La situación que viven los intelectuales en Cuba llevó a Francisco Palmieri, subsecretario adjunto interino de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, a enviar un mensaje al gobierno cubano.
"Instamos al gobierno de Cuba a dejar de ejercer control sobre la expresión pública independiente de su pueblo y a respetar los Derechos Humanos. Periodistas, académicos y artistas deberían ser libres de expresar sus opiniones y dar rienda suelta a sus talentos creativos", aseguró en su cuenta de Twitter.
El funcionario encargado de las relaciones de Washington con Latinoamérica compartió en su mensaje un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este artículo que fue publicado el pasado 17 de julio muestra su preocupación por las condenas penales que se producían en Cuba "por desacato".
"Criminalización de académicos, periodistas, artistas y activistas"
En concreto alertaba de un recrudecimiento en la "criminalización de académicos, periodistas, artistas y activistas, mediante la aplicación de delitos que sancionan la crítica a funcionarios públicos en Cuba".
El caso de Ariel Ruiz Urquiola y Eduardo Cardet Concepción, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) aparecen en el informe para ilustrar la situación que se vive en territorio cubano.
El biólogo fue acusado de un delito de "desacato a la autoridad" porque el 3 de mayo discutió con dos miembros del cuerpo de guardabosques estatal que le solicitaron los permisos legales para operar en la finca que posee en usufructo desde el año 2015 en el Valle de Viñales, un paraje natural de Pinar del Río donde desarrolla un proyecto ambientalista.
Ruiz Urquiola consideró que la condena era "injusta" y "arbitraria" y, en respuesta, estuvo en huelga de hambre y sed durante 16 días. El 3 de julio pudo regresar a su casa en La Habana después de ser liberado por motivos de su salud mediante una "licencia extrapenal", una figura jurídica que no anula las condenas impuestas.
Para la Relatoría las leyes de desacato pueden convertirse "en un mecanismo para silenciar el debate democrático en torno a la gestión del gobierno".
Asimismo recordaron al gobierno de la Isla el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
Una libertad de expresión que queda en duda y más todavía tras oír al periodista villaclareño Alexander Jiménez, quien pidió que se sancione a periodistas que colaboran con medios "hostiles".
Durante el X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) pidió incluir una potestad sancionadora en el proyecto del Código de Ética. "Quienes dirigimos órganos de prensa nos vemos a veces maniatados o sin un basamento legal para juzgar a estos asalariados de quienes pagan la subversión contra Cuba y su sistema social, o creen –porque a veces se lo creen- que van a tumbar la revolución con una gacetilla de cinco párrafos", afirmó.
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