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Familiares, amigos y empleados de Martinelli se plantan fuera de la prisión para demostrarle lealtad

Está acusado de espionaje político y malversación de fondos públicos y la Fiscalía pide 21 años de cárcel.

Ricardo Martinelli © Flickr / Creative Commons
Ricardo Martinelli Foto © Flickr / Creative Commons

Este artículo es de hace 5 años

Panamá, 11 jun (EFE).- Una decena de familiares y amigos de Ricardo Martinelli, así como un puñado de trabajadores de su cadena de supermercados, se plantaron a las puertas de la cárcel El Renacer para arropar y demostrar su fidelidad al exmandatario panameño que fue extraditado hoy desde Estados Unidos.

"¡Ricardo, Ricardo, Ricardo!", corearon exaltados un grupo de empleados de la cadena Súper 99, propiedad del exmandatario, que llegaron a este penal en dos pequeños autobuses de la compañía.

Los trabajadores del Súper 99, vestidos de blanco y con banderas de Cambio Democrático (CD), la formación que Martinelli fundó hace dos décadas, se presentaron primero a las puertas del penal, pero minutos más tarde se trasladaron un poco más allá, donde un grupo de camarógrafos se encontraban apostados al lado de la verja.

Desde ese punto, se observaba perfectamente la especie de chalet donde está recluido el exmandatario, a quien la justicia panameña quiere interrogar por presunto espionaje político y malversación de fondos públicos y para quien la Fiscalía pide hasta 21 años de cárcel.

El exgobernante, que llegó al principal aeropuerto de la capital pasadas las 8:30 hora local y fue directamente trasladado a esta cárcel, se asomó en un par de ocasiones por la ventana de la habitación en la que se encuentra y gritó consignas como "Viva Panamá" y "Aquí en Panamá no hay justicia".

"Nos han dado el día libre y hemos venido aquí para que el señor Ricardo no se sienta solo", explicó a Efe Juan Miller, que es empleado en un de los supermercado de Martinelli en la capital, y que llevaba una gorra con la inscripción "Que venga El Loco", el apelativo cariñoso con el que se conoce popularmente al exgobernante.

"¡Presidente! ¡Qué emoción!", clamó medio extasiada Ditxel Hernández, otra de sus empleadas, cuando el exmandatario hizo una de sus apariciones estelares por la ventana enrejada del complejo penitenciario, vestido con el uniforme carcelario color marrón claro.

El Renacer, en plena selva panameña y a orillas del canal interoceánico, no es una cárcel al uso, ya que cuenta con más comodidades que otros penales y suele albergar a presos de alto perfil.

Aquí cumplieron condena el exdictador Manuel Antonio Noriega, fallecido en mayo del año pasado, y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna.

También se encuentran detenidos en este centro altos funcionarios del Gobierno de Martinelli procesados por distintos casos de corrupción, como el exdirector de la Policía Nacional y del Consejo Nacional de Seguridad Gustavo Pérez, presunto brazo ejecutor de los pinchazos.

Hasta este lugar se acercaron también los abogados de Martinelli, a quienes no les dejaron ver a su cliente, y sus familiares más allegados, entre ellos su esposa, Marta Linares, y su hija menor, Carolina, que sí lograron reunirse con él, según pudo constatar Efe.

Estaba previsto que Martinelli, detenido el 12 de junio del año pasado en Miami a razón de una petición de extradición, llegara a primera hora de la mañana a un aeropuerto secundario de la capital, pero el avión privado en el que volaba cambió de rumbo en el último momento y aterrizó en Tocumen, ante la sorpresa de decenas de periodistas y de los propios familiares del exgobernante que le esperaban en el aeródromo de Panamá Pacífico.

"Esto no es propio de un país democrático. Ni siquiera nos han dicho en qué aeropuerto aterrizaba y llevamos toda la mañana dando vueltas por la ciudad", dijo a Efe Irma Martinelli, una de las hermanas del exgobernante.

Martinelli abandonó Panamá en enero de 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió la primera de las varias causas que hay en su contra.

Tres años y medio después, regresa esposado a Panamá, donde gobernó entre 2009 y 2014, para responder ante la justicia por presuntamente haber ordenado la interceptación de las comunicaciones a más de un centenar de opositores, periodistas y empresarios.

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