Eric González Peña, un cubano de 44 años que residía en Texas, denunció en un video desde Bangui las precarias condiciones en que vive tras ser deportado a la República Centroafricana el 21 de octubre, pese a tener una petición familiar aprobada y estar casado con una ciudadana estadounidense.
González fue trasladado en un vuelo que partió desde Alexandria, Luisiana, junto a aproximadamente 90 migrantes, de los cuales 69 eran cubanos —64 hombres y cinco mujeres—. Según su propio testimonio, los deportados no supieron cuál era su destino hasta estar en el aire, y el trayecto duró entre 50 y 60 horas.
Desde los centros de detención, González y otros migrantes fueron sacados esposados de manos y pies; algunos fueron inmovilizados además con camisas de fuerza y mordazas.
El caso de Eric González refleja las complejidades del sistema migratorio estadounidense. Sigue todos los detalles sobre deportaciones, visas y derechos de los inmigrantes en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
En una entrevista para Telemundo 51, González describió que comparte alojamiento con unas 32 personas, en su mayoría migrantes hispanos, sin documentos oficiales, sin estatus legal, sin autorización para trabajar y con escasez de medicamentos.
Su esposa, Isabel Estua, ciudadana estadounidense nacida en ese país, declaró que no supo dónde se encontraba su marido durante casi «60 horas» tras la deportación. La pareja tiene un hijo de tres años.
Estua denunció además que el nombre de su esposo no aparecía en el localizador público del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ni siquiera durante el período de detención.
González llegó a Estados Unidos bajo el programa «Quédate en México» (Protocolos de Protección a Migrantes). Debió esperar por su cita en México pero cruzó la frontera estadounidense y posteriormente no compareció a su audiencia ante el tribunal de inmigración, lo que derivó en una orden de deportación en su contra.
Esa orden seguía vigente pese a que su esposa presentó y obtuvo la aprobación de una petición familiar I-130, pero eso no bastó para frenar la expulsión.
La abogada de inmigración Rosaly Chaviano, quien no representa legalmente a González, explicó que una petición de ese tipo no impide por sí sola una deportación cuando existe una orden de expulsión. Sin embargo, sí puede servir como parte de una estrategia legal posterior.
La esposa asegura que un juez había fijado el 1 de noviembre como fecha de protección frente a la deportación, pero González fue expulsado el 21 de octubre. También tenía un recurso de habeas corpus pendiente ante los tribunales. Su familia asegura que no tiene antecedentes penales.
ICE lo detuvo en marzo de 2026 en su lugar de trabajo, una empresa petrolera de Texas, y lo trasladó a centros de detención en El Paso y Luisiana antes del vuelo a Bangui.
El caso se inscribe en una política más amplia de la administración Trump de deportar migrantes a terceros países africanos.
Otros cubanos deportados previamente a Bangui habían denunciado síntomas de malaria y atención médica insuficiente. Al menos un compatriota logró salir hacia Bolivia con ayuda de organismos de la ONU, aunque esa vía no está garantizada para todos.
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