La Constitución de Cuba, en proceso de actualización, reconocerá a partir de este año el papel del mercado y la propiedad privada dentro de la economía nacional, aunque insistirá en “consolidar el sistema socialista” instaurado desde hace casi seis décadas, informó el diario Granma.
“El sistema económico mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y la planificación como componente principal de dirección, a lo que se añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada”, señaló el órgano de prensa del Partido Comunista.
Según resaltó el medio, ello está en correspondencia con la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido, “resultado de la consulta con amplios sectores de la sociedad”.
El anteproyecto de la Constitución será debatido el sábado próximo en un pleno de la Asamblea Nacional que anunciará también la reestructuración del nuevo Gabinete de ministros que acompañará al presidente Miguel Díaz-Canel en los próximos cinco años de mandato.
Desde hace una semana, el Gobierno ha reestructurado la legislación en torno a la gestión no estatal con la adición de nuevas adecuaciones tributarias. El marcado interés en el sector privado se da luego de los estragos provocados en el turismo por varios huracanes, lo cual se suma a la notable crisis económica de Venezuela, el principal aliado de la Isla, y el recrudecimiento del embargo comercial estadounidense bajo la presidencia Trump.
Raúl Castro, de 87 años y al frente del PCC, anunció por primera vez la necesidad de modificar la Constitución en 2011, después de enfocarse en una serie de reformas económicas de mayor apertura a la inversión extranjera y a la pequeña empresa privada.
Según datos oficiales, en la actualidad se encuentran inscritos como cuentapropistas un total de 591.456 cubanos, subiendo a cerca del 13 por ciento de la fuerza laboral del país desde que fueron lanzadas las reformas en 2010.
El anteproyecto apunta a crear un nuevo puesto de primer ministro, separando los roles de jefe de Gobierno y jefe de Estado. Asimismo, prevé incluir derechos de libertad religiosa y, por primera vez, "la no discriminación por identidad de género".
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