«Siga Usted con el pie en el estribo. ¡Ordene!». Con esas palabras, Miguel Díaz-Canel se dirigió a Raúl Castro en mayo de 2026, durante una campaña oficial de respaldo al exgobernante, que estaba a punto de cumplir 95 años.
La frase podría parecer una simple muestra de admiración hacia su predecesor. Sin embargo, pronunciada por quien ocupa simultáneamente la presidencia de la República y la primera secretaría del Partido Comunista de Cuba (PCC), encierra una contradicción política: el máximo dirigente institucional del país invita públicamente a un hombre retirado de sus cargos a seguir dando órdenes.
No fue un episodio aislado. En septiembre, la propaganda oficial volvió a presentar a Raúl como un combatiente «con el pie en el estribo». Y este lunes, al felicitar a José Ramón Machado Ventura por su cumpleaños 96, Díaz-Canel aseguró que el veterano dirigente seguía «activo en la vanguardia».
La llamada «continuidad» parece empeñada en demostrar que sus fundadores siguen al mando, incluso después de haberles sucedido formalmente.
La insistencia plantea una cuestión que trasciende la retórica de los homenajes: ¿de dónde procede la autoridad política de Díaz-Canel y qué legitimidad puede reclamar su Gobierno cuando desaparezcan definitivamente los dirigentes que encabezaron la llamada «revolución cubana»?
Heredar el poder no significa heredar la autoridad
Fidel Castro construyó su liderazgo alrededor de la victoria revolucionaria, el carisma personal y la concentración progresiva del poder político. Raúl añadió a esa herencia su participación en la lucha guerrillera, su mando sobre las Fuerzas Armadas y décadas de influencia en la organización del Estado y el protagonismo de los militares en la economía.
Ambos reivindicaron una legitimidad de origen vinculada a la derrota de la dictadura de Fulgencio Batista y a la transformación política de 1959. Esa legitimidad fue utilizada posteriormente para justificar la permanencia del sistema de partido único, incluso cuando el país y sus circunstancias históricas habían cambiado radicalmente.
Díaz-Canel no comparte aquella experiencia fundacional. Su trayectoria corresponde a la de un funcionario formado y promovido dentro del aparato creado por los Castro.
Su ascenso a la presidencia en 2018 y a la primera secretaría del PCC en 2021 se produjo mediante los mecanismos institucionales del propio régimen. Recibió las máximas responsabilidades del Estado y del Partido, pero esa transmisión de cargos no suponía necesariamente la transferencia de la autoridad personal acumulada por sus predecesores.
La distinción es importante. El poder permite tomar decisiones e imponerlas; la autoridad supone que quienes reciben esas decisiones reconocen, por diferentes razones, el derecho de alguien a mandar. La legitimidad remite a la justificación de ese derecho.
Son realidades relacionadas, pero no equivalentes.
La «continuidad» ha resuelto institucionalmente la sucesión de los Castro. Lo que resulta más difícil determinar es hasta qué punto ha construido una legitimidad propia, independiente de la autoridad histórica de quienes la designaron.
De ahí la relevancia política de los homenajes y mensajes dirigidos a los últimos supervivientes de la generación fundadora. No se limitan a recordar su trayectoria: también contribuyen a presentar a la dirección actual como depositaria de una autoridad anterior.
Una Constitución que garantiza la permanencia del poder
El régimen cubano dispone de otro argumento habitual para reivindicar su legitimidad: la Constitución de 2019, aprobada en referéndum con el respaldo del 86,85 % de quienes votaron, según los resultados oficiales, equivalente al 78,30 % del censo electoral.
Esas cifras constituyen una parte importante de la narrativa gubernamental sobre el apoyo popular al sistema.
Sin embargo, la celebración de un referéndum no demuestra por sí sola que existieran condiciones de competencia y expresión política propias de una democracia.
La consulta constitucional de 2019 se desarrolló bajo el monopolio político del PCC, sin medios de comunicación nacionales independientes que pudieran competir en igualdad de condiciones con la campaña oficial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó denuncias de intimidaciones, detenciones y agresiones contra activistas que promovían el voto negativo.
El propio contenido de la Constitución revela los límites de aquella consulta. Su artículo 3 establece que la soberanía reside en el pueblo, pero el artículo 4 declara irrevocable el sistema socialista —llegando incluso a proclamar «el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada [...] contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución».
