El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que el embargo estadounidense no puede utilizarse como excusa para la negligencia, la indolencia ni la falta de atención de los funcionarios a la población, en unas declaraciones que contrastan con el discurso oficial que habitualmente atribuye los problemas del país a las sanciones de Washington.
«Donde hay negligencia, donde hay indolencia, donde hay el papel de un funcionario que no atiende a la población, ahí no hay bloqueo que valga, ni hay justificación de bloqueo que valga», afirmó durante el programa Criterio Compartido el 4 de noviembre.
Las palabras surgieron en el marco de una emisión dedicada íntegramente a la crisis del abastecimiento de agua, uno de los problemas más agudos que enfrentan los cubanos.
Según Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, al amanecer del 3 de noviembre cerca de 2,681,770 personas sufrían interrupciones del suministro por redes. El 66% de esas afectaciones se debía a fallos eléctricos —las estaciones de bombeo no operan sin electricidad— y el 25% a roturas en equipos de bombeo.
Durante el programa, ciudadanos de Santiago de Cuba y La Habana denunciaron haber pasado hasta dos años sin recibir agua por tuberías, una situación que Díaz-Canel calificó de «real, grave y compleja».
El gobernante mencionó el embargo, la crisis energética y el envejecimiento de las redes como factores que agravan el problema, pero estableció un límite claro a ese argumento: ninguna dificultad material justifica que los funcionarios no se presenten ante la población ni expliquen la situación.
«Una cosa es el problema objetivo, y otra cosa es cuando ese problema se acumula. Cuando hay personas que durante tiempo, con el problema acumulado, nadie ha ido a explicar, nadie ha ido a compartir con ellos la situación», señaló.
La admisión resulta inusual en el discurso oficial cubano, que durante décadas ha convertido el embargo en argumento universal para explicar las carencias del país. Al reconocer que existe una responsabilidad interna de los funcionarios que no puede cubrirse con ese argumento, Díaz-Canel introduce una fisura en ese relato, aunque sin cuestionar el sistema que designa y supervisa a esos mismos funcionarios.
«Ahí lo que hay es una responsabilidad que nosotros tenemos que exigir y eso es parte de lo que este programa tiene que poner sobre la mesa», añadió.
El señalamiento plantea interrogantes sobre los mecanismos reales de rendición de cuentas en Cuba, dado que los funcionarios señalados como negligentes son nombrados y controlados por las estructuras del Partido Comunista y el gobierno que él encabeza. Díaz-Canel también advirtió que «la solución de una queja no debería depender de que la persona aparezca en el programa».
El contexto energético agrava aún más el cuadro: este sábado, la Unión Eléctrica pronosticó una disponibilidad de apenas 1,070 MW frente a una demanda de 2,830 MW, cubriendo solo el 38% de las necesidades del país.
Cuba ha sufrido al menos siete desconexiones totales del sistema eléctrico durante 2026, y en algunos circuitos de La Habana se acumularon más de 52 horas consecutivas sin electricidad a comienzos de noviembre.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU estimó en septiembre que la cifra real de afectados por problemas de agua podía alcanzar los 3,5 millones de personas, mientras que las tuberías cubanas —muchas con entre 60 y 70 años de uso— pierden entre el 40% y el 70% del agua antes de llegar a los hogares.
Criterio Compartido es un programa quincenal que Díaz-Canel conduce junto a la periodista Bárbara Betancourt en Radio Rebelde desde el 23 de septiembre de 2026. Sus emisiones anteriores recogieron quejas sobre salarios insuficientes, pensiones bajas y falta de combustible, así como denuncias sobre jubilaciones impagas y adultos mayores sin atención.
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