Desde la puerta de su humilde vivienda en Guanajay, un hombre mayor recibió este viernes al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, y le dijo en pocas palabras lo que décadas de represalia significan: «Somos muerte civil».
El hombre se identificó como firmante del Proyecto Varela y describió con voz pausada las consecuencias que aún carga por haber respaldado aquella iniciativa ciudadana: «Yo soy firmante del Proyecto Varela y nosotros, los firmantes del Proyecto Varela, estamos muertos en vida. Somos muerte civil, ¿usted me entiende? No tenemos oportunidad de nada. Yo no tengo jubilación ni tengo asistencia social».
Sus palabras ilustran con crudeza lo que le ocurre en Cuba a quienes se atreven a desafiar al régimen: exclusión laboral, negación de prestaciones sociales, vigilancia y hostigamiento sistemático.
El Proyecto Varela fue una iniciativa impulsada desde 1998 por Oswaldo Payá Sardiñas y el Movimiento Cristiano Liberación, amparada en el artículo 88(g) de la Constitución cubana, que permitía presentar iniciativas legislativas con al menos 10,000 firmas de electores.
La campaña reclamaba libertad de expresión, asociación y prensa; elecciones libres; autorización para empresas privadas; amnistía para presos políticos; y un referendo sobre esas reformas.
El 10 de mayo de 2002, sus promotores entregaron a la Asamblea Nacional 11,020 firmas, superando el umbral constitucional. En 2003, Payá presentó otras 14,384 adhesiones adicionales, elevando el total declarado a más de 25,000.
La respuesta del régimen fue doble: reformó la Constitución para declarar irrevocable el socialismo, cerrando la vía legal utilizada por el proyecto, y durante la llamada Primavera Negra de 2003 detuvo a 75 disidentes —entre ellos decenas de activistas vinculados al Proyecto Varela— con condenas de entre seis y 28 años.
Las represalias contra los simples firmantes, como el hombre que habló ante Hammer, fueron menos visibles pero igualmente devastadoras: despidos, exclusión de la asistencia social y hostigamiento que se prolonga hasta hoy.
Oswaldo Payá, galardonado con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2002 y candidato al Nobel de la Paz en varias ocasiones, murió el 22 de julio de 2012 junto al activista Harold Cepero cuando el automóvil en que viajaban chocó en la provincia de Granma.
El régimen sostuvo que fue un accidente, pero la familia de Payá, el conductor sobreviviente y organizaciones internacionales denunciaron que un vehículo de la Seguridad del Estado los embistió por detrás. En junio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró «indicios serios y suficientes» de participación de agentes estatales cubanos en ambas muertes. El caso permanece sin investigación independiente.
La visita de Hammer a Guanajay se enmarca en una gira por el occidente de Cuba durante la cual la Embajada estadounidense ha documentado la distribución de ayuda humanitaria a través de Cáritas Cuba, sin intermediación del régimen, en el marco de un programa de 100 millones de dólares anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio.
El mismo firmante del Proyecto Varela agradeció el apoyo recibido: «La Iglesia católica cubana, hay que enjuagarse la boca para hablar de ella, porque está haciendo un trabajo de filantropía extraordinario».
Otra beneficiaria en Guanajay, la anciana Elisa Alicia Rodríguez Esperón, resumió el sentir de muchos desde su precaria vivienda: «Vivo en este bajarequito, pero yo los quiero a ustedes, a Estados Unidos, al presidente Trump. Ojalá que ustedes sigan viniendo».
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