El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) está deteniendo nuevamente a inmigrantes que consiguieron su libertad mediante decisiones de jueces federales.
Una investigación periodística identificó al menos 20 casos durante el último año, incluidos varios en los que las personas volvieron a quedar bajo custodia minutos después de ser liberadas.
La práctica fue abordada en una investigación de The Guardian que documentó los casos mediante expedientes judiciales, entrevistas con abogados y reportes de prensa.
Las personas afectadas habían conseguido resoluciones favorables mediante recursos de habeas corpus, un procedimiento que permite acudir a un tribunal federal para cuestionar la legalidad de una detención.
Sin embargo, obtener una orden de liberación no siempre ha significado recuperar efectivamente la libertad. En algunos casos, agentes migratorios han vuelto a detener a los inmigrantes casi inmediatamente después de que se ejecutara la decisión judicial.
Uno de los episodios más llamativos se produjo en Minnesota, donde siete inmigrantes fueron detenidos nuevamente antes de abandonar el edificio federal Bishop Henry Whipple, situado en las inmediaciones de Minneapolis.
La emisora Minnesota Public Radio (MPR) confirmó los siete casos y documentó situaciones en las que los afectados habían recibido sus pertenencias y firmado los documentos de liberación cuando agentes de ICE procedieron a arrestarlos otra vez.
Daniel Suitor, abogado de dos de los inmigrantes, cuestionó que una persona pueda ser conducida fuera de un edificio para quedar inmediatamente bajo custodia de varios agentes y que ese procedimiento sea considerado un cumplimiento efectivo de la orden de liberación.
Entre los casos documentados por MPR figura el de Milton Saltos Velasquez, quien el 19 de octubre recibió instrucciones de prepararse para salir del centro de detención, pero fue arrestado nuevamente antes de alcanzar la salida.
Saltos fue esposado y trasladado junto con otros inmigrantes hacia una cárcel del condado de Kandiyohi. Durante el recorrido, los agentes recibieron una comunicación para regresar porque uno de los detenidos debía ser liberado otra vez.
El juez federal Jeffrey Bryan, que intervino en el caso, cuestionó la práctica de volver a arrestar a una persona inmediatamente después de ordenar su liberación, al considerar que podría dejar sin efecto la protección que ofrece el recurso judicial.
Otro caso es el de Yader Cortez Andino, un inmigrante nicaragüense residente en Minnesota, cuya detención inicial fue declarada ilegal por un juez federal.
Cortez fue trasladado al edificio Whipple el 2 de octubre para recuperar su libertad, pero agentes migratorios lo arrestaron nuevamente poco después de salir. Posteriormente consiguió ser liberado otra vez.
En declaraciones a MPR, el inmigrante relató el impacto emocional que le produjo pasar de recibir una orden favorable a regresar inesperadamente a la custodia de ICE.
La investigación también recogió la experiencia de Akram Mahmoud Omar, un palestino de 77 años que sufrió un problema cardíaco mientras permanecía detenido en una instalación migratoria situada dentro de la prisión estatal de Angola, en Luisiana.
Según su abogada, Bridget Pranzatelli, Omar volvió a ser detenido por ICE apenas diez días después de obtener su libertad mediante un recurso de hábeas corpus.
Pranzatelli, integrante del National Immigration Project, aseguró que ha observado un fuerte incremento de las nuevas detenciones de personas que previamente habían conseguido resoluciones judiciales favorables.
La abogada sostuvo que algunas de estas actuaciones se producen en circunstancias que podrían contravenir directamente las órdenes emitidas por los tribunales federales.
La situación ha comenzado a provocar respuestas judiciales. En octubre, un tribunal federal de apelaciones del Décimo Circuito, con jurisdicción sobre varios estados del oeste del país, rechazó una petición del Gobierno relacionada con un recurso de hábeas corpus después de considerar sus antecedentes de nuevas detenciones de extranjeros que habían conseguido medidas favorables.
En Luisiana, un juez federal llegó a declarar en desacato a un alto funcionario migratorio por incumplimientos de órdenes judiciales relacionadas con Ibrahim Mohammed, un inmigrante que, según el reporte, había sido detenido nuevamente en tres ocasiones.
Otros tribunales de Pensilvania y Minnesota también han cuestionado estas actuaciones y, en determinados casos, han advertido sobre posibles sanciones por incumplir sus decisiones.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defiende que una orden judicial de liberación no impide de manera permanente que ICE vuelva a detener a una persona por motivos migratorios.
En declaraciones a MPR, la agencia afirmó que sus funcionarios pueden efectuar un nuevo arresto siempre que respeten las condiciones establecidas en la resolución judicial correspondiente.
La legalidad de cada nueva detención depende, por tanto, de las circunstancias del caso, de los fundamentos utilizados por ICE y de las restricciones impuestas por el tribunal.
Los abogados consultados por The Guardian relacionan parte de estas actuaciones con el aumento de las deportaciones hacia terceros países, especialmente cuando los inmigrantes no pueden ser expulsados a sus naciones de origen.
Algunas personas cuentan con órdenes que impiden enviarlas de regreso a su país debido al riesgo de persecución o tortura. Otras enfrentan dificultades porque sus gobiernos no aceptan recibirlas.
En esos casos, las autoridades estadounidenses han recurrido a la posibilidad de trasladarlas a países diferentes, aunque los inmigrantes no tengan vínculos familiares ni antecedentes de residencia en esos territorios.
Los representantes legales advierten que esa práctica puede dar lugar a nuevas detenciones después de que un tribunal haya considerado injustificada la permanencia de una persona bajo custodia.
El creciente número de litigios refleja la magnitud de las disputas por las detenciones migratorias. Un registro elaborado por ProPublica contabilizaba 91,246 recursos de hábeas corpus relacionados con inmigración desde enero de 2025, según datos actualizados hasta el 27 de octubre de 2026.
Ese número corresponde al total de recursos judiciales presentados para cuestionar detenciones, no a la cantidad de inmigrantes liberados ni a los casos de personas arrestadas por segunda vez.
Los casos de nuevas detenciones también han afectado a ciudadanos cubanos.
El pasado 2 de octubre, ICE volvió a detener al cubano Jean Marcell Pérez García, quien llevaba más de 23 años en Estados Unidos y había obtenido una orden de liberación de un juez federal de Florida en junio.
En aquel expediente, el tribunal consideró que la detención se había prolongado sin que las autoridades demostraran una posibilidad real de ejecutar su deportación en un futuro razonablemente previsible.
Sin embargo, meses después, ICE anunció un nuevo arresto de Pérez García, quien tenía una orden final de deportación y antecedentes penales.
Más recientemente, el 27 de octubre, una jueza federal de Nevada ordenó liberar al cubano Yunior Roldán y estableció expresamente que ICE no podría volver a detenerlo sin demostrar un cambio de circunstancias que hiciera razonablemente previsible su expulsión.
La misma resolución exigió garantías procesales antes de cualquier intento de deportarlo a un tercer país, incluida la notificación correspondiente y la oportunidad de plantear posibles riesgos de persecución o tortura.
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