El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña mediante un juicio político aprobado con 44 de los 45 votos de la Cámara Alta, por «mal desempeño de sus funciones», según informó CNN en Español.
La destitución pone fin a una crisis política y financiera que estalló días antes, cuando el Banco Central del Paraguay ordenó el cierre de Ueno Bank, una entidad digital con más de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, al detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.
El colapso del banco dejó congelados los fondos de millones de ciudadanos y de entidades estatales, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS), que administra las pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos.
La diputada acusadora Rocío Vallejo denunció ante el Senado que Peña «creó un agujero de 1,200 millones de dólares al pueblo paraguayo» y «tres millones de perjudicados en un solo día», y calificó su administración como «negligente», «criminal» y «con un resultado desastroso para las arcas públicas».
Peña había anunciado su renuncia la víspera a través de un video en redes sociales, argumentando que buscaba evitar mayor inestabilidad. «Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad», declaró.
Sin embargo, legisladores oficialistas bloquearon la sesión conjunta convocada para aceptar formalmente esa dimisión, lo que forzó el camino del juicio político. La maniobra respondió a un cálculo constitucional: el artículo 189 de la Constitución paraguaya establece que los expresidentes electos son senadores vitalicios, salvo que hayan sido hallados culpables en un juicio político, beneficio que Peña habría conservado de haber renunciado.
El Senado también rechazó, por 42 votos contra tres, la solicitud de prórroga de 72 horas que Peña pidió para preparar su defensa, según reportó EFE.
El mandatario no se presentó al recinto legislativo y delegó su representación en los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes argumentaron que el proceso era nulo dado que su cliente ya había renunciado.
Peña había sido vinculado a Ueno Bank a través del Grupo Vázquez, su principal accionista, del que el mandatario fue accionista hasta marzo de 2025, cuando vendió su participación. La Fiscalía detuvo a ocho directivos de la entidad, entre ellos su presidente Juan Manuel Gustale y el fundador Federico Miguel Vázquez Villasanti, investigados por presuntos delitos de lesión de confianza.
Estados Unidos, a través de su embajada en Asunción, pidió este viernes «mantener la paz y respetar las instituciones democráticas» y expresó «solidaridad con el pueblo paraguayo durante la situación que atraviesa en este momento».
La caída de Peña tiene también una dimensión regional: el mandatario había sido un aliado cercano de Washington, participó en la cumbre «Escudo de las Américas» convocada por Trump en Miami en marzo de 2026, y su gobierno votó en octubre contra la resolución de la ONU que exige el fin del embargo estadounidense a Cuba, alineándose con Washington por segundo año consecutivo.
Tras la destitución, el vicepresidente Pedro Alliana —cuyo propio juicio político fue rechazado el jueves por 48 votos contra 30— quedó como sucesor constitucional para completar el mandato hasta agosto de 2028.
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