A continuación de semejante declaración y aberración jurídica, el artículo 5 de la Constitución del régimen consagra al Partido Comunista como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.
Asumiendo que los ciudadanos pudieron votar a favor o en contra de la Constitución —una hipótesis que la realidad represiva del régimen sitúa en el plano de la coacción social que ejerce de manera sistemática—, lo cierto es que no pudieron elegir entre sistemas políticos alternativos ni establecer mecanismos de competencia multipartidista por el poder.
No se trata de negar la cifra de millones de cubanos que votaron favorablemente al texto —un sinsentido como el de negar que Cuba es una dictadura—, sino de distinguir ese supuesto respaldo de una autorización democrática permanente para gobernar.
Una mayoría favorable en un referéndum celebrado en 2019 no equivale a un consentimiento irrevocable de la ciudadanía en 2026.
Y menos aún cuando el sistema institucional impide que una alternativa política pueda disputar legalmente el Gobierno.
El relevo de Fidel a Raúl Castro y de este a Díaz-Canel fue una sucesión dentro de la misma estructura de poder, no una alternancia democrática. La legalidad que la regula procede de instituciones configuradas para garantizar la supremacía del PCC.
Esta realidad introduce una cuestión fundamental: que un poder establezca constitucionalmente las reglas de su propia continuidad no resuelve, por sí mismo, el problema de su legitimidad ante los gobernados.
La Cuba de 2026 y el consentimiento de los gobernados
La fotografía política y social de Cuba ha cambiado considerablemente desde el referéndum de 2019.
El deterioro económico, los apagones, la escasez, la emigración masiva y las protestas ciudadanas han transformado las circunstancias en que el régimen reivindica su autoridad.
También ha cambiado el escenario informativo.
El desarrollo de medios independientes, internet y las redes sociales permite a numerosos cubanos contrastar el relato gubernamental con testimonios, investigaciones e informaciones que no proceden de las instituciones oficiales.
El Estado conserva una enorme capacidad de censura, vigilancia y control sobre las telecomunicaciones, y el acceso a internet continúa condicionado por restricciones económicas y políticas. Pero ya no dispone del monopolio prácticamente absoluto de la información que caracterizó las primeras décadas del castrismo.
Esa transformación resulta importante para comprender las dificultades de mantener una narrativa política basada fundamentalmente en el prestigio histórico de la llamada «revolución».
Las encuestas independientes realizadas durante 2026 aportan elementos adicionales al debate.
La Encuesta Cuba, difundida por una coalición de más de 36 medios, creadores de contenido y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos CiberCuba, recogió decenas de miles de respuestas dentro y fuera de la isla.
Entre los participantes, aproximadamente el 92 % expresó el máximo grado de insatisfacción con el sistema de Gobierno, mientras el 94 % consideró sumamente urgente un cambio político.
En una escala de cinco puntos, Díaz-Canel obtuvo una valoración media de 1,1 y Raúl Castro de 1,2.
Estas cifras deben interpretarse con rigor: la encuesta utilizó una muestra voluntaria, no probabilística, por lo que sus resultados no pueden presentarse como una estimación estadísticamente representativa de toda la población cubana.
Pero tampoco carecen de significado. Documentan un rechazo muy elevado entre miles de personas que participaron en una consulta independiente, incluyendo un número mayoritario de residentes en Cuba.
El dato sobre Raúl Castro resulta especialmente pertinente para el problema de la legitimidad heredada: entre esos encuestados, la escasa valoración del gobernante actual no aparece acompañada de una valoración favorable del dirigente histórico al que invoca constantemente.
Otra investigación, FOCO Cuba: Opinión, autocensura y acción cívica, realizada por Cubadata para Diario de Cuba entre mayo y junio de 2026, consultó a 2.214 residentes en la isla con acceso a internet.
El 60,4 % de sus participantes consideró urgente un cambio político y el 61,9 % manifestó temor a sufrir represalias contra sí mismo o su familia. Además, el 67,8 % estimó que las respuestas de los ciudadanos serían distintas si pudieran expresarse sin miedo.
Aunque este estudio también presenta limitaciones de representatividad, sus resultados ayudan a comprender una dificultad esencial para evaluar el consentimiento en sistemas autoritarios: la obediencia pública, el silencio y la ausencia de protestas no constituyen pruebas suficientes de apoyo político.
Tampoco permiten deducir automáticamente que todos los ciudadanos que callan rechazan al gobierno. Lo que muestran es que el miedo condiciona la expresión de opiniones y que, por tanto, la apariencia de unanimidad merece ser examinada críticamente.
