La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) de Estados Unidos emitió el martes 10 de noviembre un nuevo precedente sobre las audiencias de fianza migratoria que exige a los jueces explicar cómo valoran las declaraciones de las partes cuando existen controversias sobre hechos relevantes para decidir la liberación de un detenido.
La decisión, Matter of G-M-T-, 30 I&N Dec. 228 (BIA 2026), Interim Decision #4273, establece que, cuando una parte presenta una versión alternativa de un hecho importante o cuestiona una declaración por falta de pruebas o contradicciones con el expediente, el juez debe abordar esa controversia y justificar el peso que concede a cada versión.
El precedente se aplica a los jueces de inmigración que resuelven procedimientos de fianza bajo la jurisdicción de la BIA, incluidos los que trabajan en centros migratorios de Florida.
Qué cambia con G-M-T-
En las audiencias de fianza migratoria, los abogados pueden presentar información mediante declaraciones conocidas como proffers, sin necesidad de aportar siempre testimonios bajo juramento o documentos que respalden cada afirmación.
La BIA confirmó que esta práctica sigue siendo válida. Un juez puede aceptar una declaración sin pruebas documentales adicionales cuando resulte suficientemente fiable y no haya sido cuestionada.
Sin embargo, una declaración controvertida y sin respaldo probatorio puede recibir un peso limitado.
Si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que forma parte ICE, cuestiona información relevante para determinar el riesgo de fuga, el juez debe examinar la fiabilidad de las versiones y explicar las razones de su valoración.
La BIA también aclaró que los jueces no están obligados a recibir testimonios bajo juramento para resolver estas controversias: pueden apoyarse en la documentación y demás información disponible.
Las explicaciones no tienen que exponerse detalladamente durante la audiencia. Cuando la decisión es apelada, deben quedar recogidas en el memorando de fianza para permitir que la BIA revise el razonamiento judicial.
¿Por qué la BIA anuló una fianza de 15,000 dólares?
El precedente surgió de la apelación presentada por el DHS contra la decisión de una jueza de inmigración que había autorizado la liberación de un detenido mediante una fianza de 15.000 dólares.
El Gobierno cuestionó varias afirmaciones utilizadas para concluir que el inmigrante no representaba un riesgo de fuga.
Entre ellas figuraban sus supuestos pagos de impuestos desde 2012, la existencia de un negocio, sus vínculos familiares en Estados Unidos y la situación migratoria
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