El Ministerio del Interior (MININT) y la Aduana General de la República de Cuba anunciaron este martes, a través de medios estatales recogidos por EFE, que más de 250 personas fueron detenidas desde septiembre en el marco de un «plan de choque» antidrogas desplegado en varias provincias del país.
Según la versión oficial, los arrestados «operaban en ambientes complejos y reincidían en la comercialización de drogas, servían como bases de apoyo de organizadores cubanos radicados en el exterior, o se dedicaban al escamoteo de los recalos», término con el que se designa a los cargamentos de narcóticos arrojados al mar por redes internacionales y recogidos en costas cubanas.
Las detenciones se concentraron en La Habana, Matanzas y Granma, y los operativos incluyeron el desmantelamiento de 15 casas de consumo de crack ubicadas, según el comunicado estatal, «en focos y lugares complejos, fundamentalmente en La Habana».
La mayor parte de lo incautado correspondió a cannabinoides sintéticos —conocidos popularmente como «el químico»— distribuidos en hojas, tiras y papelitos. También se decomisaron cocaína, marihuana, crack y metanfetaminas, además de más de 43,000 dólares, 650 euros, dos automóviles, siete motocicletas e instrumentos de dosificación y venta.
La cifra supera con creces el balance anual de 2025, cuando el régimen informó de 507 kilogramos de droga incautados y 174 detenidos por narcotráfico a lo largo de todo ese año.
El anuncio llega en medio de una escalada documentada del consumo de drogas en la isla. Según datos oficiales citados por la agencia AP, las emergencias médicas relacionadas con el «químico» en La Habana casi se duplicaron entre 2024 y 2025, al pasar de 467 a 886 casos. El grupo más afectado es el de jóvenes de 14 a 25 años, con casos registrados desde los ocho años de edad.
El MININT reconoció a finales de octubre que la tenencia y el consumo de drogas ya alcanzan las 15 provincias del país. El coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del Órgano Especializado de Enfrentamiento Antidrogas, informó en esa ocasión que los laboratorios policiales han identificado 46 fórmulas distintas de cannabinoides sintéticos en circulación.
Una dosis de «químico» cuesta unos 250 pesos cubanos —aproximadamente 0,50 dólares—, lo que la convierte en la sustancia más accesible del mercado ilegal, especialmente para jóvenes en medio de la crisis económica.
La narrativa oficial insiste en señalar a cubanos emigrados como los cerebros de las redes de distribución, un recurso que el régimen ya empleó en febrero de 2022, cuando atribuyó una red desmantelada a cubanos organizados desde el exterior con 26 detenidos y más de 300 kilogramos incautados. Críticos señalan que esta retórica sirve también para desviar la atención de las condiciones internas que alimentan el consumo y el tráfico.
Las autoridades no publican estadísticas nacionales consolidadas sobre consumo de drogas, y el problema se aborda, según reconoció EFE, «principalmente como una cuestión de orden público», no de salud pública.
El Código Penal cubano sanciona «la tenencia y el tráfico de drogas ilícitas con penas desde cuatro a 30 años de cárcel, prisión perpetua y hasta la condena de muerte» para el tráfico internacional, mientras el régimen proclama «tolerancia cero» y afirma que Cuba «no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas».
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