La ganadería en Las Tunas atraviesa una de sus peores crisis: falta de alimento para los animales, impagos acumulados y robos constantes de las reses son parte del drama que enfrentan los productores del sector.
Así lo reconoció el propio vice primer ministro cubano, Jorge Luis Tapia Fonseca, durante un reciente encuentro con ganaderos de la provincia, reportó el oficialista Periódico 26.
Tapia sostuvo un intercambio con medio centenar de productores de los ocho municipios tuneros, donde se evidenció la profundidad del abandono institucional al que ha sido sometida la actividad ganadera.
Según sus propias palabras, “aunque hay muchísimas afectaciones materiales, en la ganadería se dejan de hacer tareas vitales”.
Entre los problemas más graves, mencionó la escasa comercialización de sementales para la reproducción, la insuficiencia en la siembra de alimentos animales, la falta de agua, y la desmotivación entre los jóvenes para incorporarse al campo y formarse en especialidades relacionadas con la actividad.
El dirigente reconoció, además, que se ha perdido la cultura ganadera, con pocas tasas de nacimientos y un número creciente de muertes por desnutrición.
A esto se suman los robos de reses, que ocurren tanto de día como de noche, y que han colocado a los productores en una situación de extrema vulnerabilidad.
Varios ganaderos aprovecharon el encuentro para denunciar el abandono por parte de las empresas agroindustriales, las juntas directivas de las cooperativas y otros organismos estatales.
Se quejaron, además, de que la Empresa de Productos Lácteos les debe varios meses de pago por la leche, el queso y el acarreo de estos alimentos.
Mientras tanto, el Centro de Control Pecuario los multa excesivamente si pierden animales por sacrificio o robo.
También refirieron que demoran mucho los trámites para ampliar las tierras a quienes ya poseen más de diez vacas, lo que limita las posibilidades de crecimiento y sostenibilidad de las fincas.
La ganadería en Cuba atraviesa una profunda crisis estructural, evidenciada por una alarmante suma de irregularidades y delitos que afectan tanto a la producción como a la seguridad de los productores.
Una auditoría nacional reveló en febrero de 2025 que se detectaron más de 180,000 ilegalidades en el control de la masa vacuna, incluyendo nacimientos no declarados, animales desaparecidos, ventas ilícitas y muertes no documentadas.
Esta situación refleja el caos administrativo del sector y la incapacidad del Estado para mantener el control efectivo sobre la producción ganadera en el país.
En paralelo, los efectos económicos del colapso ganadero también se han hecho sentir en la industria procesadora. Recientemente, se reportó que la empresa Río Zaza paralizó su producción debido a una deuda acumulada de 150 millones de pesos con los productores, una muestra contundente del impago institucionalizado que agrava la falta de incentivos para los ganaderos y pone en riesgo la cadena de abastecimiento de lácteos y cárnicos.
La inseguridad también se ha convertido en un factor de peso. Un reportaje reciente reflejó la desesperación de muchos campesinos, como un anciano de Las Tunas que decidió vender sus reses ante el temor constante de robo y sacrificio ilegal, una práctica que no solo afecta sus ingresos sino que también representa una pérdida directa para el ya menguado rebaño nacional. .
A esta alarmante situación se suma la proliferación de redes delictivas dedicadas al sacrificio ilegal de ganado, como la desarticulada por el MININT en Santa Clara en marzo pasado, donde se incautaron más de 300 libras de carne procesada clandestinamente.
El incremento de estas actividades no solo refleja la ineficacia de los controles estatales, sino también la presión de una crisis alimentaria generalizada que empuja a sectores de la población hacia prácticas ilegales para sobrevivir.
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