La dictadura cubana alcanzó en octubre su mayor cifra histórica de presos políticos: 1.353 personas privadas de libertad por razones ideológicas, según el informe mensual de Prisoners Defenders publicado este jueves.
El registro supera en dos casos el récord anterior de septiembre e incluye menores con discapacidad cognitiva procesados por sedición y cientos de enfermos graves sin atención médica.
Durante octubre se incorporaron 39 nuevos casos al listado, 26 de ellos —el 66,7%— vinculados directamente a carteles, consignas, grafitis u otras formas de expresión política. En los últimos 12 meses, la organización documentó 346 nuevas incorporaciones, una media de 29 al mes, cifra que casi quintuplica el total de detenidos durante la Primavera Negra de 2003, cuando el régimen encarceló a 75 opositores y periodistas en una sola redada.
«Cuba vuelve a batir su propio récord de represión en octubre. Son cifras que transgreden la sensibilidad de aquellos que monitoreamos la represión en Cuba, pero que deberían avergonzar a una comunidad internacional que, salvo excepciones, no está alzando, como la situación amerita, la voz por el pueblo de Cuba», declaró Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Desde las protestas del 11 de julio de 2021 hasta el cierre de octubre, Cuba acumula 2.256 presos políticos en cinco años y cuatro meses. El registro incluye 158 mujeres y 43 personas detenidas cuando eran menores de edad.
El foco más alarmante del informe es Morón (Ciego de Ávila), donde 18 personas enfrentan cargos de sedición por las protestas del 13 de marzo. Seis eran menores cuando ocurrieron los hechos y las peticiones fiscales oscilan entre cinco y 13 años.
En ninguno de los 18 casos ha intervenido un juez; el Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila rechazó incluso tramitar el hábeas corpus presentado a favor de Jonathan David Muir Burgos.
Dos de esos menores presentan discapacidad cognitiva documentada en los propios peritajes de la acusación. Jailer Israel Valero Luis tenía 17 años durante las protestas; el informe psiquiátrico describe patología orgánica cerebral y alteración del control de impulsos, y aun así la Fiscalía solicita siete años por sedición.
Pedro Luis Figuera Díaz tenía 16 años; su peritaje concluye que tenía «sustancialmente disminuida su capacidad para comprender el alcance de sus acciones», y el Ministerio Público pide cinco años.
«¿Qué clase de Estado responde a la protesta de adolescentes vulnerables con acusaciones de sedición y peticiones de años de privación de libertad?», cuestionó Larrondo. «Lo que está ocurriendo con los menores de edad en Cuba es sencillamente intolerable», añadió.
En Sancti Spíritus, la familia Echevarría ilustra otra dimensión de la represión. Óscar Echevarría Rubio y su esposa Cleidys García fueron detenidos el 10 de octubre tras gritar consignas desde la azotea de su vivienda y trasladados a la cárcel Nieves Morejón.
Al menos 12 días después, su hija Aitana Echevarría Rivero, de 18 años y madre de una niña de aproximadamente un año, quedó sometida a reclusión domiciliaria. Los tres integran un mismo procedimiento penal sin pronunciamiento judicial alguno.
La dimensión sanitaria es igualmente grave: 464 presos padecen enfermedades graves sin tratamiento adecuado y 236 sufren desnutrición forzada.
El pastor Ariel Limias Leyva, detenido el 2 de octubre tras protestar en las escalinatas del Capitolio habanero, sufrió un infarto en enero de 2026 y solo recibe atención cardíaca gracias al esfuerzo de su familia. Daniel Rodríguez Rodríguez, arrestado por fotografiar consignas críticas, padece enfisema pulmonar y tiene detectado un tumor en un pulmón; el encarcelamiento interrumpió su atención médica programada.
El informe coincide con una semana de presión internacional: los cancilleres del G7 exigieron desde París la liberación de los detenidos arbitrariamente y avances hacia un gobierno democrático multipartidista, mientras nueve expresidentes iberoamericanos se reunieron en Miami para debatir el fin de las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Con 210 condenados por sedición y una pena media de 10,1 años, Larrondo calificó la situación de «terrorismo de Estado» y advirtió que la comunidad internacional permanece, en su mayor parte, en silencio.
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