En un país donde la oposición organizada carece de posibilidades legales de competir por el poder y numerosos ciudadanos temen expresar públicamente sus desacuerdos, medir la legitimidad política exige algo más que contar asistentes a manifestaciones oficiales o reproducir declaraciones de apoyo al PCC.
La presión exterior y los límites del discurso revolucionario
El escenario internacional añade otra dimensión al problema.
En octubre de 2026, el régimen cubano afronta una campaña de presión de la administración estadounidense de Donald Trump, que combina sanciones, restricciones económicas y exigencias políticas al gobierno de La Habana.
Las autoridades cubanas han reconocido que mantienen canales de comunicación con Washington, aunque sin negociaciones formales, según declaraciones ofrecidas a Reuters a comienzos de mes.
La presión estadounidense proporciona al régimen argumentos para reforzar su discurso histórico de resistencia nacional, soberanía y confrontación con un enemigo exterior. Las restricciones económicas también tienen consecuencias materiales que no deben ignorarse al evaluar la crisis cubana.
Sin embargo, la existencia de presiones extranjeras no resuelve las cuestiones internas de legitimidad política.
Defender la soberanía nacional no exige necesariamente preservar de manera indefinida a los mismos dirigentes, instituciones o estructuras partidistas. Tampoco convierte las demandas ciudadanas de libertad política en expresiones de subordinación a intereses extranjeros.
La soberanía que el régimen reivindica frente a Washington es precisamente la que la Constitución cubana atribuye al pueblo.
La tensión aparece cuando esa soberanía no puede ejercerse mediante una competencia política abierta que permita sustituir a quienes gobiernan.
Por eso, las relaciones con Estados Unidos y las posibilidades de negociación o confrontación no sustituyen la pregunta central: ¿qué mecanismos permiten hoy a los ciudadanos cubanos expresar libremente su consentimiento o retirar su apoyo al sistema político?
Cuando se extinga la última autoridad histórica
La muerte de Ramiro Valdés, en junio de 2026, a los 94 años, volvió a recordar que la generación fundadora del régimen se aproxima inexorablemente a su desaparición.
Raúl Castro tiene 95 años; Machado Ventura acaba de cumplir 96; Guillermo García Frías tiene 98. Su presencia pública se ha vuelto cada vez más ceremonial, aunque las instituciones oficiales continúan reivindicándolos como referentes políticos.
La «continuidad» ha demostrado su capacidad de conservar las estructuras fundamentales del sistema después del retiro de Fidel y Raúl Castro. El PCC mantiene su monopolio político, mientras las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad y las instituciones estatales siguen formando parte del entramado de poder.
La desaparición física de los históricos no implica necesariamente la desaparición de esas estructuras. Una organización política puede sobrevivir durante mucho tiempo a sus fundadores mediante instituciones, mecanismos de sucesión, redes de intereses y capacidad de coerción.
Pero la supervivencia institucional no debe confundirse con legitimidad democrática.
Díaz-Canel puede continuar ejerciendo las facultades que le otorga el sistema político cubano sin recibir nuevas órdenes de Raúl Castro. Lo que no puede heredar automáticamente es el supuesto reconocimiento ciudadano que sus antecesores reivindicaron durante décadas.
La insistencia oficial en presentar a los veteranos como protagonistas todavía activos permite interpretar que su autoridad histórica sigue desempeñando una función de legitimación para la dirección actual.
Y ahí reside una de las contradicciones más significativas de la sucesión castrista: la «continuidad» se presenta como demostración de que el régimen puede sobrevivir a sus fundadores, mientras continúa recurriendo a ellos para justificar la autoridad de quienes los sucedieron.
El tiempo terminará resolviendo una parte del problema. Raúl Castro, Machado Ventura y los últimos supervivientes de aquella generación desaparecerán de la escena política.
La cuestión que permanecerá abierta será distinta y mucho más importante: qué legitimidad podrá reclamar entonces un sistema que ha convertido la fidelidad a sus fundadores en una de sus principales credenciales para gobernar, y que continúa sin ofrecer a la ciudadanía mecanismos democráticos para decidir si desea mantenerlo.
Porque una generación puede transmitir cargos, instituciones, lealtades e incluso una determinada concepción del poder. Lo que no puede transmitir por herencia es el consentimiento de quienes están llamados a obedecerlo.
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