos de investigación.
La demanda fue presentada en septiembre por la Asociación de Enfermeras de California, National Nurses United, la Fundación Voto Latino y autoridades locales de California.
Los demandantes argumentaron que las visitas domiciliarias y los interrogatorios podían intimidar a ciudadanos estadounidenses y desalentar su participación en actividades electorales.
El tribunal consideró que miembros de las organizaciones de enfermería habían presentado pruebas suficientes de que el temor a estas operaciones afectaba su participación en actos de campaña, actividades de movilización de votantes y otras iniciativas relacionadas con las elecciones.
La controversia se centra en la sección 11(b) de la Voting Rights Act o Ley de Derecho al Voto, una disposición federal que prohíbe intimidar, amenazar o coaccionar a personas por votar o ayudar a otras a ejercer sus derechos electorales.
El Gobierno había solicitado suspender la medida cautelar al considerar que interfería con las facultades del Poder Ejecutivo para investigar posibles delitos electorales. También cuestionó el alcance de la orden y argumentó que sus restricciones podían perjudicar las funciones de las agencias federales.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que las autoridades no demostraron que mantener la restricción durante los días restantes hasta las elecciones les ocasionaría un perjuicio irreparable.
La corte consideró que la orden estaba suficientemente delimitada, tanto por los estados y las personas a los que se aplicaba como por su duración.
La decisión tampoco supone una prohibición general de las investigaciones por fraude electoral. Los jueces señalaron que el DHS conserva la posibilidad de investigar presuntas infracciones mediante otros procedimientos legales, sin recurrir a las actuaciones específicas que quedaron restringidas.
Ese mismo viernes, el tribunal descartó revisar nuevamente la decisión ante el pleno de sus jueces, después de que la propuesta no obtuviera el apoyo de la mayoría necesaria.
La negativa estuvo acompañada de una opinión disidente de la jueza Sarah Tung, respaldada por otros magistrados, quienes cuestionaron que la orden limitara las investigaciones del Gobierno sobre posibles infracciones electorales. Esa posición minoritaria no modificó el resultado del tribunal.
La decisión del Noveno Circuito mantiene la medida cautelar dictada el 21 de octubre por la jueza federal Araceli Martínez-Olguín, quien había establecido los límites ante el riesgo de intimidación a votantes estadounidenses.
La organización Protect Democracy, que representa a los demandantes, celebró la decisión y sostuvo que las investigaciones domiciliarias podían desalentar la participación electoral de ciudadanos estadounidenses, tanto nacidos en el país como naturalizados.
La medida sigue siendo provisional y no constituye una sentencia definitiva sobre la legalidad de todo el programa de investigaciones del DHS.
Según lo establecido por los tribunales, expirará automáticamente cuando cierren las urnas el martes 3 de noviembre de 2026.
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