El preso político y periodista independiente Jorge Bello Domínguez fue llevado el viernes 30 de octubre desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay hasta un hospital, pero volvió al penal sin que ningún médico lo examinara, según denunció su madre en entrevista con Martí Noticias.
Marta Domínguez Galero relató que la doctora del hospital se negó a atender a su hijo porque los custodios no habían gestionado el turno con anticipación, como era su obligación. «Llevaron a Jorge por fin al hospital a verlo. Cuando llegaron, la doctora no lo atendió porque le dijo al custodio que ellos sabían bien que tenían que sacar el turno con tiempo. Vino para atrás, por gusto, no lo vio ningún médico», declaró.
Bello Domínguez, de 50 años, aguarda desde hace más de un año una intervención quirúrgica para tratar dos quistes testiculares que le provocan episodios de sangrado, inflamación y fuertes dolores.
La operación fue recomendada por un urólogo cuando el periodista aún estaba recluido en el Combinado del Este, en La Habana, antes de su traslado a Guanajay en marzo de 2025. La prisión de Artemisa no cuenta con especialistas en urología, y según su madre, el fallido traslado del viernes fue la primera vez que las autoridades intentaban llevarlo a recibir atención especializada.
Domínguez Galero no ocultó su indignación ante lo ocurrido: «Está la misma situación con sus testículos, los dos quistes, y Jorge ahí pasando dolores y crisis. Si ellos saben que para llevarlo a un médico tienen que llamar con tiempo, ¿hasta cuándo es este abuso y esta falta de respeto? Ya hasta los médicos hacen rechazo a atender a un recluso solo por estar en contra de la dictadura».
El cuadro de salud del periodista es más amplio. Según documentación de Prisoners Defenders, Bello padece además diabetes tipo II, hipertensión arterial y asma. En junio de 2025, su madre ya alertaba que llevaba dos meses sin insulina ni medicamentos para la presión arterial tras el traslado a Guanajay.
En junio de 2026, el propio Bello envió una carta desde prisión en la que acusaba a funcionarios del penal de sabotear sus jeringas de insulina y manipular su medicamento, responsabilizando directamente al capitán Camilo Ernesto Hernández Ortega y a la primera teniente Lis Marelis Ajete Suárez. «Sé que camino al borde de un abismo y tengo la certeza de que algo se trama en mi contra», escribió entonces.
En marzo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 21/2026 (MC-203-26), mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Bello y tres familiares —su madre, su esposa Yuleydi López González y su hija Yésica Bello—, exigiendo al régimen cubano una valoración médica integral y tratamiento especializado. El Estado cubano no respondió a esa resolución ni aportó información durante el procedimiento.
Bello Domínguez, miembro del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) y promotor de Cuba Decide, cumple una condena de 15 años de prisión impuesta en abril de 2022 por un tribunal militar, por cargos relacionados con su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena, Artemisa. Su familia y organizaciones de derechos humanos han denunciado irregularidades en el juicio, incluida la ausencia de evidencias físicas y el uso del testimonio de un coacusado colaborador de la Seguridad del Estado.
El caso se inscribe en un patrón más amplio: según Prisoners Defenders, en septiembre de 2026 había 1,351 presos políticos en Cuba, de los cuales 476 padecían enfermedades graves con atención médica denegada parcial o totalmente.
Vídeos relacionados:
Archivado en: