Sancti Spiritus Foto © Radio Habana Cuba

Once casos de corrupción en empresas estatales de Sancti Spíritus

Este artículo es de hace 2 años

La dirección provincial de la Contraloría General de la República en Sancti Spíritus, detectó en 2017 un total de 11 casos de corrupción administrativa en 24 empresas del territorio, con una afectación total que ronda los cuatro millones de pesos.

La lista contempla a entidades subordinadas a la Asamblea del Poder Popular Provincial, el Ministerio de la Agricultura, la Industria Alimentaria, AZCUBA, Recursos hidráulicos, el Comercio Interior, las esferas del Transporte y las Comunicaciones, así como el Banco Popular de Ahorro (BPA).

Según información ofrecida por un funcionario de la propia contraloría, esa entidad evaluó negativamente al 21% de todas las entidades espirituanas auditadas durante el año precedente.

A partir de esos resultados fueron aplicadas 167 medidas disciplinarias a administradores, directivos y trabajadores, y una buena parte de ellos han sido procesados penalmente.

Malversación de fondos, adulteración de cifras y apropiación ilícita de recursos fueron algunos de los procederes detectados por las autoridades fiscalizadoras, destacándose entre los casos más notorios los acaecidos en los sectores agropecuario y alimentario, así como en algunas pequeñas empresas y unidades presupuestadas del consejo de la administración provincial.

Malversación de fondos, adulteración de cifras y apropiación ilícita de recursos fueron algunos de los procederes detectados por las autoridades fiscalizadoras

La fuente consultada aseguró que los perjuicios superan los cuatro millones de pesos aunque calificó, no obstante, como una “muestra mínima” la cifra de actos de corrupción detectados, pues según su criterio el fenómeno tiene dimensiones mucho mayores, siendo aún limitado el alcance fiscalizador de la contraloría.

“A veces el propio gobierno te pone frenos porque existen muchos intereses encontrados y cuestiones que no convienen destaparse”, precisó.

A veces el propio gobierno te pone frenos porque existen muchos intereses encontrados y cuestiones que no convienen destaparse

El pasado 12 de mayo, el semanario provincial Escambray a manera de comentario hizo referencia somera al informe anual de la contraloría espirituana en 2017. En el referido artículo se mencionaba el desvío de unos 718 mil 227 pesos en pagos indebidos por presuntas labores de desmonte y fumigación de áreas de cultivo en la UEB Quemaditos, perteneciente a la Empresa Pecuaria Managuaco.

Igualmente se señaló el matadero Víctor Ibarra, donde la afectación total supera el millón y medio de pesos, por concepto de adulteración en los precios del ganado que se le compraba a tenentes privados, y el desvío de recursos destinados a las reparaciones constructivas de la unidad, esto último por parte del propio director del matadero.

Pero desde 2014 se vienen generando escándalos de corrupción en la provincia de Sancti Spíritus siendo el sector agropecuario el de mayores incidencias.

De hecho, recordemos que en la causa número 174 del año 2016 fueron sentenciados con penas de hasta 18 años de privación de libertad varios funcionarios de la Empresa Provincial de Acopio (EPA) por el delito de malversación de fondos públicos, y el incendio premeditado de la sede de la EPA el 17 de junio de 2016, para eliminar todas las pruebas inculpatorias.

La Contraloría General de la República es el cuerpo encargado de controlar y velar por el cumplimiento de las diferentes actividades económicas, administrativas y presupuestarias del Estado Cubano.

Sin embargo, la fuente consultada explica que su alcance fiscalizador es coartado a menudo, pues no pocas veces ante una irregularidad evidente aparece una línea roja con la etiqueta protectora de “asunto estratégico o de seguridad nacional”.

Según explica, en no pocas ocasiones la propia contralora general de la República, Gladys Bejerano, ha hecho referencia en círculos cerrados a casos de abuso de posición, apropiación ilícita y desvío de recursos por parte de altos jefes y directivos, sin mencionar sus nombres, y sin que por lo tanto se acometan los debidos procesos judiciales contra los corruptos más altos.

“Y detectar solo 11 casos de corrupción en un año de trabajo es un resultado realmente cuestionable en una provincia como Sancti Spíritus”, concluyó la fuente.

Este artículo es de hace 2 años

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