El presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, arremetió contra la ley Helms-Burton y aseguró que el 1 de enero de 1959 los únicos que abandonaron Cuba fueron los seguidores de Batista.
"El 1ro de enero de 1959 quien abandonó Cuba fue la crápula, lo peor de la sociedad cubana", afirmó durante una entrevista para RT con el periodista Oliver Zamora.
"En aquella fecha ningún inversionista norteamericano salió huyendo de Cuba, ningún empresario extranjero abandonó el país", añadió sin hacer referencia a que tras el triunfo de Fidel Castro también salieron del país muchas personas que simplemente no estaban de acuerdo.
Alarcón también indicó que la aplicación de la ley Helms-Burton implicaría la "aniquilación" de la Isla como país.
El que fuera miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba criticó que se reclamen propiedades que fueron expropiadas tras el triunfo de la revolución.
Hay que recordar que el número de reclamantes asciende a 5.913 exiliados que interpusieron demandas certificadas y registradas ante el Departamento de Justicia de EE.UU.
El pasado 4 de marzo se filtraron informaciones de que el Gobierno de Estados Unidos iba a levantar la suspensión del título III de la Ley Helms-Burton, lo que hubiera permitido demandar a algunas empresas extranjeras que operan en Cuba.
Ese mismo día el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que se mantendría suspendido durante un mes más el título III porque estaba en los "intereses nacionales" de Estados Unidos.
La suspensión impide a los cubanoamericanos reclamar ante las cortes de Estados Unidos propiedades que les fueron expropiadas tras la Revolución cubana.
La administración estadounidense ya explicó que la extensión de la suspensión tenía una excepción, al permitirse las demandas contra compañías que están sancionadas por Washington y que están incluidas en una "lista negra". Se trata de empresas que pertenecen a las Fuerzas Armadas o están "bajo el control" de la inteligencia cubana.
En cualquier caso el título III nunca se ha aplicado desde su promulgación debido a que generaría una compleja maraña de litigios internacionales con empresas de diversos países que operan en el territorio cubano.
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