La víspera de las elecciones legislativas, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó por unanimidad el intento del Departamento de Justicia (DOJ) de forzar a California a separar las papeletas de unos 20,000 votantes identificados como presuntos no ciudadanos, mientras una corte de apelaciones le abrió al mismo tiempo una vía paralela para seguir presionando a funcionarios electorales en todo el país.
Las dos resoluciones, emitidas el lunes por el Supremo y por el Noveno Circuito, dibujan un escenario jurídico dividido con consecuencias directas para los cubanos naturalizados que acuden a las urnas este martes en Florida.
El máximo tribunal denegó sin un solo voto disidente la solicitud de emergencia del DOJ en el caso United States v. California (expediente 26A624).
La orden, de una sola frase, fue presentada ante la magistrada Elena Kagan y remitida al pleno: «La solicitud de interdicción pendiente de apelación presentada ante la magistrada Kagan y por ella remitida al tribunal queda denegada». Sin explicación adicional, los nueve jueces cerraron la puerta a que el Gobierno federal obligara a California a apartar esas papeletas.
Pero ese mismo lunes, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito resolvió en sentido contrario en un caso paralelo. Por mayoría de dos a uno, los jueces Carlos Bea y Consuelo Callahan concedieron al Gobierno la suspensión de una orden de restricción temporal que le prohibía enviar cartas amenazantes a funcionarios electorales.
La jueza presidenta Mary Murguia disintió con dureza, calificando la decisión de «irreconciliable» con el fallo del Supremo: «La asignación constitucional de los procedimientos electorales a los estados carece de sentido si los demandados pueden coaccionar a los estados para que abandonen sus propios procedimientos abusando de sus poderes de procesamiento».
El resultado práctico es que el DOJ no puede obligar directamente a California a segregar papeletas, pero conserva margen para seguir enviando cartas a funcionarios de cualquier estado —incluida Florida— exigiendo esa segregación y advirtiéndoles de posibles cargos penales.
El conflicto arrancó el 13 de octubre, cuando el DOJ dio a California y al condado de Los Ángeles 48 horas para revisar la lista de supuestos no ciudadanos. Tres días después, una segunda carta advertía que quienes «conscientemente contabilicen papeletas emitidas por personas identificadas por agencias federales como no ciudadanos se arriesgan a convertirse en cómplices de un delito federal». Según el voto disidente, el DOJ llegó a enviar cartas similares a funcionarios electorales de los 50 estados.
Por qué importa a los cubanos naturalizados
El sistema SAVE/USCIS utilizado para elaborar esas listas presenta errores documentados: en Missouri, entre el 35% y el 50% de los señalados resultaron ser ciudadanos; en Texas, 578 de los identificados lo eran. El propio director asociado de la unidad de fraude de USCIS, Nicolas Bartell, reconoció que los datos «pueden ser incompletos, desactualizados o no coincidir».
En Florida viven aproximadamente 691,000 votantes registrados de ascendencia cubana, y el 66% de los inmigrantes cubanos en Estados Unidos son ciudadanos naturalizados, tal como advirtió la demanda contra USCIS presentada el 29 de octubre. Las resoluciones del lunes se refieren específicamente a California; no hay constancia en los documentos judiciales de una carta dirigida específicamente a Florida, aunque el voto disidente señala que se enviaron comunicaciones a funcionarios de todos los estados.
Qué hacer si tu voto es cuestionado
Todo ciudadano naturalizado tiene pleno derecho a votar. Si su papeleta es cuestionada, puede solicitar una boleta provisional y aportar prueba de ciudadanía hasta las 17:00 del segundo día posterior a la elección. Para asistencia inmediata están disponibles las líneas de protección electoral: 866-OUR-VOTE (inglés) y 888-VE-Y-VOTA (español). Ante cualquier duda, se recomienda consultar a un abogado electoral o de inmigración.
Los residentes permanentes, titulares de I-220A o en situación de parole no deben votar bajo ninguna circunstancia: hacerlo constituye un delito federal con pena de hasta un año de prisión y consecuencias migratorias que pueden incluir la deportación, como ilustran los casos de cuatro cubanos acusados de voto ilegal entre los 48 extranjeros procesados por el DOJ en octubre.
La restricción que una jueza federal impuso sobre operativos del DHS en nueve estados —mantenida por el Noveno Circuito el 30 de octubre— expira al cierre de urnas de este martes, lo que deja el panorama legal en plena evolución mientras los votantes acuden a las mesas electorales.
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